El precio del petróleo se dispara y ronda los 70 dólares el barril ejerciendo una fuerte presión sobre los precios de las naftas. Mientras el santacruceño Pablo González, cercano a Cristina Fernández, desde la presidencia de YPF busca acordar subas «moderadas» con el Gobierno en un contexto inflacionario pero sobre todo, electoral.
El barril de petróleo crudo cotizaba este viernes con subas en sus valores en los mercados internacionales de Nueva York y Londres.
El crudo West Texas Intermediate (WTI), que opera en el mercado de futuros de Nueva York (Nymex), avanzaba esta mañana 0,14% y se comercializaba a US$66,11 el barril en los contratos con entrega en abril.
De igual modo, el petróleo Brent del Mar del Norte, que lo hace en el mercado electrónico de Londres (ICE), ganaba 0,22% y el barril se pactaba a US$69,78 pero en los contratos para mayo, de acuerdo con lo informado por la agencia ‘Bloomberg’.
En tanto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó que su canasta de crudos cotizó a US$67,39 el barril, frente a los US$65,60 del miércoles último, lo que representó un aumento de 2,72%.
La situación internacional, sin dudas, no colabora en el plano local donde el Gobierno planifica subas en los surtidores hasta antes de las PASO de agosto, en un intento por evitar que se vea afectada la agenda electoral
El aumento que se contretaría este fin de semana rondaría el 5%, para ello, el Estado resignará parte de la recaudación de impuestos.
Según publicó el sitio especializado EconoJournal, «Pablo González, presidente de YPF, está negociando con la primera plana del gobierno un acuerdo que ordene cómo evolucionarán los precios de los combustibles durante los próximos meses. Se trata, en los hechos, de conseguir el aval del presidente Alberto Fernández, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Martín Guzmán, para establecer una escalera de subas que se concretarán entre marzo y julio, antes de que se instale definitivamente la agenda electoral. Está implícito que a partir de ese mes se obturará la posibilidad de actualizar los precios en surtidores para no afectar el ánimo de la opinión pública de cara a los comicios legislativos».
Con Economía se está acordando que el Estado resigne parte de la recaudación de los impuestos que gravan el expendio de combustibles. En los primeros dos meses del año, las refinadoras funcionaron como una especie de agentes de retención.
La mayor parte de los aumentos de estos meses sirvieron para trasladar a surtidores: el incremento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono, la depreciación del tipo de cambio y la actualización del precio de los biocombustibles que se mezclan con las naftas y el gasoil.
En definitiva, en los últimos meses, YPF y el resto de las petroleras pagaron el costo político de realizar subas consecutivas que se originaron en cuestiones exógenas a la variación del precio del crudo.
El mandato es que eso cambie a partir de ahora. Esto es, que el Ministerio de Economía negocie un esquema de aumentos para los próximos tres o cuatro meses en lugar de ir definiendo mes a mes qué hacer con los precios en surtidor. Esa fórmula no funciona, ni sectorial ni políticamente.
El importe del ICL debería actualizarse mañana en función de la inflación registrada en el último trimestre. Según pudo saber el mencionado sitio, se acordaría con Economía que ese ajuste —que por sí sólo motivaría un salto del orden del 2,5% del precio final de las naftas— no se aplique o, al menos, no por completo.
El Estado resignará esa recaudación para hacerle lugar a la recomposición del margen de refinación de las petroleras, que se vio afectado desde mediados de febrero por el fuerte aumento del precio internacional del petróleo, que hoy cotiza casi a 70 dólares (en diciembre cotizaba a US$ 55). El escenario de máxima que se negocia con Economía es que la actualización del ICL se postergue hasta noviembre (después de las elecciones). O al menos hasta junio.
Así con el Brent orillando los US$70, el atraso del precio local del crudo —que en marzo se pagó entre 51 y 52,50 dólares— y el export parity ronda el 20%. La ventana de oportunidad para achicar esa brecha expira en julio, coinciden en la industria, antes de las PASO previstas para agosto. Después, habrá que esperar hasta fines de octubre o principios de noviembre (después de las elecciones) para volver a mover los precios en surtidor.
Es difícil ordenar ese desbalance en un escenario en el que el tipo de cambio se corre entre un 2% y un 4% por mes. Pero, en YPF y el resto de las petroleras, el objetivo es limar un poco esa diferencia o, en el peor de los casos, evitar que se incremente por la devaluación.
Lo más probable, entonces, es que si el aumento de los combustibles se concreta este fin de semana, como es muy probable, la suba se ubique en torno al 5%. Aunque algunos pronostican un aumento más cercano al 6% o 7%.
Más allá de eso, la idea sería que las naftas vuelvan a aumentar al menos 2 veces más antes de las elecciones, también en la banda del 5%. Si eso sucede, la intención oficial es que el precio interno neto del crudo se ubique cerca de los US$52.
Otro de los puntos que YPF puso sobre la mesa es la necesidad de congelar el precio regulado de los biocombustibles. En enero, la Secretaría de Energía autorizó una suba gradual de hasta un 90% del bioetanol y biodiesel que se mezclan con las naftas, que terminará de efectuarse, según lo establecido por resolución, en mayo. La intención sería que el importe de los bios quede congelado hasta después de las elecciones.
Cerca del 60% de la facturación de YPF proviene de la venta de naftas y gasoil. Si el precio de los combustibles no acompaña la depreciación del tipo de cambio y sigue la tendencia del precio internacional, la petrolera bajo control estatal no podrá asegurar la caja necesaria para realizar las inversiones por US$2700 para 2021 que anunció la semana pasada.
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