La reforma judicial anunciada por el presidente Alberto Fernández se encamina a concretarse. El Poder Ejecutivo enviará al Congreso -se estima que esta semana- un proyecto de ley en el que propone modificaciones en la justicia federal.
Según pudo confirmar Infobae en fuentes oficiales, el principal hecho que abarca la reforma es la fusión del fuero Criminal y Correccional Federal con el fuero Nacional en lo Penal Económico.
Es decir que los 12 juzgados federales de Comodoro Py dejarán de existir tal como se los conoce. En los juzgados federales se investigan los casos de corrupción que involucran a los funcionarios del Poder Ejecutivo -de la actual administración o de las anteriores- pero también los de trata de personas y narcotráfico, entre otros delitos. Siempre ha sido el fuero con mayor relación con la dirigencia política -sin distinción de quien fuera el partido gobernante- y donde se tratan los casos con repercusión en los medios de comunicación.
El proyecto de Ley que enviará Fernández al Congreso -salvo modificaciones de último momento-contempla la fusión de los 12 juzgados federales con los 11 del fuero Penal Económico. El fuero creado se llamará fuero Penal Federal. Es decir que se mezclarían dos fueros que entienden en materia federal ya que Penal Económico se ocupa de casos de contrabando y de violaciones a la Ley Penal Tributaria, entre otros delitos. Además los fueros son vecinos: los edificios que albergan a los juzgados están separados por unas cuadras en el barrio de Retiro. Los 23 juzgados actuales se duplicarían y pasarían a ser 46. Eso se logrará repartiendo cada una de las secretarías que tienen los juzgados actuales con los nuevos.
Los 46 jueces de primera instancia del nuevo fuero federal se completarían con los actuales titulares de los juzgados de Comodoro Py, de Penal Económico -quienes mantienen sus cargos- y con jueces subrogantes provenientes del fuero de Instrucción que no tiene competencia federal. En los 12 juzgados de Comodoro Py hay tres vacantes en tanto en el fuero Penal Económico de los 11 juzgados hay uno vacante.
De esa forma -siempre y cuando no se generen otras vacantes- el Gobierno tiene la posibilidad de designar los 23 nuevos jueces de Penal Federal más los cuatro que restan para ocupar los juzgados que no tienen titulares. Se tendrán que designar también 23 fiscales para el nuevo fuero Penal Federal y un número considerable de defensores oficiales.
Por arriba de los juzgados de Instrucción del nuevo Fuero Penal Federal estarán las dos cámaras que actualmente actúan por separado. La Cámara Federal que tiene seis cargos y la Penal Económico con otros seis. La fusión de esos dos tribunales será la que revise las decisiones de los jueces en el nuevo esquema de la justicia federal.
En la Cámara Federal hay dos vacantes y en Penal Económico tres. Ese número se puede ampliar si el Gobierno traslada a dos jueces de Tribunal Oral Federal que fueron nombrados en la Cámara Federal por el macrismo. En los últimos días el oficialismo avanzó en ese sentido en el Consejo de la Magistratura.
Los juicios orales serán llevados adelante por la fusión de los Tribunales Orales Federales y los Tribunales Orales en lo Penal Económico.
Por encima de la nueva estructura del nuevo fuero Penal Federal seguirá revisando las sentencias la Cámara Federal de Casación Penal cuyos integrantes ocupan el primer piso del edificio de Comodoro Py.
Una vez aprobada la ley en el Congreso se llamará a concurso para ocupar los nuevos puestos. Pero entre tanto el Consejo de la Magistratura defina esos concursos se convocará a jueces y juezas subrogantes. Según explican fuentes con acceso al borrador más cercano a concretarse, se convocará a jueces de Instrucción que se presentarán ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Esa Cámara -que no es federal- le enviará un listado al Consejo de la Magistratura que seleccionará los candidatos. Según esas fuentes, se incorporó al proyecto-aunque no está definido aún- que la designación de un subrogante deber ser aprobada por los 2/3 del Plenario del Consejo para conseguir consenso político para las nominaciones. De allí pasará a consideración del Ejecutivo que luego enviará al Senado la propuesta. Según explican las fuentes habría un límite de tiempo para las subrogancias: un año que puede extenderse por medio más.
