Quienes gestionan la salud no recuerdan 20 horas de tanto estrés desde los albores del sector privado, en los años ’60. Ayer por la tarde llamaron a seis de sus principales representantes desde el Ministerio de Salud. Los invitaban a una reunión con el titular de la cartera, Ginés González García. Ocurrirá hoy a las 12 en la sede del Ministerio y se vivirán momentos de extrema tensión.
Ayer por la noche, González García informó que el presidente Alberto Fernández tenía a la firma un decreto en el que declaraba a la salud de interés público, una figura de la nomenclatura estatal que le da al Gobierno amplios manejos para intervenir en el sector.
La disputa en la superficie es por las camas. Es la unidad de medida más conocida de la salud: al momento de necesitar una internación, todo se resume al hecho de tenerlas disponibles. Si prospera un decreto que centralice en el Estado la asignación de este recurso, puede pasar que quienes tienen una obra social, pagan una prepaga o están directamente afiliados a un sanatorio no puedan contar con el servicio por el que pagaron. Más aún en un contexto de alta demanda provocado por la pandemia del coronavirus. Eso incluye a gente de alto poder adquisitivo, pero también otros de recursos menos opulentos. Por ejemplo, empleados de sanatorios, afiliados al gremio de camioneros, de PAMI o de Osecac.
Por el contrario, una persona que por sus escasos recursos económicos o la decisión de no aportar al sistema privado no cuenta con ese acceso a la salud tendrá más chances de atenderse en clínicas y sanatorios. Esa es la primera decodificación que hicieron los empresarios de la salud, según reconstruyó LA NACION.
Un dirigente histórico del sector que pidió reserva de su nombre lo expuso en estos términos: si el Estado tiene el control de las camas, puede «llenarte» el sanatorio de pacientes infectados que deberían ir a la salud pública y «mi» afiliado quizás no tenga lugar y deba ir al Hospital Posadas. Sería, cuanto menos, un destino inesperado para quien desde hace años viene pagando una cuota de medicina prepaga o destina parte de su ingreso para tener un contrato con una clínica o afrontar una obra social.
Ninguno de los referentes de la salud quiere hasta ahora hablar con nombre y apellido. Uno de los pocos que lo hace es Jorge Cherro, presidente de Adecra, que reúne a la mayoría de las clínicas y sanatorios del país. «Hay malestar en el sector de la salud, pero estamos a la espera de definiciones», dijo.
Ayer por la tarde circularon varios borradores que estipulaban la intervención del Estado en el sector privado de la medicina. Tenían diferencias entre sí, pero todos coincidían en la administración centralizada de las camas.
Ayer hubo contactos informales entre González García y empresarios de la salud. Los últimos le transmitieron que estaban preocupados y en estado de alerta. El primero no tranquilizó a sus interlocutores.
Las discusiones tomarán un curso más definido en la reunión de hoy. Allí irán José Sánchez, de la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas (representa a las ambulancias y los servicios de traslado), Miguel Troisi, presidente de Faosdir (representa a obras sociales de dirección de empresa, como OSDE) y representantes de Acami (entidades sin fines de lucro), de Adem (Asociación de Empresas de Medicina Prepaga), de obras sociales nacionales (por ejemplo, UPCN tiene el Sanatorio Anchorena) y el propio Cherro.
La salud privada atiende al 70% de la población, según los números que difunden desde hace tiempo, mientras que la otra porción está en manos del sector público a nivel nacional, provincial y municipal.
Los indicios
El sector de la salud comenzó a vivir un clima enrarecido a mediados de la semana pasada. El miércoles, González García le envió una nota a Tecme, la mayor fabricante local de respiradores, en la que le avisaba que no podía vender su producción sin la intervención de esa cartera.
Varios sanatorios que tenían señada o pagada la compra de esos equipamientos descuenta, ahora, que no los recibirán. El Gobierno, en tanto, sostiene que debe centralizar la compra de esos productos para distribuirlos de manera equitativa en un contexto de crisis sanitaria.
