Vilma Ibarra confirmó que las medidas de Nación no requerirán la «conformidad» de las provincias.
El Senado abrió este miércoles el debate sobre el proyecto de ley impulsado por el presidente Alberto Fernández para otorgar al Poder Ejecutivo facultades delegadas en el contexto de la pandemia. «Siempre creemos que parece prudente la consulta y el diálogo entre las jurisdicciones, pero no se requiere conformidad, si no, no las adoptaría el gobierno nacional», dijo la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, una de las invitadas al plenario de Asuntos Constitucionales y Salud de la Cámara alta, junto a la ministra de Salud Carla Vizzotti.
Superpoderes para controlar medidas sanitarias
El proyecto de ley de «superpoderes» tiene como objetivo poner la decisión de Nación por encima de las provincias, más allá de que se contemplen instancias de diálogo sobre el avance de los contagios y las medidas para superarlos. Inspirado en una iniciativa que impulsó Alemania, surgió tras el conflicto suscitado entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires por la suspensión de la presencialidad de las clases.
La disputa, que también se produjo en menor medida con otras provincias, derivó en una intervención de la Corte Suprema que se manifestó a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires para tomar sus propias medidas.
Es por eso que ahora el Gobierno nacional busca que quede avalada por ley esa posibilidad de tomar medidas a nivel nacional, enfocadas en las áreas de alerta epidemiológica, aunque haya desacuerdo por parte de los gobiernos provinciales.
Los superpoderes sin la conformidad de las provincias
Las declaraciones de Vilma Ibarra sobre los «superpoderes»
Vilma Ibarra reconoció que «es un enorme desafío administrar las restricciones de derechos» en medio de una pandemia y marcó la importancia de contar con apoyo del Congreso para sancionar una ley que reglamente los parámetros sanitarios para establecer las medidas para mitigar la expansión del virus.
Ibarra declaró que el Gobierno acude al Congreso «con la vocación de trabajar para tener una ley que permita tener un marco previsible y que cada jurisdicción sepa qué medidas tienen que enfrentar de acuerdo con la situación en que viven».
Palabra de Carla Vizzotti por los superpoderes
Por su parte, la ministra Carla Vizzotti también defendió la iniciativa y comentó que «recién ahora en la semana 17 se registra una disminución que todavía hay que ver la tendencia, pero por primera vez en todo el país y también en el AMBA se está intensificado esa tendencia de dejar de aumentar el número de casos todavía con tensión en el sistema de salud».
Compeliendo al Congreso por las medidas sanitarias
Ibarra manifestó además su expectativa de que «se trabaje con celeridad para poder contar con un marco normativo. Estamos abiertos a modificaciones, vamos a receptar en la normativa todo lo que sea razonable». La referencia de la funcionaria tiene que ver con que el DNU presidencial vence el próximo viernes 21 de mayo, y si no está aprobada la ley sería necesario volver a firmar otro decreto con los previsibles conflictos interjurisdiccionales que podría acarrear.
Como estrategia, el oficialismo hizo entrar el proyecto a través del Senado, donde sabe que cuenta con los votos necesarios para la media sanción que se concretaría la semana que viene en sesión, mientras gana tiempo para la negociación en Diputados donde aún no está claro si reúne los votos necesarios, ya que varios de sus aliados están analizando la cuestión y no garantizaron el acompañamiento.
Para reforzar el mensaje de Ibarra, Vizzotti subrayó que «todas las decisiones que se toman se realizan en consenso con distintas áreas de expertos y el Consejo Federal de Educación adopta recomendaciones en conjunto con el Ministerio de Salud», en alusión a posibles nuevos cierres de clases presenciales.
La oposición dijo sobre las medidas sanitarias…
En la ronda de consultas de los senadores, la referente porteña de Juntos por el Cambio Guadalupe Tagliaferri cuestionó que «estamos discutiendo una serie de parámetros que intentan ordenar las medidas sanitarias, pero en el artículo 3 de esta lay faculta al Ministerio de Salud a modificar esos criterios sin ningún tipo de consulta previa con el Senado o Diputados”.
En la misma línea, el jujeño radical Mario Fiad indicó que «el tratamiento de este proyecto más que dudas nos genera una enorme preocupación, el gobierno nacional no parece encontrar otra forma de gobernar que no sea con la emergencia y la excepcionalidad, la pandemia no nos habilita a suspender la Constitución Nacional».
Las expresiones de los referentes de la oposición durante el plenario de comisiones plasmó el rechazo que se venía manifestando sobre la posible inconstitucionalidad de la normativa y del incremento de atribuciones del Poder Ejecutivo, que podrá tomar medidas inconsultas.
Superpoderes de Alberto permiten cerrar las escuelas sin la conformidad de provincias
lberto Fernández envió este lunes al Senado su prometido proyecto de ley que define parámetros para aplicar restricciones ante un aumento de casos por coronavirus y, como anticipó LPO, el texto es similar al último decreto que definió un confinamiento en el área metropolitana y lo autorizó a cerrar los colegios, suficiente para que Cambiemos anticipara su rechazo y complique su sanción cuando llegue a Diputados.
