26 septiembre, 2021

FM Cosmos

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“El gobierno argentino tomó decisiones muy desafortunadas”, lo dijo José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch

Analizó las consecuencias de la “anormalidad” en el ejercicio del poder que surgió con la gestión de la pandemia.

El presente de América latina, para José Miguel Vivanco, un escenario sombrío. Los regímenes autocráticos avanzan sin dar tregua sobre las libertades y los derechos fundamentales. Así se ha manifestado en lo que siguió al estallido de hace poco más de un mes en Cuba, en la cacería de opositores por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua (encaminado hacia elecciones de partido y candidato único) y en las incontables arbitrariedades y atropellos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. A esto se suman, en otros países, avances sobre las libertades, erosión de instituciones, desmanejos de la situación sanitaria y serios problemas de transparencia en la gestión.

El espectro idológico, el director de Human Rights Watch a nivel regional, además de analizar el cuadro de situación en estos tres casos, observa con preocupación que, en el último año y medio, muchos líderes latinoamericanos hayan aprovechado las licencias de la gestión sanitaria y los superpoderes para avanzar sobre algunos derechos y sobre la independencia de poderes. Un camino, sin dudas, de difícil retorno. “La pandemia ha provocado no solo un modo de vida anormal sino también una anormalidad en el ejercicio del poder. En algún casos los líderes han aprovechado estas situaciones para imponer medidas draconianas y concentrar el poder”, sentencia. Con respecto a los casos puntuales, Vivanco asegura que la situación de El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele es particularmente preocupante y evalúa negativamente la gestión sanitaria tanto de Andrés Manuel López Obrador, en México como de Jair Bolsonaro, en Brasil.

Vivanco resumió el cuadro de situación actual en países atravesados por el cercenamiento de los derechos humanos y, con respecto a la situación de Venezuela, aseguró que la demanda ante la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro podría avanzar y lograr un alcance histórico. Además, evaluó la posición de la administración argentina, bajo la presidencia de Alberto Fernández, con respecto a Cuba, Nicaragua y Venezuela: “El actual gobierno argentino ha tomado decisiones que muy desafortunadas porque son contradictorias con un Estado que ha estado comprometido hasta ahora con la causa universal de los Derechos Humanos”, asegura.

-¿Cuál es su visión sobre el rol y la posición de la Argentina con respecto a estos tres casos: Nicaragua, Cuba y Venezuela?

-En política exterior, el actual gobierno argentino ha tomado decisiones que muy desafortunadas porque son contradictorias con un Estado que ha estado comprometido hasta ahora con la causa universal de los Derechos Humanos. Desde que la Argentina recuperó la democracia con el fin de la dictadura de las Juntas Militares, la política exterior de la Argentina ha sido muy consistente en avalar y promover estándares internacionales universales en materia de Derechos Humanos. Sin selectividad y sin doble rasero.

Pretender que no está al tanto de las prácticas totalitarias de un régimen militar que se mantiene en el poder durante 60 años, negando la vigencia de los derechos básicos. En un país donde no hay derecho a la libertad de expresión, donde no hay asociaciones de la sociedad civil independientes del régimen. Es un país donde a las personas se las detiene por actividades pre-delictivas, sin debido proceso, porque las autoridades del Estado sospechan que puede cometer un delito. Y un delito en Cuba, óigase bien, es ejercer el periodismo. Literalmente lo está en las leyes. Hay una serie de actividades que están prohibidas. Una de ellas es el ejercicio del periodismo. También el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos. Son actividades que son vistas con sospecha, como conspirativas, propias de personas que están involucradas en actividades contra la seguridad del Estado. No se puede creer que el jefe de Estado Argentina, que está informado de los abusos policiales en Chile y el Colombia, y los ha condenado públicamente, cosa que me parece muy bien, escoja no emitir una opinión sobre las violaciones de Derechos Humanos en Cuba. Y en Nicaragua, que Argentina junto con México haya invocado la política de la no injerencia, me parece que, en el caso argentino, significa renunciar a la obligación jurídica y hasta ética de velar por la causa de los Derechos Humanos

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