Al presentar a su gabinete de ministros, Alberto Fernández ya anunció escuetamente cuáles serán sus primeros pasos ni bien asuma. Habló básicamente de darles un aumento a jubilados, beneficiarios de planes sociales y empleados públicos, lo que seguramente se implementará a través de un bono de “emergencia”. También se refirió a los “trabajadores de menores ingresos”, por lo que se supone que habría alguna medida en relación a este grupo, cuyo peso recaerá en las empresas. Además, aseguró que no habrá “congelamiento” de precios, pero al mismo tiempo aclaró que “revisará” si hubo aumentos excesivos en la previa a la asunción del nuevo gobierno.
Estas medidas serán acompañadas por una importante expansión de la cantidad de dinero. El Banco Central ya emitió $170.000 millones en las últimas dos semanas y se calcula que hasta fin de año serían otros $130.000 millones. El aumento de la base monetaria llegaría así a casi un 20% en pocas semanas, algo que es seguido con atención por los economistas. El peligro es que estos pesos no tengan demanda suficiente y terminen generando más presión sobre el dólar y otra espiral inflacionaria. La clave será febrero: allí se verá si el Central ya con la conducción de Miguel Pesce prende la “aspiradora” para llevarse este dinero sobrante. Pero también podría imponerse una visión más “heterodoxa”, según la cual la emisión de dinero hasta ciertos límites no es culpable del aumento de precios.
La mejora del poder adquisitivo en el corto plazo, junto al pacto social para reducir la inflación y la expansión de la base monetaria que llevaría a menores tasas de interés, serán el “combo” de las medidas de urgencia que adoptará el nuevo Presidente. Se trata de arrancar la gestión con el “pie derecho” y llevando alivio a las familias. El objetivo es conseguir una rápida reactivación de la economía a partir de las fiestas y que se prolongue durante el verano. En general, los analistas económicos coinciden en que es posible conseguir este efecto de cortísimo plazo, aprovechando además la expectativa que genera cualquier gobierno en el arranque. Algo así como una “luna de miel”, pero en medio de un clima tormentoso.
Pero más allá de las medidas de urgencia, lo que definirá la posibilidad de salir de la recesión y recuperar el crecimiento de la economía será la renegociación de la deuda. El propio ministro de Economía designado, Martín Guzmán, había reconocido en entrevistas previas que se trata de una tarea prioritaria.
Su propuesta, presentada el 20 de noviembre pasado en una reunión de la ONU en Ginebra, fue adelantada por Infobae y reiterada posteriormente hasta el hartazgo. Ya es posible hasta repetirla de memoria: extensión de plazos de pago de capital, dos años de gracia para los intereses y cierre de todo el proceso en marzo de 2020. Al mismo tiempo, se debe presentar un programa que establezca un horizonte para ir hacia el superávit fiscal primario.
La propuesta de Guzmán ya se sabe de memoria: extensión de plazos para el capital, dos años de gracia para los intereses y cierre del proceso para marzo de 2020. Y presentar un programa que establezca un horizonte para llegar al superávit fiscal primario
La clave de todo lo mencionado anteriormente es el plazo: en menos de cuatro meses habrá que encarar una tarea titánica: renegociar la deuda con los bonistas privados, pero al mismo tiempo llegar a un nuevo acuerdo con el FMI. Para colmo a partir del 20 de diciembre no queda virtualmente nadie en Washington ni en Nueva York por las fiestas (pensando en burócratas del FMI y ejecutivos de grandes fondos de inversión), por lo que se trata casi de un mes perdido. La actividad se retoma a pleno recién a partir del 10 de enero.
¿Conseguirá el nuevo gobierno una rápida y exitosa renegociación de la deuda? Las opiniones están muy divididas en el mercado. Un informe elaborado por Alberto Bernal, analista de XP Securities y experto en el mercado argentino, consideró el viernes que la propuesta de Guzmán es la adecuada y tiene buenas posibilidades de cerrarse adecuadamente.
Según el experto, los bonos argentinos tienen un potencial de aumento de 100% respecto a los niveles actuales, ya que las quitas que llevará adelante el futuro gobierno son suaves. En este escenario, la Argentina volvería a tener acceso a los mercados financieros a tasas inferiores al 10% anual en dólares, ya que el castigo a los inversores habrá sido muchísimo menor al de la quita récord del 2005.
Pero no todos lo ven con este optimismo. Un extenso de informe de la consultora Economía y Regiones, que dirige Diego Giacomini, plantea un escenario lapidario: “La Argentina se dirige a un default pleno tanto en la esfera doméstica como en el escenario internacional. Creemos que la reestructuración de la deuda caerá en saco roto en el corto plazo”.
La decisión de presentar el proyecto de Presupuesto 2020 recién en marzo o abril del año que viene es un serio obstáculo para negociar rápido la deuda. Deja preguntas claves sin responder por demasiado tiempo, sobre todo en relación al déficit fiscal del año próximo
Un nuevo default abortaría en muy poco tiempo la recuperación de la actividad económica, a partir de las medidas de estímulo que propondrá la administración de Alberto Fernández prácticamente desde el primer día de su asunción.
El riesgo país arriba de los 2.300 puntos básicos demuestra que los inversores siguen sumamente cautelosos y por ahora no “compran” la posibilidad de que efectivamente se avance hacia una reestructuración “amigable”.
Uno de los comentarios que realizó el futuro presidente también aumenta los interrogantes. Según explicó, el proyecto de Presupuesto 2020 recién sería presentado en marzo o abril. Pero tardar cuatro meses es una eternidad. ¿Qué pasará con los subsidios? ¿Habrá recorte de gastos y en qué areas? Y lo más importante, ¿qué pasará con el resutlado fiscal, a cuánto ascenderá el déficit fiscal si es que lo hay?
Todas estas preguntas son imprescindibles para entender cuál es realmente el plan económico sino para darle mayor solidez a la propuesta de reestructuración de la deuda. Es casi imposible la reestructuración sin tener antes un nuevo acuerdo con el FMI y un Presupuesto 2020 aprobado por el Congreso.
Por Pablo Wende/INFOBAE