Carolina Marafioti donará esa suma a un hospital de San Fernando; si el juez aprueba el acuerdo, el presidente Alberto Fernández podría conseguir el mismo arreglo
La Fiscalía Federal de San Isidro arribó al primer acuerdo con una de las protagonistas del llamado “OlivosGate”, la estilista Carolina Marafioti, quien donará $200.000 a un hospital de San Fernando a cambio de evitar un juicio oral y una eventual condena penal.
El acuerdo de la Fiscalía con la estilista de la primera dama, Fabiola Yáñez, deberá ahora ser analizado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, aunque se espera que lo convalide y disponga el sobreseimiento de la imputada.
La decisión que adopte Mirabelli sobre el futuro procesal de Marafioti resultará determinante para el presidente Alberto Fernández, también imputado por violar la cuarentena estricta que él mismo había fijado para celebrar el cumpleaños de su pareja en la quinta de Olivos.
En agosto pasado, el presidente Fernández ya intentó avanzar por la misma senda que Marafioti. Propuso un acuerdo similar cuando el expediente todavía se encontraba en los tribunales federales de Comodoro Py. Ofreció donar la mitad de su sueldo al Instituto Malbrán durante cuatro meses.
De prosperar el acuerdo entre el fiscal Fernando Domínguez y Marafioti, sin embargo, la próxima imputada en dar el paso podría ser la primera dama, cuyo abogado apunta a la extinción de la acción penal mediante una “reparación integral del perjuicio” como habilita el Código Penal.
Representada por el letrado Alejandro Rúa, Marafioti planteó que no tiene bienes a su nombre, que es monotributista y tiene hijos a su cargo, lo que también evaluó el fiscal. “Difícil es mensurar el daño causado en este tipo de casos a los fines de la reparación, sin embargo, si puede intentar fijarse algún criterio que permita tornar operativo el instituto, concitando los intereses en juego”, dictaminó el fiscal, según informó el periodista Nicolás Pizzi en Infobae.
De acuerdo al fiscal, la propuesta de la estilista de la primera dama resultaría suficiente para reparar el daño social que causó al participar en una fiesta en la quinta presidencial en plena cuarentena estricta junto a otros invitados. Donaría $200.000 al Hospital Provincial Petrona V. de Cordero de San Fernando.
Además del Presidente y la Primera Dama, los demás acusados esperan la decisión del juez Mirabelli. Son Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Stefanía Domínguez, Rocío Fernández Peruilh, Fernando Consagra, Federico Abraham. Santiago Basavilbaso y Emanuel Esteban López.
Para el Presidente, arribar a un acuerdo con la Fiscalía le permitiría evitar una condena penal, como también lo evitaron otros funcionarios públicos que violaron la cuarentena. La mayoría acordó donar fondos o insumos, prestar servicios comunitarios o negoció otra salida consensuada con los fiscales y jueces.
Ese relevamiento reflejó que ninguno de los funcionarios planteó la inconstitucionalidad del artículo 205 del Código Penal por el que fueron detenidos y que prevé una pena de 6 meses a 2 años de prisión para quienes atenten contra la salud pública, en tanto que muchos funcionarios presentaron su renuncia o fueron despedidos.
El análisis sobre el avance de esas investigaciones mostró una disparidad notable. Algunos expedientes acumularon procesamientos, elevaciones a juicio oral y hasta soluciones alternativas a la condena, mientras que en otros apenas se han dado los primeros pasos de la instrucción penal, ya fuera por las dificultades que la propia pandemia causó en juzgados y fiscalías, por planteos de las defensas que demoraron su desarrollo, o por presiones políticas.
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