Los juzgados de Avenida de los Inmigrantes
La reforma judicial no abarcará a Comodoro Py solamente. Según las fuentes consultadas por Infobae, el Gobierno incluirá en el proyecto una idea que presentó el macrismo en 2018. Duplicar los juzgados federales del interior del país donde ahora cada juzgado tiene competencia múltiple en varias materias como en materia criminal y correccional (penal), y la otra en lo civil y comercial federal, laboral federal y contencioso administrativo federal, seguridad social, etc. Aquella idea se mantiene: se creará un nuevo juzgado federal con competencia solo en lo Penal y quien esté a cargo del juzgado tendrá la opción de elegir con qué competencia se queda. Puede optar entre el juzgado con competencia penal o con el que se quede con el resto de las competencias.
Otras de las reformas que propondrá el Gobierno había sido adelantada en enero pasado por Infobae. Por entonces se reveló que el Gobierno estudiaba la fusión de dos fueros cuyas decisiones tienen menor repercusión en los medios que las que se toman en Comodoro Py pero son de enorme trascendencia desde el punto de vista institucional.
La pata no penal de la reforma judicial plantea agrupar en un solo fuero a la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y a la Civil y Comercial Federal. Allí se dirimen cuestiones no penales que tienen al Estado como parte o que se relacionan con leyes federales. Esa fusión que se concretará si se aprueba la Ley, fue producto del diálogo durante la pandemia por parte del gobierno nacional y de camaristas de ambos fueros. El nuevo fuero se llamará Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal.
Según explican en el Ggobierno nacional otro de los puntos relevantes de la Reforma Judicial en el ámbito penal es el traspaso de las competencias de los juzgados de Instrucción nacionales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, hecho que está pendiente desde la reforma constitucional de 1994. El proyecto de Ley que circula hasta hoy le pone una fecha límite para la concreción del traspaso. Aseguran en el gobierno que el traslado de los jueces de la órbita nacional a la de la Ciudad será voluntario. El traspaso acarrea una discusión monetaria porque están en juego millones de pesos en recursos para solventar el funcionamiento de ese fuero.
El proyecto de Ley de reforma judicial que se enviará al Congreso también prevé ponerle un límite de tiempo para que extienda a todo el país el nuevo Código Procesal Penal Federal hoy vigente solo en Salta y Jujuy. Allí, con un sistema acusatorio, pasan a ser preponderantes los fiscales por lo tanto se acrecienta la importancia de la Procuración General de la Nación (PGN), que está manejada por Eduardo Casal de manera interina. En estos días el oficialismo comenzó a apuntarle a Casal para poder contar con alguien propio en el cargo hasta que se defina la situación del juez federal Daniel Rafecas a quien Fernández nominó para encabezar la PGN. El proceso de designación de Rafecas está también detenido por la pandemia y por complicaciones del oficialismo para obtener los 2/3 de los votos necesarios en el Senado para el nombramiento.
Con la entrada en vigencia del Código Acusatorio, el poder de los jueces disminuye: pasan a controlar que se cumplan las garantías del proceso y no tendrán la posibilidad de conducir las investigaciones tal como lo hacen hasta ahora. Allí se volvería a licuar el poder de los jueces de Comodoro Py y crecería el de los fiscales actuales y los que se fueran a designar. Pero la puesta en marcha del sistema acusatorio implica una inversión muy grande en infraestructura y en personal que, a la luz de la situación económica agravada por la pandemia de coronavirus, no parece estar al alcance de la mano.
Si el proyecto avanza –y el oficialismo tiene cómo lograr la aprobación- habrá conseguido diluir el poder que se había concentrado en Comodoro Py. Un poder que el peronismo, en todas sus variantes desde 1983 para acá, ayudó a crecer, fortalecer, consolidar y convertirlo en lo que en la actual etapa critica. El macrismo en los cuatro años de gobierno hizo casi nada para desmantelar lo construido.