La Oficina Anticorrupción (OA), cuyo titular es el abogado y ex fiscal Félix Crous, resolvió el lunes 11 de mayo que ese organismo dejará de ser querellante en dos de los más relevantes juicios orales por expedientes de corrupción K: son las causas conocidas como «Hotesur» y «Los sauces».
Se trata de dos de los expedientes que están a la espera de fecha de inicio de sus audiencias orales, en las que en los principales procesados por delitos contra la administración pública y lavado de dinero son la vicepresidente Cristina Fernández y sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
En la causa Hotesur se investiga si la familia Kirchner usó dinero estatal para beneficiar a su socio y mejor cliente en sus negocios hoteleros, Lázaro Báez, quien gracias a ellos ganó millones de dólares en contratos de obra pública. Y mientras se transformaba, a la vez, en un inquilino generoso de la súbita cadena de hoteles K en la provincia de Santa Cruz. Báez les pagó a sus benefactores, durante años, precios exorbitantes para usufructuar esos comercios turísticos. Él perdía plata abonando esos contratos, pero los Kirchner ganaban dinero, lo que les permitió aumentar su fortuna familiar declarada de modo oficial.
Además, «Hotesur», la sociedad que controla el hotel «Alto Calafate», se garantizó una ocupación fija gracias a que fue contratada por una empresa estatizada por sus dueños, Aerolíneas Argentinas, para que las tripulaciones de los vuelos de la línea de bandera durmieran allí cada vez que volaban a El Calafate.
En tanto, el juicio oral de «Los Sauces» se prepara, con dilaciones, para dilucidar si la familia Kirchner usó una inmobiliaria que le dio nombre a la causa judicial y que les permitió alquilarles sus múltiples propiedades a solo dos clientes: Báez, contratista del Estado K en varios rubros, y otro gran ganador en la década ganada de varios mercados y concesiones reguladas por el Estado, el líder del holding «Indalo», Cristóbal López.
Mecanismo parecido a los de la trama «Hotesur», la hipótesis judicial es que gracias a sus inquilinos, uno de ellos su socio y otros su amigo, los Kirchner lograron «blanquear» dinero de origen ilícito facturándolo como rentas muy bien pagas y de varios inmuebles. La inmobiliaria Los Sauces no tenía empleados.
Magia calafateña: desde el sur del país no se sabe bien quién logró que Báez y Cristóbal arrendaran propiedades de los K en la Capital Federal.
Clarín accedió a los argumentos que presentó la OA en la Justicia para abandonar la querella en los dos juicios. El organismo pidió desistir de las querella en «Hotesur» y «Los Sauces» mediante dos notas de los abogados que trabajaban estos casos para el ente público.
Son textos breves y formales. Fueron elevados a los jueces que integran el Tribunal Oral en los Criminal Federal N 5. Serán los mismos magistrados los que juzgarán los dos casos.
Los escritos de los abogados de la OA en «Hotesur» y «Los Sauces» basan la nueva postura OA mediante una resolución unificada para ambos procesos. Fue firmada por el titular de este organismo, el doctor Crous, el lunes 11 de mayo.
Los argumentos de la decisión
Según esa documentación, la OA gestión actual considera que no debe continuar el trabajo de la OA gestión anterior en estas dos tramas de corrupción por tres motivos.
El primero es que «las causas de referencia ya se encuentran elevados a juicio, transitando la etapa de instrucción suplementaria ordenada por el Tribunal Oral y a la espera del inicio del correspondiente debate oral y público, con excepción de la causa N° 11.904/2014, que actualmente se halla en plena etapa de instrucción por ante el Juzgado Federal a cargo de la pesquisa, con un requerimiento de citación a indagatorias formulado por el Fiscal interviniente».
El segundo argumento asegura que gracias a la querella de la OA gestión anterior en estos juicios, el impulso de la acción penal se encuentra garantizado «por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero, que actúa en carácter de querellante estatal, como así también por el propio Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal pública en representación del interés general de la sociedad».
El tercer argumento es el más novedoso. Crous afirma que a la OA le faltan empleados jerárquicos para trabajar en estos dos procesos y que debe utilizar los recursos humanos escasos de su organismo para querellar en expedientes que describe como «más complejos», por lo que demandan una «particular experticia en delitos de corrupción pública». El titular de la OA agrega después que esos casos, además, tienen «mayor actualidad».
