La Cámara Nacional Electoral enviará las notificaciones en los próximos días.
La Cámara Nacional Electoral decidió adelantar la designación de 200 mil autoridades de mesa para que puedan recibir la vacuna contra el COVID-19 antes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 14 de septiembre próximo, en el ámbito judicial plantean que, como máximo, las dosis deberían estar aplicadas 20 días antes de las PASO, es decir, entre el 25 y 26 de agosto.
Los encargados de esa designación son los juzgados federales electorales de cada distrito y son comunicadas por el correo oficial o por intermedio de los servicios especiales de comunicación de los organismos de seguridad nacionales o provinciales. Los nombres se eligen de manera aleatoria del padrón, pero excluyendo los afiliados a partidos políticos. Los requisitos para ser autoridad de mesa son, según la legislación vigente, “ser elector hábil, tener entre 18 y 70 años, residir en la sección electoral donde vaya a desempeñarse y saber leer y escribir”.
El 28 de abril pasado, en la reunión que mantuvieron con el ministro del Interior, Corcuera y los camaristas Raúl Bejas y Alberto Ricardo Dalla Vía le transmitieron la necesidad de contar con más recursos para atender las medidas sanitarias preventivas, como así también que el personal destinado a la elección estuviera todo inmunizado. El funcionario aclaró que no podía entregar un listado con las personas vacunadas, debido a que se podría afectar el derecho a la privacidad y sugirió que, eventualmente, una salida para evitar riesgos de contagios era convocar al personal esencial que estuviera vacunado, como los docentes para ser autoridades de mesa.
Por eso es que en la Cámara Electoral se resolvió adelantar todo lo posible la convocatoria para, así, entregar a las autoridades sanitarias nacionales los listados para que los presidentes de mesa y sus suplentes tengan la vacuna. En las próximas horas se confirmaría el día en que se iniciará ese proceso, como así también la modificación precisa del rango etario de los convocados, para no afectar a la población adulta mayor, que enfrentan mayores riesgos frente al COVID-19.