La vicepresidenta Cristina Kirchner se habría asegurado el manejo discrecional de una multimillonaria caja de fondos del Senado luego de que declarara la emergencia edilicia de los anexos de la cámara, medida que tomó apenas unos días antes que el Poder Ejecutivo estableciera el aislamiento social preventivo y obligatorio que paralizó la actividad legislativa.
Así lo reveló una investigación realizada por el programa La Cornisa, que conduce Luis Majul y se emitió anoche por la señal de LN+.
Los datos fueron aportados por Silvina Martínez, la abogada experta en asuntos de corrupción y cofundadora de la ONG Bajo la lupa.
En juego hay 944 millones de pesos que el Senado acumuló como ahorro en plazos fijos desde 2016. El fondo fue creado por Gabriela Michetti y su destino era la puesta en valor del sector del palacio legislativo correspondiente al Senado y sus edificios anexos.
Según el informe, al declarar la emergencia edilicia, quien administra los recursos del Senado está facultada a realizar contrataciones de manera directa, sin licitaciones públicas y estableciendo requisitos que se apartan del reglamento.
Cristina Kirchner delegó esa facultad en su secretaria Administrativa, la militante de La Cámpora y ex diputada nacional por La Pampa María Luz Alonso.
En el marco de esas atribuciones, Alonso dispuso, el 26 de febrero pasado, el alquiler de varios inmuebles. La argumentación para decidir el gasto fue el supuesto «deterioro en las oficinas del Observatorio de Derechos Humanos, a cargo de Juan Martin Fresneda».
De acuerdo a la denuncia, esa medida se tomó por fuera de la normativa legal de contrataciones públicas. Se suscribió un contrato por dos años con la empresa Capitolio SA por el alquiler de la planta baja «C» y el 4 piso «B» de un edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 1920, a media cuadra del Palacio del Congreso. Se usaron, para eso, 1.609.920 pesos.
Además, el Senado viene negándose a informar sobre el destino los 944 millones de pesos que habría dejado la gestión de Michetti para reformas edilicias.
Martínez, que presentó un pedido de informes ante el Senado, destacó ottra irregularodad en la operación. «La empresa Capitolio, fue representada por su presidenta, Sandra Bacher, quien recibió, además, casi 77 mil pesos en concepto de servicios inmobiliarios».
«Es decir, ocupaba el rol de intermediación inmobiliaria y de locadora del bien», denunció la abogada Martínez a La Cornisa.
Fuente: La nación
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