Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, hizo una nueva presentación ante la Oficina Anticorrupción
A partir del anuncio de la Oficina Anticorrupción (OA) de que pondrá en marcha un Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas Anteriores y Posteriores al Ejercicio de la Función Pública, el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica) le reclamó nuevamente al organismo que le solicite una “declaración jurada de intereses” a Alberto Fernández, en la que “consten los clientes que tuvo en los últimos tres años” antes de asumir la Presidencia, y si en ese período “dirigió, administró, patrocinó, asesoró o prestó servicios” a algún concesionario o proveedor del Estado.
El Presidente no brindó esos datos al organismo pese a que – a partir del pedido inicial del diputado López-, la OA le efectuó una serie de recomendaciones en febrero del 2020 y le solicitó que “informe a esa Oficina la nómina de las personas -humanas o jurídicas- a las que haya prestado servicios en los tres años anteriores a asumir la presidencia de la Nación – y la fecha del cese de tales presentaciones- que sean o hayan sido concesionarios o proveedores del Estado, o realicen actividades reguladas por éste”.
A ese requerimiento de la OA, Fernández contestó en marzo del año pasado que había presentado “en tiempo y forma” su declaración jurada patrimonial y que no advertía “haber incumplido normativa alguna” que lo “obligara a exteriorizar otra información que la oportunamente suministrada”.
López explicó sobre su presentación: “Le he vuelto a pedir una declaración, no solo de bienes, sino de cómo se desenvolvió a la actividad privada antes de asumir como Presidente, tal como le fue exigido el año pasado y se negó a informarlo. Hasta ahora no ha cumplido este requerimiento de la OA. Es necesario para evitar los conflictos de interés ya que el Presidente tuvo actividad privada previa a la función pública”.
Con el mismo objetivo, también presentó un proyecto de resolución el viernes en la Cámara de Diputados. Busca así que el Congreso le pida a la Oficina Anticorrupción que le exija al Presidente brindar el nombre de sus clientes en los tres años previos a asumir la primera magistratura.
Entre sus argumentos, el legislador de la CC menciona que “el Presidente de la Nación declaró haber trabajado para la empresa Repsol y haber asesorado a las autoridades del Grupo Indalo”, a la vez que “a instancias del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, del Dr. Alberto Fernández, se sancionó una ley que favoreció a la empresa Oil Combustibles, propiedad del empresario Cristóbal López, quien conducía el Grupo Indalo, que el presidente asesoraba”.
López también menciona que Fernández “declaró públicamente habitar un departamento en el barrio de Puerto Madero propiedad del empresario Enrique Albistur, quien en virtud de dicha relación de amistad se lo prestaba y se lo continuaría prestando a la fecha mientras es Presidente”. Se trata del inmueble que el ex secretario de medios del kirchnerismo le prestó durante años al Presidente, en el piso 12 del lujoso River View, antes de que se mudara a Olivos. Y agrega, que “como es de público conocimiento, la cónyuge del empresario Enrique Albistur, Victoria Tolosa Paz, a instancia del Presidente es quien encabeza la lista de candidatos a Diputados de la Nación en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos”.
Ante la consulta sobre su declaración jurada como ex titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Tolosa Paz explicó que ese departamento de Puerto Madero es propiedad de su marido publicista. “El departamento de Puerto Madero es sólo de Pepe, porque nosotros nos casamos en 2012”, dijo Tolosa Paz. Y agregó que, pese a mudarse a la quinta de Olivos, el Presidente sigue usando cada tanto esa propiedad porque tiene muchas de sus cosas personales. “Nadie le saca un departamento al presidente”, afirmó.
López fundamentó la nueva solicitud enviada por escrito al titular de la OA, Félix Crous, en su reciente resolución por la que le pidió a la Dirección de Políticas de Transparencia del organismo implementar un registro para poder controlar los antecedentes laborales de los que acceden a altos cargos en la función pública, así como su actividad al volver al ámbito privado, tras ocupar un cargo jerárquico en el Estado. El objetivo es prevenir situaciones de conflicto de intereses u otros riesgos de incumplimiento de las normas de ética pública.
“El ingreso y egreso a altos cargos públicos desde y hacia el sector privado, fenómeno conocido como “puerta giratoria”, implica riesgos de captura de la decisión pública que pueden perjudicar el interés público en beneficio de intereses privados específicos mediante el traspaso de información privilegiada o la falta de imparcialidad e independencia de criterio, entre otras conductas contrarias a la ética pública”, se lee en los fundamentos de la resolución firmada por Crous y publicada el 29 de julio en el Boletín Oficial.
El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, le requirió al Presidente que informara sus clientes en los tres años anteriores a asumir.
“Resulta evidente e imperioso que la Oficina a su cargo reitere el pedido de información y que exija que el mismo sea público, toda vez que de lo que se trata es de resguarda la ‘imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores’, máxime teniendo en cuenta que se trata del Presidente de la Nación”, advirtió López en su pedido a la OA y en el proyecto presentado en Diputados.
Fernández y Cristóbal López
Cuando el hoy jefe de Estado dejó la Jefatura de Gabinete en el gobierno de Cristina Kirchner, en 2008, volvió a la actividad privada y retomó su estudio jurídico y consultora junto a su hoy ex ministra de Justicia y socia histórica, Marcela Losardo.
Años después, en el marco del expediente judicial en el que se investigaba la deuda de Cristóbal López con la AFIP, apareció una factura suya por “asesoramiento en materia penal” emitida por Fernández en 2017 por $435.000 a Oil Combustibles, la petrolera del Grupo Indalo, propiedad del empresario kirchnerista.
En el entorno de Fernández aseguran que “jamás fue abogado de Cristóbal”, con quien – perjuran- “no se llevaba ni lleva bien”. También que la factura fue “enviada por error a Oil Combustibles, cuando fue lo del problema con (Santiago) Rosner”(en el frustrado traspaso accionario a este financista), y que fue “anulada antes de cobrarse”.
En cuanto a otro de sus clientes, la petrolera española Repsol que lo contrató para realizar tareas de asesoramiento, según reveló en 2012 el diario Tiempo Argentino, Fernández explicó que “llegó allí de la mano de Eskenazi y a pedido de (Néstor) Kirchner”. Sin embargo, el contrato de asesoría mensual por $25.000 que se difundió estaba fechado en octubre de 2011, cuando el ex presidente ya había muerto y Fernández era considerado un opositor al Gobierno. “Eso jamás se convirtió en un acto de lobby a favor de Repsol, no he tenido prácticamente trato con los directivos (…) Soy abogado y tengo un estudio jurídico, donde hago mucho análisis de coyuntura. Los contratos están a mi nombre porque no tengo testaferro ni cuentas en negro”, afirmó