El 30 de junio vence, por tercera vez, el programa de Precios Máximos que el Gobierno implementó para congelar, al 6 de marzo, los valores de más de 2.000 productos de consumo masivo. ¿Qué pasará la semana próxima? ¿Volverá a extender la Secretaría de Comercio Interior el congelamiento? “La decisión aún no está tomada”, respondieron desde el ámbito oficial.
Sin embargo, también aseguraron que la secretaría “está llevando adelante reuniones virtuales con las empresas para que brinden información sobre actualizaciones de precios y estructuras de costos”, por lo que no se descarta que pueda haber algún ajuste, aunque mínimo, de los valores de algunos productos. Por lo pronto, las empresas alimenticias, de bebidas y de productos de cosmética y limpieza reclaman aumentos que oscilan entre el 10% y el 25%, en función de su estructura de costos.
Desde la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticias (Copal), que preside Daniel Funes de Rioja, vienen pidiendo ajustes en los precios desde hace dos meses, cuando el programa tuvo su primer vencimiento, el 20 de abril. Pero los problemas se fueron incrementando, y mucho más para las compañías que tienen productos en Precios Cuidados, congelados desde el 6 de enero.
Los aumentos de costos logísticos, las paritarias de varios sectores, que contemplaban subas entre enero y marzo, la necesidad de reemplazar personal por los trabajadores de riesgo, y en especial, el peso que la suba del dólar tuvo en muchos insumos son los principales argumentos que desde el sector de consumo masivo vienen esgrimiendo para lograr la autorización de algunos ajustes.
“Las empresas acumulan seis meses de incrementos de costos. La inflación, el impacto de la devaluación sobre los insumos importados, las subas de salarios de rangos del 20% promedio, los costos logísticos; y los sobrecostos por todas las medidas que las compañías tuvieron que tomar por los protocolos y porque el 30% de la dotación está licenciada explican la necesidad de aumentos, en una actividad que, en el mejor de los casos, está trabajando al 50% de la capacidad instalada”, enfatizó Funes de Rioja a este medio.
“No es que si nos permiten aumentos de precios va a haber más inflación; justamente necesitamos aumentar porque hay inflación”, se quejó, ante la consulta de Infobae, el directivo de una importante empresa alimenticia. Y agregó: “Si nos hubieran permitido subir 2% cada mes, ahora no tendríamos el atraso que tenemos, que en algún momento será necesario trasladar”.
Desde otra empresa, del sector de bebidas, afirmaron que desde Copal estuvieron trabajando en el tema porque “todas las empresas necesitan ajustar” y “hay empresas que se reunieron con Paula Español -secretaria de Comercio- para revisar el tema, pero presentan los costos y se van con las mismas preguntas que antes de la reunión”. “Nosotros seguimos teniendo los gastos logísticos y algunos insumos dolarizados como prioridad y deberíamos subir entre 8% y 10%”, aclararon desde la empresa.
Varias empresas del sector confirmaron que Funes de Rioja ya pidió una reunión de carácter urgente con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, pero que todavía no está agendada. Desde el gobierno, sin embargo, remarcaron que “están en diálogo permanente”.
No será una decisión fácil para el Gobierno esta vez. Si bien sigue primando la política, y permitir un aumento en un contexto de semejante recesión por la pandemia no sería atinado desde ese ángulo, también es cierto que las autoridades no pueden darse el lujo de permitir que más empresas se vean afectadas por medidas adoptadas desde el Estado, por lo que alguna señal deberían dar, afirman en las compañías.
“Muchos sectores que siguen sin actividad verán caer las empresas cuando abran Tribunales; otros, si bien volvieron a trabajar, no tienen demanda por lo que las firmas están muy complicadas también. ¿También quieren afectar a las empresas esenciales?”, cuestionó un empresario.
fuente INFOK