Bullrich se presentará ante la Justicia en calidad de presidenta de su partido, invocando el artículo 38 de la Constitución Nacional que declara a los partidos políticos «instituciones fundamentales del sistema democrático» para resguardar el sistema de Gobierno representativo, republicano y federal.
A través de Twitter, adelantó que presentará el amparo y la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de las «nuevas restricciones a la educación, el trabajo y la libertad impuestas por el Presidente» y enfatizó que «la Constitución se respeta y la República no se negocia».
La dirigente, que ya había protestado contra las restricciones del Gobierno frente a la Quinta de Olivos, apuntó al DNU del Presidente y criticó que no haya pasado por el Congreso. En ese sentido, indicó que sesionó aun durante la Semana Santa y la pascua judía para sancionar una reforma al impuesto a las ganancias y que «nada hubiera impedido que lo hiciera también para esta materia».
De cualquier modo, aclaró que ni siquiera una ley del Congreso podría avanzar sobre «garantías constitucionales, como el derecho a transitar, trabajar, comerciar y ejercer toda industria lícita, el derecho a enseñar y aprender o a ejercer libremente su culto», todos ellos resguardados por el artículo 14 de la Constitución .
Además, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri hizo hincapié en la improvisación y la falta de vacunas: «Existen múltiples vacunas de diversos países que el gobierno no ha adquirido, en algunos casos por motivos sospechosos». Y agregó que mientras otros países avanzan con la vacunación a buen ritmo, la Argentina vacunó a una proporción «muy baja».
El amparo de Patricia Bullrich sostiene que para restringir garantías como las que el DNU pretende cercenar sería necesaria la declaración de un «Estado de Sitio», con intervención del Congreso, pero que para eso tendría que existir una situación de conmoción interior, que en la Argentina no hay.
Por el contrario, Bullrich señala que «no existe agitación, no está demostrado que las fuerzas del orden hayan sido desbordadas y, por otro lado, el público ha cumplido de una manera ejemplar con los protocolos establecidos por el Gobierno».
La presentación asegura que se ha violado el «derecho constitucional» de trabajar y ejercer toda industria lícita con las exigencias de funcionamiento de los comercios e industrias exclusivamente hasta las 19. Y precisa que en el supuesto de los supermercados, «la reducción horaria únicamente conseguirá que se aglutine un volumen mayor de público en una franja de tiempo más reducida».
Patricia Bullrich, en el cacerolazo frente a la Quinta de Olivos. Foto: Twitter
Patricia Bullrich, en el cacerolazo frente a la Quinta de Olivos. Foto: Twitter
El escrito resume estadísticas según las cuales, desde que empezaron las cuarentenas, se perdieron más de dos millones de puestos de trabajo y que el Poder Ejecutivo no puede “en forma desaprensiva e irresponsable” clausurar actividades a las que les atribuye los aumentos de casos de Covid sin una prueba científica que avale esas aseveraciones.
«Parece evidente que a la autoridad nacional le resulta demasiado fácil arruinar la vida ajena con unas pocas firmas. Y eso es precisamente lo que no puede suceder, porque cuando algo así ocurre, es una señal de que el pueblo está inerme frente al despotismo del poder exacerbado y fuera de órbita».
Sobre el cierre de escuelas, Bullrich recordó que por vía del Consejo Federal de Educación se habían establecido protocolos y se estaban cumpliendo «al pie de la letra». Por otro lado, esgrime que la propia «Organización Mundial de la Salud recomendó continuar con las clases presenciales».
El escrito finaliza con un «colofón» que contiene algunos párrafos de Albert Camus en su obra «La peste» y señala que «la conclusión que surge de la novela es que los efectos del autoritarismo eran la verdadera peste que aplastaba a los pobladores».
CLARÍN