El fiscal federal Diego Velasco, que interviene ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) -a cargo de los casos Hotesur y Los Sauces- dictaminó a favor de un pedido de Máximo Kirchner para no pagar las deudas impositivas que acumuló el Condominio que administra las propiedades de la herencia de Néstor Kichner. A fines de julio, el abogado de Máximo, Carlos Beraldi, informó que esas deudas se acumularon a raíz de la intervención judicial ordenada sobre las firmas de la familia, entre ellas el Condominio. Por ello, decidió acogerse a una moratoria pero pidió que las cuotas sean abonadas con fondos que obtiene la intervención. Tras la opinión del fiscal, falta que se pronuncie la UIF y finalmente el TOF.
El «Condominio Máximo y Florencia Kirchner» administra 25 propiedades correspondientes a la sucesión de bienes de Néstor Kirchner. Después de que en marzo de 2016 Cristina Kirchner cedió su patrimonio a sus hijos, el diputado nacional quedó como dueño del 50% del Condominio.
En el marco de la causa Los Sauces -la inmobiliaria familiar investigada por haber lavado más de $ 80 millones-, el juez Claudio Bonadio decidió en 2016 intervenir no sólo la compañía sino también el Condominio. Desde entonces, la licenciada Raquel Moyano está al frente de la administración de todo ese universo de inmuebles.
Como titular de la mitad de cada uno de los bienes que conforman el Condominio, Máximo tiene obligaciones tributarias correspondientes al impuesto sobre los Bienes Personales. Además, a raíz del alquiler de los inmuebles, «durante estos últimos años se devengaron obligaciones fiscales en concepto de IVA y Ganancias», explicó el abogado Beraldi, quien recordó que los alquileres de las propiedades que administra Los Sauces «fueron y son percibidos por la licenciada Moyano».
Entonces, Beraldi explicó que el líder de La Cámpora «fue desapoderado de sus propiedades, no puede usufructuarlas y los fondos recaudados por su locación son administrados por una auxiliar de la justicia; por otro lado, nuestro representado debe soportar cuantiosas cargas tributarias que son consecuencia directa e inmediata de la titularidad registral de inmuebles de los que fue despojado (Bienes Personales) y de una actividad comercial que, en la actual coyuntura, no le redunda ningún rédito (IVA y Ganancias)».
Como consecuencia de esta situación, su defensa argumentó que Máximo Kirchner «a lo largo de los últimos ejercicios fiscales acumuló deudas con el fisco nacional, como consecuencia del incumplimiento por parte de la interventora judicial de ingresar en tiempo y forma los tributos correspondientes al patrimonio que administra».
Esto devino en una serie de procesos ejecutivos iniciados contra Máximo Kirchner por parte del fisco, y se pidió que la interventora «cancelara los saldos de impuestos adeudados con los fondos que administra». La Justicia dijo que el diputado nacional debía afrontar esas obligaciones con sus propios ingresos, sin embargo la defensa indicó que, como apelaron hasta llegar a la Corte por este asunto, «no se encuentra firme» que sea Máximo quien debe pagar.
Por tal motivo, el diputado decidió acogerse a una moratoria fiscal, la cual permite regularizar deudas en concepto de impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales.
Al analizar la situación, el fiscal Diego Velasco consideró que tal como planteó la defensa de Máximo Kirchner, la cuota de la moratoria fiscal debe ser afrontada por la intervención judicial.
El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que tanto el impuesto a las Ganancias como el correspondiente a Bienes Personales, son derivados de los bienes que están intervenidos y administrados por el Tribunal. «Cuando te excluyen del usufructo del bien los impuesto derivados de ahí siempre se canaliza por quien tiene la ganancia», indicaron fuentes judiciales a Clarín.
Como en la actualidad es la intervención la que cobra un alquiler y la que se queda con la ganancia, Velasco entendió que las cuotas de la moratoria fiscal a la que se acogió Máximo Kirchner deben pagarse con esos fondos y no con la dieta del diputado.
Antes que el TOF 5 se expida al respecto, debe pronunciarse la Unidad de Información Financiera (UIF) que quedó como única querella en el caso tras el retiro de la Oficina Anticorrupción (OA).
Procesado en dos expedientes por lavado de dinero, sobre Máximo Kirchner recaen embargos por 900 millones de pesos. La Justicia lo encontró responsable de operaciones de blanqueo por más de 200 millones con las dos empresas familiares. Las medidas cautelares alcanzan las más de 26 propiedades heredadas, la inhibición de cuentas bancarias y su patrimonio que asciende a 143 millones de pesos, según su útlima declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
Fuente: clarín