La interna abierta en la coalición gobernante y su definición tendrán efecto directo sobre las variables económicas clave.
La resolución de la pelea abierta entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el kirchnerismo por los aumentos en las tarifas de los servicios públicos y la salida o permanencia del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, serán clave para el sendero de la economía local en los próximos meses, sinuoso de por sí en medio de la pandemia de coronavirus y a meses de las elecciones legislativas.
La interna, que este lunes sumó un nuevo ingrediente cuando el gobernador Axel Kicillof salió a respaldar a Basualdo, tiene final abierto: desde la Casa Rosada se remarca que el subsecretario echado por Guzmán dejará su cargo en los próximos días, mientras el presidente Alberto Fernández última los detalles de una gira de cinco días por Europa a la que llevará al ministro de Economía, en un claro respaldo a su funcionario.
Pero sea cual sea el resultado de este escándalo político, que llega en medio de las nuevas restricciones para intentar contener la segunda ola de contagios de Covid-19, lo cierto es que tendrá su impacto en las principales variables de la economía local, que al Gobierno le cuesta domar: la inflación, el dólary la renegociación con la deudacon los organismos internacionales.
El principal foco de atención de este lunes estará, sin dudas, en el mercado cambiario y financiero. Es que a vista de los analistas, la permanencia de Basualdo en su cargo, y la defensa cerrada del funcionario por parte del kirchnerismo duro, implica una pérdida de poder del jefe del Palacio de Hacienda. La renovada incertidumbre coinciden distintos analistas no contribuye a la calma cambiaria y a soñar con una mejora en los precios de los papeles argentinos o del índice de riesgo país.
Eso, consideran puede elevar las presiones sobre las cotizaciones financieras (el contado con liqui y el dólar Bolsa) y sobre el billete mayorista. Sin que llegue a convertirse en una corrida, puede poner al Banco Central (BCRA) en la necesidad de vender reservas tras semanas en las que la intervención de la autoridad monetaria fue netamente compradora. En el primer cuatrimestre, el Central adquirió más de US$3500 millones en el año.
La interna se destapa, además, en momentos en que el Ejecutivo tenía la expectativa de comenzar a visualizar un lento aunque sostenido descenso en los niveles de inflación. Tras la marca de marzo, 4,8%, que fue el nivel más elevado desde fines de 2019, las perspectivas oficiales -vía refuerzo de controles en distintas cadenas productivas y acuerdos de precios- eran de que abril iba a mostrar una desaceleración.
En ese coinciden las consultoras privadas que estimaron un IPC de 3,7% en el cuarto mes, aunque con los alimentos con un alza en torno a 5% y un arrastre para mayo de casi un punto porcentual, que se verá vigorizado por los aumentos que comienzan a regir este mes, incluido el 9% de suba en las tarifas de luz para los usuarios de Edenor y Edesur, el alza en el GNC; prepagas, colegios privados y los combustibles, que llegará se estima hacia la segunda quincena.
La renovada incertidumbre no ayuda a esa buscada desaceleración y más en tiempos en que los economistas proyectan una inflación en torno al 50%, casi duplicando la pauta presupuestaria, a la que sin un freno brusco en los precios se completará hacia julio.
La interna tiene la política fiscal en el centro. Es decir cómo se gastan los recursos del Estado en plena segunda ola de Covid-19 y en carrera electoral. Guzmán fue claro al presentar el Presupuesto 2021 en septiembre último y lo ratificó cada vez que tuvo oportunidad: los subsidios a los servicios públicos no deben crecer para garantizar el cumplimiento del 4,5% de déficit fiscal. Por eso, el ministro apuntó siempre a dos aumentos en las tarifas para este 2021 y que estuvieran en línea con la inflación anual proyectada (29%).
Del otro lado, los referentes del kirchnerismo apuntan a que las concesionarias tuvieron ganancias extraordinarias con los incrementos tarifarios de la era Macri, por lo que en el actual contexto de crisis económica podrían seguir con sus operaciones sin la necesidad de incrementos para todo el año encima de un dígito, un valor que consideran pagable para la población.
El punto de equilibrio, al que varios dirigentes moderados de la coalición gobernante apuntan debe llegarse, será determinante para que el Estado no sólo pueda reasignar partidas presupuestarias a moderar el impacto económico de la pandemia, sino también de cara a la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por US$45.000 millones que deben comenzar a pagarse hacia fin de este año.
El Gobierno necesita reprogramar los pagos que se concentran en los próximos dos años de mandato y busca que el organismo que dirige Kristalina Georgieva le conceda un préstamo de facilidades extendidas, que por ahora tiene un máximo de 10 años de repago, a la vez que pugna por una extensión de esos plazos y una reducción en los intereses que cobra el organismo. Todo eso reclamó Guzmán tanto en su bilateral con la jefa del Fondo como en su participación en foros económicos internacionales (G-20 entre otros), y a las que junto a Fernández aspira a acceder.