Eduardo Aulicino
Alberto Fernández resolvió a su manera una parte de la interna de poder. Tal vez sea vivido como un costoso respiro doméstico, aunque nada indica que vaya a generar alivio político. La solución asumida para el Ministerio de Justicia expresa un vuelco decidido hacia la ofensiva para desarmar las causas que más inquietan a Cristina Fernández de Kirchner. Fin de las pulseadas padecidas por Marcela Losardo y arranque de Martín Soria, que antes de ocupar formalmente el cargo anunció que con el visto bueno presidencial, buscará reanimar proyectos trabados en Diputados y hará fuertes y hasta provocativos reclamos a la Corte Suprema. Batallas con el Poder Judicial y renovados intentos de avance en el Congreso. Dicho de otra forma: se trata del único plan que cruza con tensiones a los tres poderes del Estado.
Es imposible que el contraste con otros áreas haya sido imaginado de este modo, pero los lineamientos para la nueva gestión en el Ministerio de Justicia se producen en un cuadro que el Gobierno imaginaba a la inversa: la señal de ofensiva y no sólo en términos de agenda política debía ser dada a esta altura por un avance contundente en el plan de vacunación. Todo ocurre ahora en medio de renovadas gestiones para lograr una provisión de dosis más regular y elevada.
Ese objetivo y, como contracara, la posibilidad de tener que apelar a nuevas restricciones si se complica la situación sanitaria están vinculados además a las inquietudes del Gobierno sobre la actividad económica, frente a signos por ahora parciales de recuperación, en algunos rubros y en comparación con la depresión del 2020. Completan el cuadro la evolución de los precios, la discusión no saldada sobre las tarifas y los tiempos de las negociaciones con el FMI, tema este último puesto claramente en revisión como objetivo inmediato.
Con ese cortinado de fondo, se destaca el desenlace en el Ministerio de Justicia. De entrada un contrapunto de imágenes traducido de inmediato como objetivos en el frente judicial. El perfil moderado de Losardo y el conflicto desgastante con sus segundos -alineados con CFK- quedan en el pasado. Y comienza una gestión de mínima áspera, con los mismos funcionarios ocupando áreas estratégicas, entre ellas las secretarías de Justicia, a cargo de Juan Martín Mena, y la de Derechos Humanos, encabezada por Horacio Pietragalla.
La cuestión no se agota allí. Soria dijo y tuiteó que “repasó” con el Presidente los puntos centrales de la gestión, entre los que destacó como fundamentales los dos proyectos de ley que duermen por falta de apoyo en Diputados: la reforma del fuero federal y el cambio de las reglas de juego para coronar y remover al jefe de los fiscales. Esa última iniciativa, impulsada y votada en el Senado con motor del kirchnerismo duro, es colocada al tope de las prioridades para lograr la salida del procurador interino, Eduardo Casal.
Fuentes legislativas, incluidas del propio oficialismo, coinciden en que hoy ninguno de los dos proyectos suma los avales necesarios para garantizar la sanción. En estas horas, fueron renovadas las cuentas y, según se deja trascender, el punteo habría desmejorado para el Gobierno con la presión y el estilo que ya expone el nuevo ministro. Dieron señales en contra el interbloque que agrupa a peronistas cordobeses, diputados que se referencian en Roberto Lavagna, socialistas santafesinos y un renovador salteño. Fuentes del oficialismo no ven allí posibilidades de acuerdo, y registran señales de diferenciación, expresadas en las críticas al cambio de Ganancias y el reclamo, desatendido, de prorrogar el régimen de biocombustibles. Asoman dudas en algunos representantes de fuerzas provinciales. Todo, en la antesala del período electoral.
La interpretación menos enojosa con Soria señala que sólo se trataría de un gesto para sostener el discurso de escalada sobre el Poder Judicial. Sería un elemento de presión que hasta el momento no alcanzó todos los resultados imaginados, implícitos además en la estrategia inicial del Presidente como apuesta a un reacomodamiento de la Justicia y especialmente de Comodoro Py frente al cambio político. Esa consideración entre diputados podría anticipar que no habría señales concretas de esfuerzo para avanzar con los proyectos referidos.
Soria dijo que solicitará un encuentro con la Corte Suprema. El anuncio por sí solo expresó el sentido real de sus dichos. Después de una breve introducción sobre la necesidad de una relación institucional a la vista de todos, buscó colocar al primer escalón de la Justicia por debajo del Poder Ejecutivo. Planteó sin vueltas que le pedirá explicaciones sobre cuestiones variadas como las negativas a la jubilación cumplido el requisito de edad y la atención a las cuestiones de género, dos tiros apuntados a Elena Highton de Nolasco. No es nuevo, pero sonó a factura sobre la jueza de antiguo vínculo con Losardo.
Algo parecido expuso con otras demandas formuladas como interrogantes sobre la posición de la Corte en cuestiones tales como la Cámara de Casación y, realmente extraño, sobre el Ministerio Público Fiscal. El tono y la letra de los temas sólo potencian las prevenciones y la evaluación negativa entre integrantes del tribunal y entre jueces y funcionarios del fuero federal porteño apenas confirmada la designación del nuevo ministro.
Con todo, y como ocurre con las trabas a los proyectos judiciales en el Congreso, el interrogante para Soria podría decirse que es heredado: qué haría además de escalar en las declaraciones si no funcionan. Está dicho: la presión termina girando sobre el propio Ejecutivo.
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