Hace tres años, el juez Claudio Bonadio envió a juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada “dólar futuro”, donde quedó procesada por el delito de «defraudación contra la administración pública». Fue el primero de los expedientes contra la ex Presidenta que se envió a juicio, pero aún no tiene fecha de inicio. Con la extensión de la cuarentena, el fiscal Diego Velazco pidió al Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) que habilite la feria para avanzar en una serie de medidas «así se llega al momento del inicio de las audiencias», explicaron fuentes judiciales.
La decisión se da luego de que el presidente Alberto Fernández le exigiera a la Justicia que definiera sobre la situación de dos causas que involucran a Cristina Kirchner, la del dólar futuro y la del Pacto con Irán. «Es una vergüenza que la justicia argentina tenga los casos Dólar Futuro y Pacto con Irán sin resolver si inicia un juicio oral. Es inexplicable lo que está pasando. Si alguien quisiera resolver, lo agradecería enormemente, porque eso es denegar justicia y podría dar otros ejemplos más», dijo.
Cuando el expediente se elevó a juicio oral, se dio por corroborado que la ex Presidenta y su entonces ministro de Economía, junto a otros ex funcionarios, cometieron un fraude descomunal al patrimonio público» y calificó el caso como una de las «causas de corrupción más importantes que hay» en el país porque le costó al Estado «55 mil millones de pesos. El delito atribuido es el de administración fraudulenta.
La causa es la primera de nueve casos que la vicepresidenta tiene elevada a juicio oral. Sólo comenzaron las audiencias en el expediente donde se la acusa de ser jefa de una asociación ilícita que direccionó obra pública a favor de Lázaro Báez. Las audiencias, a raíz del Covid19 y por falta de un sistema virtual acorde, se encuentra detenido.
Sin una fecha próxima para su inicio, el caso por el Dólar Futuro lleva dos años radicada en el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1). Entre los argumentos principales que condujeron al juez de instrucción a enviar el caso a juicio, se señaló que el delito de “administración fraudulenta” se cometió por las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, las autoridades del Banco Central, «con la anuencia de la Comisión Nacional de Valores», para vender en un breve periodo «un importante volumen de contratos de dólar futuro a valores ficticios, obligando abusivamente a la entidad generando un grave perjuicio a las arcas del Estado”.
Como resultado neto de las operaciones a futuro, se señaló que la pérdida para el Banco Central fue de $54.921.788.702,40 y que «la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución».
La causa se encontraba, previo al inicio de la pandemia por el Covid19 se había ordenado la realización de una pericia requerida por Alejandro Vanoli y Miguel Ángel Pesce, como parte de las medidas preliminares ordenadas por los jueces, previo a fijar fecha de inicio de las audiencias.
Para la realización del juicio se aceptaron unos cincuenta testigos ofrecidos por las partes y por la fiscalía a cargo de Velazco. La pericia ordenada, que entre otros aspectos, busca determinar si fue tal el nivel de perjuicio, lleva un tiempo en etapa de elaboración pero el trabajo de los especialistas se vio afectado por el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Buscando imprimir celeridad al caso, el fiscal Velazco requirió que el TOF 1 habilite la feria judicial y que los peritos «informen en qué estado se encuentra la pericia ordenada y cuál será su fecha de culminación». En caso de que la misma no se haya reanudad, el representante del Ministerio Público Fiscal, solicitó que se «reanude y si es necesario que se hagan reuniones virtuales entre los especialistas».
Cuando la causa se elevó a juicio, se remarcó que se generó “un importante perjuicio económico al Estado” por las operaciones denunciadas y que se realizó por «directivas impartidas por la entonces Presidenta de la Nación y su ministro de Economía Axel Kicillof, los Directores del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli Long Biocca, Miguel Ángel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera», todos procesados en la causa.
El fiscal de la instrucción, Eduardo Taiano, consideró que las operaciones trajeron «consecuencias dañosas para el patrimonio del B.C.R.A, ocasionando un grave perjuicio al erario público» y que la ex Presidenta y Kicillof «eran quienes tenían a su cargo la administración y el cuidado del patrimonio del Estado». La pena va de un mes a seis años de prisión. Para Cristina Kirchner se trata de una «persecución política» y que lo que se adoptaron fueron «medidas de Estado que no pueden judicializarse».
fuente CLARIN