¿A qué casos se refiere y por qué considera que deben concentrar los «limitados» recursos humanos en esas otras causas? ¿Cómo es posible que un caso judicial tenga «mayor actualidad» que un juicio oral y público que aun no tiene fecha de realización? Sin fecha de inicio de ambos procesos, algo generado, entre otras variables, por argucias legales ajustadas a derecho, planteadas por los defensores de los Kirchner.
Un juicio sin fecha, suspendido por las razones que fuera, pero siempre en beneficio procesal para sus acusados nunca podrá tener «mayor actualidad» que una investigación en curso.
La salida de la OA como querellante en estos dos juicios orales es un indicio concreto sobre la postura que el oficialismo tendrá frente al desafío de independencia que debe enfrentar ante el desarrollo de causas judiciales en la que se investiga corrupción de una de sus las altas autoridades, la vicepresidenta de la Nación.
En la práctica, con esta decisión, la OA genera un vacío que ayuda a la defensa de la principal acusada por corrupción que es, a la vez, la segunda en la línea de sucesión presidencial.
Críticas, asombro y nuevas acusaciones judiciales
El giro espectacular de la OA en estos dos juicios, emblemáticos de la posible corrupción K, generaron asombro y provocarán nuevas acusaciones judiciales contra el oficialismo peronista de parte de la denunciante de los dos casos, la ex diputada Margarita Stolbizer. Y también de quien fue su principal asistente en el impulso de las pesquisas, la abogada Silvina Martínez.
En diálogo con Clarín, Stolbizer calificó el accionar de la nueva OA como una consecuencia de lo que denunció son «los pactos de Fernández (Cristina) con Fernández (Alberto, el Presidente). El Poder Ejecutivo, con su deserción en estos juicios, se convierte en cómplice de intentos de generar impunidad desde el poder», afirmó Stolbizer.
Además, adelantó que esta decisión de la OA provoca un nuevo escenario: «Ahora, más que nunca, la pelota queda del lado del Poder Judicial. Ellos son quienes deberán sostener que en Argentina la Justicia existe y el Estado de Derecho está vigente».
Para la ex legisladora, la resolución de Crous es «burda, amañada y berreta. La OA se lava las manos, se retira y deja piedra libres a los corruptos».
La abogada Martínez, en tanto, coincidió en el mismo sentido cuando se la consultó por la retirada de la OA de las querellas de «Hotesur» y ·»Los Sauces», pero le agregó una información que, según ella, no es sospecha sino producto de un plan adrede: «Desde el juzgado se sacan a los interventores de las empresas de los Kirchner bajo sospecha. Nos apartaron a las denunciantes como amicus curiae del tribunal. Y las causas están dormidas. Todo esto cierra con la renuncia de la OA a seguir con la querella».
Martínez anunció que presentará una denuncia contra Félix Crous por retirarse de las querellas que «actuaron bien, en este caso, durante la gestión de Mauricio Macri».
El actual gobierno reformó las normas que regían a la OA. La transformó en un organismo «desconcentrado» (sic) de la Presidencia de la Nación.
Los cambios incluyeron detalles sobre cómo debe actuar un jefe de la OA: «Gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del Presidente de la Nación ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional».
La resolución de Crous de dejar de ser querellante en las causas contra la familia Kirchner sorprendió a los miembros del Tribunal Oral Federal 5, supo Clarín por fuentes que conocen la trastienda del caso.
Ocurre que la OA había impulsado, durante la gestión de Laura Alonso, los dos expedientes mediante una infinidad de escritos, siempre en rol de querellante. Ahora la OA se contradice con la OA.
¿Cuál de las dos OA (gestión Crous, gestión Alonso), actuaron bien en «Hotesur» y «Los Sauces»?
Las sospechas fueron instaladas por las denunciantes: ¿La vicepresidenta de la Nación, o tal vez alguien que dijo que hablaba en nombre de ella, pudo haber influenciado en este organismo «desconcentrado» para beneficiarla desde el punto de vista procesal?
La OA gestión actual tardó alrededor de cinco meses en detectar que su accionar podía ser reemplazado por otro organismo de control después de años de dedicarle energía humana y fondos públicos a dos causas de corrupción que no fueron descalificadas por el doctor Crous.
Este accionar repentino de la OA para cambiar su rol en dos juicios tan sensibles, ¿podría deberse a tardanzas propias de burocracias y nuevos criterios gubernamentales sobre cómo trabajar en casos sospechosos de corrupción? De acuerdo al accionar de la OA hasta ahora, eso no fue lo que pasó la OA.
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