Debe pagar $632 millones de caución y ya está en condiciones de quedar libre Lázaro Baez
Lucía Salinas
Horas después de que la Cámara de Casación anulara el rechazo del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) de concederle la excarcelación a Lázaro Báez, sus jueces cumplieron la orden y firmaron la salida de prisión del contratista K, que fue detenido en abril de 2016. Antes de salir del penal de Ezeiza, Báez deberá pagar un caución de 632 millones de pesos. El tribunal ordenó que, además de llevar una tobillera electrónica, se presente cada dos semanas en Comodoro Py, y le impidió alejarse del domicilio que declare a una distancia mayor a 100 kilómetros.
En la mañana del martes, la Casación había dejado sin efecto la resolución, del TOF 4 que había rechazado el dictamen del fiscal ante ese tribunal, Abel Córdoba, que había recomendado aceptar la prisión domiciliara de Báez pedida por sus abogados. Pero el TOF 4 decidió no conceder la excarcelación por existir riesgos procesales.
Lázaro Báez tiene varias causas abiertas en su contra, con distintos grados de avance. En algunas de ellas ya había obtenido la prisión domiciliaria, pero hasta ahora continúa detenido en uno de los expedientes por lavado de dinero vinculado a «la ruta del dinero K». Se trata del que investigó maniobras ilegales con la empresa M&P, que según la justicia fue usada por Lázaro y dos de sus hijos para el blanqueo de fondos que obtenía Austral Construcciones. Se le dictó prisión preventiva en junio de 2019 en esa investigación.
En cambio, en otra de las causas conexas a «la ruta del dinero K», sobre la compra del campo El Entrevero en Uruguay, Báez ya obtuvo la prisión domiciliaria. Allí se lo acusó de ser «propietario del dinero de procedencia ilícita insertado en el mercado, impartió las órdenes y encomendó a los sucesivos administradores de esos fondos -Leonardo Fariña y luego Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco- aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya». La operación involucró U$S 14 millones.
Para sortear el último obstáculo que lo mantiene en el penal de Ezeiza, Báez había solicitado al TOF 4 que lo o excarcele, o morigere su prisión. El fiscal ante ese tribunal había sugerido el depósito de un seguro de cinco millones de dólares, pero finalmente los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Íñiguez y Adriana Palliotti resolvieron que por su comportamiento durante la instrucción del caso, buscando entorpecer la investigación, no correspondía concederle la excarcelación.
Expresamente, el TOF 4 había dicho que los argumentos expuestos por Báez, «eran una reedición de aquellos que ya habían sido valorados por las distintas instancias (donde se rechazó su pedido) y que subsistía el grave riesgo de que se sigan ocultando las sumas de dinero que habrían sido expatriadas».
Sin embargo, este miércoles la Cámara Federal de Casación Penal anuló ese fallo y contempló el planteo del representante del Ministerio Público Fiscal. En la resolución a la que accedió Clarín, los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky ordenaron al TOF 4 volver a resolver, «con razones fundadas para demostrar la invalidez del dictamen fiscal», quien había aprobado la morigeración de la prisión preventiva, es decir, que fije un domicilio sin poder moverse a un radio de 100 kilómetros y con un monitoreo con tobillera y una caución de U$S 5 millones.
Se indicó que a pesar de que consideraba «vigente cierto grado de riesgo procesal, la consideración conjunta de estos plazos de detención implicaba un nivel de afectación a los derechos individuales de Báez que neutraliza la intención del Estado de fundar la continuidad del encierro carcelario», por ello la Cámara de Casación hizo lugar al reclamo de Báez y pidió al Tribunal que revise su decisión.
Por otro lado, la Casación expresó que una de las partes acusadoras, la Unidad de Información Financiera (UIF), no participó de la audiencia que se fijó para analizar la situación en debate. En consecuencia, el Tribunal deberá pronunciarse nuevamente teniendo en cuenta lo sugerido por el fiscal Córdoba. Se espera que esta nueva resolución se conozca este mismo martes.
Acusados por lavado de dinero, también se había detenido al ex contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, y a su ex abogado, Jorge Chueco. Ambos lograron este año dejar el penal de Ezeiza, donde compartían pabellón con el empresario K.
«La ruta del dinero K» es la causa principal contra Lázaro Báez, cuyo juicio oral no logró reanudarse en medio de la pandemia del Covid19, pese a diversos intentos que el TOF 4 para que se haga de forma virtual: sucesivas fallas técnicas lo vienen posponiendo en las últimas tres semanas. Antes de su interrupción, ya habían pedido condena la UIF y la AFIP -nueve y ocho años respectivamente-, y falta que la Oficina Anticorrupción (OA) concluya su alegato. Anticipó que iba a solicitar una condena contra el empresario K.
La acusación principal contra Báez, en este caso, es por el “atesoramiento de fondos en Suiza” que realizó junto a sus hijos. En una primera instancia se lo procesó por la exteriorización de dinero y por su reingreso al país. Pero en la última acusación -y la más grave- fue por haber lavado 60 millones de dólares. Durante el período investigado, entre 2010 y 2013, el fiscal Guillermo Marijuan, que lo investigó, consideró que el patrimonio de Báez se incrementó y llegó a sumar más de 1.420 propiedades por un valor que de 205 millones de dólares.
El otro juicio que enfrenta el empresario patagónico es el del supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor de sus empresas, en el que está acusado junto a Cristina Kirchner, Julio De Vido y otros ex funcionarios K. La acusación es de haber integrado una asociación ilícita -supuestamente dirigida por Cristina- que permitió el direccionamiento de 51 contratos viales por 46,000 millones de pesos favor del Grupo Austral que él comandaba.
CLARÍN