La Coalición Cívica ARI (CC-ARI) reclamó a la Justicia Federal falta de acción ante la vulneración de derechos humanos en Formosa.
Tras el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del gobierno de Gildo Insfrán y a favor de las mujeres embarazadas que estarían escondidas en medio del Impenetrable, la oposición destacó la lentitud operativa del Poder Judicial. Esto se debe a que, un mes atrás, la CC-ARI presentó un amparo para intimar al gobierno nacional a poner freno a los avasallamientos sobre formoseños, del cual aún no recibió respuesta.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos accionó con mayor celeridad en obligar al Estado nacional que la propia Justicia Federal. Esto es absolutamente increíble, parece que a nadie en la Argentina le importan lo derechos Humanos de los formoseños”, indicó el diputado de la ciudad de Buenos Aires, Hernán Reyes.
“Hace semanas presentamos con Mónica Frade y Maximiliano Ferraro un amparo para que la Justicia obligue al Estado nacional a intervenir con sus operativos y dependencias ante la preocupante violación de derechos humanos en Formosa. Semanas de un absoluto silencio de la Justicia”, agregó Reyes. Y remarcó: “La Justicia tiene que estar al servicio de las prioridades de la sociedad. La defensa irrestricta de los derechos humanos es causa y competencia de todos los argentinos y las argentinas. Esta premisa tiene que estar afuera de toda grieta”.
El amparo había sido presentado por la CC-ARI el Juzgado N°5 del Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Alejandra Biotti, a mediados de marzo. Iba en contra del Ministerio del Interior de la Nación, a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que lidera Horacio Pietragalla Corti; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, conducido por Elizabeth Gómez Alcorta; la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham; el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), intervenido por Victoria Donda, y el Ministerio de Salud de la Nación, a cago de Carla Vizzotti.
Waldo Wolff, Mónica Frade y Graciela Neme, concejala formoseña del peronismo disidente, durante una manifestación en Clorinda, la ciudad lindera con Paraguay que estuvo cerrada por más de 200 días
Waldo Wolff, Mónica Frade y Graciela Neme, concejala formoseña del peronismo disidente, durante una manifestación en Clorinda, la ciudad lindera con Paraguay que estuvo cerrada por más de 200 días
En el escrito, se le solicitaba a la Justicia que garantizara los derechos de las mujeres de la comunidad wichi de El Potrillo, quienes denunciaron ser perseguidas, detenidas arbitrariamente y sometidas a cesáreas involuntarias en los centros de aislamiento gubernamentales. También, que se aseguraran protocolos sanitarios para la realización del testeo al Covid-19 y se cumplieran los derechos en los centros.
Los diputados no recibieron ninguna respuesta de la Justicia Federal, y fue la CIDH que, la semana pasada, emitió medidas cautelares a favor de las mujeres. La comisión reconoció, en un escrito publicado el 16 de abril, que las formoseñas en cuestión se encuentran “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable de sus derechos”, y pidió al gobierno de Alberto Fernández que adoptara, de “inmediato”, las “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las beneficiarias”.
En este marco, los legisladores de la oposición volvieron a acudir, hoy, al juzgado. “Vemos con preocupación que un organismo internacional, como lo es la CIDH, se haya expedido sobre este tema con anticipación a un juzgado local, como es el vuestro, habida cuenta del tema en cuestión, la gravedad institucional que reviste el mismo, e incluso mediando las distancias y tiempos correspondientes. Como ya hemos expresado en el escrito que antecede, consideramos que esta situación merece la más rápida y pronta de las respuestas, no debiendo dilatarse en lo absoluto. Aún habiendo dado traslado al Estado argentino para brindar el informe correspondiente, la CIDH ha realizado una tarea más expedita que la del órgano donde está radicado el presente expediente”, indicaron, en un escrito presentado ante el tribunal.
Además de disparar contra la Justicia, el presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, criticó al gobernador de Formosa por no hacer valer los derechos humanos en la provincia que gobierna hace 25 años. “Volvemos a reclamarle a la Justicia que le exija al Ejecutivo nacional que asegure la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Formosa, lo que, como vemos hace años, no es importante para su gobernador”, sostuvo.
Por su parte, la diputada Mónica Frade, quien visitó la provincia norteña en más de una oportunidad durante estos meses de pandemia, fue escueta y contundente: “Formosa es dinamita para la política y parece que también lo es para el Poder Judicial”.
DIARIO EL COMERCIAL
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