10 denuncias panales se presentaron hasta esta mañana en los tribunales de Comodoro Py contra el ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García por el llamado “vacunatorio Vip” contra el coronavirus. La primera fue la del abogado y vicepresidente del partido Republicanos Unidos, Yamil Santoro, que quedó a cargo de la jueza federal de Comodoro Py María Eugenia Capuchetti y del fiscal federal Educardo Taiano, que intervendrán también en todas las demas, informaron a Infobae fuentes judiciales.
El resto de las denuncias recayeron en otros juzgados. Pero la la primera atrae a las demás por tratarse del mismo hecho denunciado. Todos las denuncias son contra González García y algunas apuntan contra otros funcionarios del gobierno como el propio presidente Alberto Fernández, la nueva ministra de Salud, Carla Vizotti, el periodista Horacio Verbitsky, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés y el senador Jorge Taiana -los tres que recibieron la vacuna en el Ministerio de Salud- y el sindicalista Hugo Moyano.
Además de Santoro presentaron denuncias Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático Argentino, el fiscal federal Guillermo Marijuán, el laboratorio “HLB Pharma Group SA”, el ex candidato presidencial Juan José Gómez Centurión, el diputado del Parlasur Alberto Asseff, entre otros. Son delitos variados que van de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, cohecho -coimas-, violación de medidas de propagación de una epidemia y asociación ilícita.
El primer paso de toda causa judicial es que el fiscal decida si en la denuncia hay un hecho que pueda ser delictivo y que se deba investigar. En ese caso, el fiscal imputa a los posibles implicados en el caso y dispone las primeras medidas de prueba para comenzar la investigación.
Tras la salida el viernes a la tarde de González García se anunciaron y se conocieron varias denuncias para ser sorteadas el lunes a la mañana.
Los denunciantes pidieron que se investigue la conducta del ex ministro de Salud y otros posibles implicados por el llamado “Vacunatorio Vip” en esa cartera donde se vacunaron con la primera dosis de la Sputnik V contra el coronavirus personas que no estaban en el listado de prioridades del plan nacional de vacunación. Entre ellas, Verbitsky -quien reveló en la radio cómo se vacunó-, Valdés y Taiana, entre otros.
“Resulta harto claro que las dosis de vacunas que pudieren estar bajo la administración de González García en razón de su cargo no eran para administrarlas a su mera voluntad a personas con las que lo une un vínculo de amistad o simpatía; en este orden de ideas, ordenar la aplicación de dicho insumo limitado y escaso en el marco de una pandemia mundial vulnera la normativa de Ética Publica que rige el obrar de los funcionarios públicos y las obligaciones sobre los insumos a su cargo y, a su vez, contraviene las mismísimas políticas sanitarias – políticas de las que resulta autoridad máxima de aplicación”, sostuvo Santoro en su denuncia de páginas a la que accedió Infobae.
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La jueza Capuchetti (Adrián Escandar)Algunas denuncias apuntan a que se investigue a Moyano. El líder sindical, su esposa Liliana Zulet,y su hijo Gerónimo, de 20 años, se vacunaron en el sanatorio Antártida que pertenece al gremio de Camioneros. “Estoy vacunado porque soy el presidente de dos obras sociales y por la edad que tengo. No formé parte para nada de ninguna nómina de vacunados VIP. Se está vacunando todo el personal que está al frente del Antártida”, dijo el titular del Sindicato de Camioneros, quien justificó las vacunas que se aplicó su familia: “Mi esposa y mi pibe trabajan en el sanatorio. Se corren muchos riesgos al frente del sanatorio. La provisión la hizo el Gobierno de la Ciudad para todos aquellos que tenemos relación con el Sanatorio Antártida”.
A las denuncias presentadas en los tribunales de Comodoro Py se suma un expediente que inició Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal, que podría derivar en otra denuncia penal. Rodríguez también le ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que abra un sumario administrativo interno.