Si bien Horacio Rodríguez Larreta consiguió un fallo de la Corte que declaró inconstitucional del DNU vencido el 30 de abril, nunca objetó el siguiente, que está vigente y tiene parámetros epidemiológicos para definir un cierre total, ahora incorporados en el proyecto de ley, que en caso de sancionarse empezará a regir el 22 de mayo.
El oficialismo tiene mayoría propia en el Senado pero en Diputados, sin Cambiemos, necesitará de al menos una parte del interbloque federal, un mix de socialistas santafesinos, lavagnistas, peronistas sin jefes y los 4 diputados de Córdoba Federal, leales al gobernador Juan Schiaretti.
Basado en el artículo 76 de la Constitución, Alberto pide en el proyecto delegarse facultades en el Poder Ejecutivo para adoptar medidas «razonables, temporarias y oportunas para proteger la vida y la salud pública en relación con la pandemia por COVID-19» y crear «condiciones para el acceso a la atención y asistencia médica adecuada de las personas afectadas».
Rechazo a las medidas sanitarias compulsivas y destructivas
Para Cambiemos, no se respetan las autonomías provinciales y por lo tanto la discusión volverá a la Corte Suprema. «Somos un país federal, donde deben convivir armónicamente las provincias autónomas, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional. Y la Constitución Nacional les da la obligación a los gobernadores de cuidar esa autonomía y a sus gobernados. Que no se confunda el Poder Ejecutivo Nacional, que no pretenda actuar como si éste fuera un país unitario», reaccionó Mario Negri, jefe de Cambiemos.
El también radical Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuestionó que el proyecto esté previsto para que rija durante la emergencia sanitaria, «cuando una delegación lo debe fijar el Congreso. No el Ejecutivo». La mesa de Cambiemos había definido temprano el rechazo a la iniciativa, cuando ni siquiera se conocía el texto, una coincidencia de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.
Parámetros del riesgo sanitario
El proyecto crea un semáforo epidemiológico para definir con qué nivel de contagios y de saturación del sistema sanitario las ciudades deben endurecer las cuarentenas y, si es necesario, suspender las clases presenciales.
El artículo 21 hace alusión explícita a las escuelas: señala que en los «aglomerados, departamentos o Partidos que se encuentren en situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades».
Exceptuados del parámetro de riesgo sanitario
Sólo exceptúa «la escolaridad de estudiantes de la modalidad de educación especial, en acuerdo con sus familias y, asimismo, se deberán arbitrar los medios para cumplir con los apoyos y el acompañamiento educativo de los y las estudiantes con discapacidad».
Y habilita al Gobierno, previa consulta a los gobernadores o al jefe de Gobierno, a dejar sin efecto esta medida si la situación epidemiológica mejora. Las ciudades de «alarma», tanto en el último DNU como en este proyecto, son las ciudades de más de 300 mil habitantes que tengan una suba de casos de Covid hasta alcanzar 500 de 100 mil y el 80% de la ocupación de camas de terapia intensiva.
Aglomerados en el riesgo sanitario
Pero también incorpora el concepto de «aglomerados», entendidos como una zona geográfica de varias ciudades. Un caso sería el conurbano bonaerense.
El semáforo se aplica en ciudades de más de 40 mil habitantes, mientras que en el resto las autoridades locales definirán las medidas con los gobiernos provinciales a ojo. Si bien la ley es de orden público, que obliga a aplicarse en todo el territorio, insta al Gobierno nacional a fiscalizar junto a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con informes diarios sobre la evolución de los casos.
El artículo 3 es el que define los «parámetros para definir el riesgo epidemiológico y sanitario», discriminados en «bajo», «mediano», «alto», siempre para conglomerados mayores a 100 mil habitantes.
En el primer caso se agrupan los lugares con una razón de crecimiento al 0.8 y una incidencia de 150 sobre el total de la población. También si el primer indicador sube a 1.2 y el segundo baja a 50.
Riego medio es cuando llega a 1.2 y el índice de contagios sube a 250; o supere la primer cifra y quede en 150 la segunda. Y alto si si supera 1.2 y la incidencia llega a 150, o a 250 con una razón de contagios menor. La alarma está pensada para ciudades de más de 300.000 habitantes, que además de no tener clases presenciales, tendrán una serie de restricciones similares a las vigentes el último mes en el área metropolitana.
Matar la actividad económica sin consenso de las Provincias
Queda suspendidos los centros comerciales, shoppings, ferias en lugares abiertos o cerrados, locales comerciales y gastronómicos entre las 19 y las 6 horas, deportes al contacto en aire libre, clubes, gimnasios y otros establecimientos afines. El transporte público sólo queda habilitado para esenciales.
Otras medidas complementarias son el cierre de fronteras por 30 días y la habilitación a familiares de los internados visitarlos si están en los últimos días de su vida.
Perfil/La política online