Distintos sectores del oficialismo realizarán este martes una fuerte movilización contra la Corte Suprema. El Gobierno, como tal, “no toma postura” pero la avala y auspicia en los hechos, mientras funcionarios nacionales apoyan explícitamente la convocatoria.
La consigna de la protesta va desde un llamado liso y llano a “echar a los jueces de la Corte”, pasando por la libertad a los “presos políticos” y el fin del “lawfare”, hasta un pedido de “democratización de la Justicia” con escasos detalles sobre las características de esa “democratización”.
LAVARSE LAS MANOS
“El Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ni ningún sector político ni social. Forman parte del derecho a expresarse y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno”, es la posición “oficial” del Ejecutivo según la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.
Alverso endureció el discurso contra el máximo tribunal semanas atrás: “La Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio”, dijo a principios de mes, en plena convocatoria de la protesta de este martes. Cerruti se encargó de recordar los deseos de Alberto Fernández de una “reforma del Poder Judicial”
Cristina Kirchner también volvió a cargar contra la Justica en los últimos días. “De la misma manera que se financiaban los golpes militares, se comienzan a financiar los golpes judiciales. De las mismas maneras y con los mismos financiadores”, dijo la Vicepresidenta desde Honduras.
Juntos por el Cambio emitió este sábado un comunicado como fuerza calificando a la protesta de “golpista” y recordando el respaldo de funcionarios nacionales a la convocatoria.
Días antes, diputados de la Coalición Cívica Diputados habían denunciado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un intento del oficialismo de violar “elementos esenciales de la democracia representativa”.
Cuáles son los sectores del oficialismo que marcharán contra la Corte
En la práctica, habría dos sectores diferenciados que se movilizarán este martes al Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema: uno encabezado por el referente piquetero Luis D’Elia y otro que tiene como organizadores, entre otros, a los sindicalistas Hugo Yasky y Pablo Moyano.
D’Elia fue el primero en convocar a marchar para “echar” a los jueces del máximo tribunal. Al líder piquetero lo acompañan Juan María Ramos Padilla, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires, y Ricardo Peidro, Secretario General de la CTA Autónoma.
Este sector -que integra el Peronismo Militante, la CTA autónoma, Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, y la Corriente Martín Fierro- promete “movilizar 300 micros” (según sus propios integrantes).
Se concentrará en la plaza del Teatro Colón y a las 18:00 se movilizará frente a la Corte Suprema, donde se instalará un remolque para escenario. Según indicó D’Elía, el único orador será, en principio, el juez Ramos Padilla.
Yasky y Pablo Moyano
Por la otra parte, el secretario General de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky y el camionero Pablo Moyano trabajan fuerte en la organización junto al jefe de los docentes de SUTEBA, Roberto Baradel, y el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman.
A diferencia del grupo D’Elía-Ramos Padilla, el sector de Yasky y Moyano rechaza realizar un acto con oradores y solo planea elaborar un documento contra el Poder Judicial y la Corte Suprema, por la “democratización de la justicia”, y por el fin del “lawfare”, palabra clave del léxico de Cristina Kirchner.
Acompaña un sector importante grupo de agrupaciones sindicales oficialistas, movimientos sociales y organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Entre ellas: la agrupación judicial ultra K, Justicia Legítima; la Tupac Amaru, de Milagro Sala; el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, integrado por sacerdotes como el padre José María ‘Pepe’ Di Paola y el padre Paco Olivera; la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH); Madres de Plaza de Mayo (Hebe de Bonafini), y la agrupación Hijos.
Los principales movimientos sociales aliados del oficialismo tendrán, en cambio, una actitud medida. La Corriente Clasista y Combativa, del diputado nacional Juan Carlos Alderete, y Somos Barrios de Pie, del también diputado Daniel Menéndez, mandarán a una delegación, pero no movilizarán al grueso de sus bases.
En el Movimiento Evita directamente ya anticipó que no acompañará la protesta porque, estiman sus referentes, está lejos de las “verdaderas preocupaciones de la gente”.
Los funcionarios que apoyaron la marcha contra la Corte Suprema
El primero fue el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, el brazo judicial de Cristina Kirchner en el Ejecutivo nacional. “Siempre estoy a favor de la manifestación popular de la gente, cuando sin intermediarios le dice a los poderes hegemónicos su opinión y límites”, dijo.
Lo siguió el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien aseguró que la Corte suprema carece hoy de “prestigio” y hay que buscarle una alternativa.
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, no sólo manifestó su apoyo sino que confirmó la participación de Justicia Legítima, agrupación que preside. “Necesitamos democratizar la Justicia, debemos terminar con la corporación judicial”, dijo la jefa de los espías.
Finalmente, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, no sólo defendió la convocatoria sino que anticipó que participará de la movilización. “Voy a estar en la movilización del primero de febrero; es importante generar procesos de democratización de la Justicia”, afirmó.
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