Un fiscal penal imputó a una concejal radical de Tartagal y a su hermana, que es defensora oficial, por el presunto desvío de donaciones de mercadería destinadas a comunidades originarias del norte salteño por la emergencia socio-sanitaria declarada a principios de 2020.
Según informó el Ministerio Público de Salta, el fiscal interino penal 1 de Tartagal Rafael Medina imputó a Paola Alejandra Díaz, concejala del radicalismo de 43 años, y a Rosa Fabiola Díaz, de 40, defensora oficial. Fuentes judiciales detallaron que la primera quedó detenida y optó por declarar. Mientras que la segunda se abstuvo de brindar declaraciones, y solo fue imputada y suspendida por su inmunidad a raíz de su cargo en el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal.
El escándalo se disparó a raíz de una denuncia de la hermana mayor de ambas, Sandra Díaz, que las acusó en una denuncia periodística de vender donaciones recibidas hace un año para las comunidades wichí de la zona. Lo hizo por video a través del canal Video Tar, de Tartagal, y otros medios.
Según la denuncia, en enero de 2020 las acusadas recibieron la donación de mercaderías perecederas, ropa, zapatillas, alcohol en gel, agua mineral y pañales, entre otras cosas, y precisó que sus hermanas habrían mantenido ocultas las donaciones todo el año y hasta ahora para venderlas a negocios de la zona.
La intención, según Sandra Díaz, era mantenerlas guardadas hasta que Paola Díaz se postulara como candidata a diputada provincial “lucrando con dichas mercaderías para un beneficio propio”. “Le expliqué (al fiscal) el nombre de las personas que vendieron las cosas”, sostuvo la hermana denuncia. Y reveló que la metodología consistía en vender bolsones de ropa en las ferias de la zona o en Bolivia.
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El momento de la denuncia pública de una de las hermanas Díaz, en Tartagal.La imputación señala que las acusadas tenían a su cargo “la administración y cuidados de los bienes provenientes de las fundaciones, llevando a cabo una administración fraudulenta de los bienes asignados, perjudicando intereses ajenos con su accionar infiel”, pues la mercadería debía ser repartida “entre personas de escasos recursos y de las misiones aborígenes de la etnia wichi”.
Ante el escándalo, la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), junto a las comunidades originarias de Santa Victoria Este del departamento salteño de Rivadavia, anunciaron protestas contra las funcionarias. Durante el fin de semana, los caciques Cándido Mansilla, de la organización La Nueva Generación, y Celina Juárez, de la comunidad Lapacho II, fueron a la casa de la concejala para exigir la entrega de los donativos.
Las mujeres están imputadas por la supuesta comisión del delito de “administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautoras”.