SALTA.- Tras una serie de allanamientos simultáneos, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron a tres personas que habían diseñado un plan para amedrentar y estafar a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) programado en el marco de la pandemia del coronavirus para asistir a familias vulnerables. Las víctimas de este grupo criminal habitan en comunidades rurales de pueblos originarios situadas alrededor de la localidad salteña de Embarcación .
Fuentes judiciales con acceso al expediente de la investigación -que también incluyó escuchas telefónicas- confirmaron a LA NACION que los detenidos «son dirigentes políticos de una zona muy pobre de la provincia» que «reconocieron» haber cometido el delito.
Esta banda operaba con dos modalidades: actuaban como intermediarios para cobrar el subsidio, y para eso pedían una importante parte del dinero de ayuda otorgado por el Estado, y también obtenían datos de miembros de las comunidades originarias y directamente les robaban el importe completo de la IFE que les correspondía.
Tal como informaron a LA NACION los investigadores del MPF, el descubrimiento de la estafa genera preocupación porque podría replicarse en decenas de lugares geográficamente aislados y económicamente abandonados.
«Las comunidades aborígenes están a merced de los punteros políticos, que les sacan la plata y se enriquecen. El grado de vulnerabilidad es tal que las víctimas terminan agradeciendo a sus propios estafadores», dijo a LA NACION el titular de la Unidad Fiscal Salta, Eduardo Villalba, que coordinó las medidas judiciales junto a la fiscalía federal Nº12 de la Capital Federal.
Para justificar el desvío del dinero, los delincuentes utilizaban los registros legales del club Central Norte, del que eran directivos. Según informaron fuentes oficiales, las sumas de las estafas iban de los 1000 a 2000 pesos, que figuraban «como pago de aportes o cuotas de los beneficiarios al club, para lo cual primero los afiliaban como socios de esa entidad».
Sobre el operativo de detención de los delincuentes, el director nacional de la PSA, José Glinski, dijo a LA NACION : «Esta investigación comenzó por una denuncia de la Anses en Buenos Aires. Y el procedimiento demuestra que no hay lugar para los vivos en la Argentina».
Agregó: «La ministra [de Seguridad] Sabina Frederic nos dio expresas instrucciones para que seamos inflexibles con quienes se aprovechan de quienes más necesitan. El Estado está haciendo un esfuerzo inédito en favor de los que menos tienen y es nuestro deber protegerlos. Más aún en este contexto de emergencia».
Por otro lado, los investigadores del MPF describieron que las estafas se realizaron «en lugares muy pobres, casi sin servicios básicos, donde es muy fácil aprovecharse de los habitantes». De hecho, se detectaron casos en los que este grupo de estafadores, además de retenerles el dinero, obligó a las víctimas a realizar trabajos no remunerados bajo la amenaza de quitarles el IFE. Durante los allanamientos, los agentes incautaron fotocopias de DNI.
Un informe oficial del Ministerio Público Fiscal publicado en el sitio fiscales.gob.ar indicó: «Se logró el secuestro de documentación que ahora es motivo de investigación, por lo que no se descarta que de esta tarea surjan elementos que permitan ampliar la persecución penal a otros delitos que se podrían haber cometido, ya sea con respecto al trámite relacionado con el IFE o con otros planes o beneficios sociales otorgados por el Estado nacional».
Se agregó: «Los detenidos están sindicados como las personas que contactaron a los beneficiarios, a favor de quienes realizaron los trámites de cobro del IFE por el sistema de registro de Anses; mediante esta gestión se quedaban con parte del dinero».
Insólita explicación
Según información a la que accedió LA NACION , durante los interrogatorios los imputados admitieron haber realizado las estafas. Pero los investigadores se sorprendieron ante los argumentos esgrimidos por la banda de delincuentes: dijeron que habían realizado todas esas maniobras «para ayudar» a los beneficiarios del subsidio de emergencia.
Desde la PSA informaron que los detenidos son Jorge Moya, presidente del Club Central Norte de Embarcación, su pareja y un tercer miembro de la banda. Sobre los detenidos, fuentes judiciales dijeron a LA NACION que los acusados tenían un muy buen nivel de vida en comparación con el del el resto de los habitantes de esas tierras alejadas y pobres.
Desde la Unidad Fiscal Salta, sostuvieron en el comunicado oficial que mediante una rápida investigación activada tras la denuncia de la Anses lograron detectar las maniobras «de personas inescrupulosas que les cobraban determinados montos a beneficiarios del bono IFE, en su mayoría pertenecientes a comunidades aborígenes de Embarcación y otros vecinos que desconocían cómo realizar los trámites».
fuente LA NACIÓN