La tensión dentro de la policía bonaerense quedó visibilizada con cientos de móviles fuera de sus zonas de patrullaje. La protesta de la mayor fuerza de seguridad en la Argentina aumentó hoy, pese a que el gobierno de Axel Kicillof prometiese un aumento salarial del 30 por ciento.
En casi todos los municipios del conurbano se observan piquetes policiales que exponen los reclamos de los agentes. Uno de los ejes principales de las manifestaciones del personal en actividad, con sus uniformes y armas reglamentarias, pasa por la zona conocida como Puente 12, en La Matanza, donde el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, instaló hace un tiempo su puesto de comando diario. Allí, ese funcionario y los máximos jefes policiales buscan conseguir un diálogo con representantes de los agentes. Aún no tuvieron éxito en ese intento.
Berni rechazó la renuncia presentada por el jefe de la policía bonaerense, comisario Daniel García, luego que este fuese rechazado como interlocutor válido por los manifestantes.
Voceros policiales y gubernamentales manifestaron que la seguridad ciudadana no quedó perjudicada por esta medida de protesta, pero en todos los lugares de concentración de uniformados se pueden visualizar patrulleros que no cumplen con sus tareas. Esta situación se produce en momentos en que el delito golpea fuerte en el conurbano, con la inseguridad transformada en la mayor preocupación de los vecinos en esta época de cuarentena.
Uno de los ejes principales de las manifestaciones del personal en actividad, con sus uniformes y armas reglamentarias
Esa inquietud colectiva por los sucesivos casos de violencia urbana llevó al gobierno nacional a lanzar, la semana pasada, un plan contra el delito en Buenos Aires, que implica, entre otros puntos, una inversión de $ 38.000 millones destinada a la construcción de cárceles y adquisición de equipos para la policía. No hubo en ese anuncio un mensaje sobre los sueldos policiales y eso habría generado el malestar que se hizo público en las últimas horas. Los uniformados reclaman un incremento salarial del 56 por ciento.
Sin embargo, más allá de la disputa por las cifras del posible aumento, la medida dejó lesionada a la conducción de la fuerza provincial. El propio jefe de la policía bonaerense, comisario general Daniel García, intentó abrir un canal de diálogo directo con los manifestantes y tuvo que irse entre silbidos de desaprobación.
«El primer punto, ningún tipo de represalias, tienen mi palabra que será así. Lo dije anoche y se los reitero. Los puntos dos y tres, los aumentos, están en tratativas y el ministro me dijo que el viernes les da la confirmación», fue la información dada por García ante un grupo que protestaba en La Plata. No pudo completar la frase ante los gritos de sus subalternos. «Pero los porcentajes no los pueden poner ustedes, muchachos», agregó, ya convencido de que su negociación había fracasado.
«No tenemos móviles»; «Hace veinte años que no le dan pelota a la seguridad», «¿Por qué hay playa para repartir IFE y para nosotros no?», fueron las quejas que escuchó, entre gritos, el jefe de la policía de Buenos Aires. Durante la madrugada, un integrante de la cúpula policial había intentado un diálogo con quienes se concentraron frente a la gobernación y fue golpeado por quienes protestaban allí.
Una situación similar se había observado en 2013 frente al Edificio Guardacosta, el día que empezó una huelga de uniformados federales que se extendió enseguida a fuerzas provinciales. Es el antecedente más cercano de lo que ocurre con la policía bonaerense. «Usted no está en la calle con el personal», fue otra recriminación escuchada por el comisario general García.
El jefe de la policía bonaerense puso su renuncia a disposición de Berni, pero el ministro, por el momento, descartó la salida del jefe policial.
Los policías bonaerenses exigen un aumento del suplemento salarial conocido como Compensación por Recargo de Servicio (las llamadas horas Cores, tiempo adicional que cumplen los agentes en su día de servicio) que tiene un valor, según los agentes, de 40 pesos. Piden que se eleve a 189 pesos.
En ese petitorio figuran también el retraso de 120 días en el cobro de las llamadas horas Polad, los servicios adicionales que los policías cumplen en sus días de franco. Muchos de esos servicios están hoy reducidos, ya que en general se cumplen con custodias en partidos de fútbol y eventos masivos, que están prohibidos por la medida de cuarentena.
También se reclamó el acceso a viviendas dignas, la sindicalización policial, móviles en condiciones operativas, capacitación y asistencia psicológica, entre otros puntos.
Por el momento, no hay avances en las negociaciones y más efectivos se suman en las zonas de protestas. Los móviles que fueron sacados del servicio de prevención del delito circularon a modo de protesta, incluso, frente a la quinta presidencial de Olivos.
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