El toque de queda fue decretado por el Presidente Pedro Castillo. Perú pasa incertidumbres por estas horas.
Perú con paro de transportistas
Área metropolitana de Lima
Pese a que, este martes, el Gobierno dispuso la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao desde las 02.00 hasta las 23.59 horas, la situación en el interior del país es distinta y varias vías aún continúan bloqueadas por transportistas de carga pesada y agricultores afectados por el alza del combustible y los fertilizantes.
Según un reporte emitido esta mañana por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), las regiones Piura, Lambayeque, Cajamarca, San Martín, Ucayali, Lima Ica y Cusco registran problemas para el tránsito de vehículos de todo tipo en el segundo día del paro convocado por diversos gremios de transporte.
Situación en Piura
La región Piura presenta el tránsito interrumpido en la carretera Interoceánica Norte en el kilómetro 217 de la vía Olmos-Piura, a la altura del óvalo Chulucanas, y en el kilómetro 249.
Situación similar se vive en el kilómetro 226, sector Flor de Caña, en la carretera Chulucanas-Morropón y en el kilómetro 10 de la carretera a Paita, a la altura del cruce la Tortuga, provincia de Paita.
En la carretera Huancabamba-Palambia no hay pase de vehículos en la zona de Quispampa, en la entrada de la ciudad de Huancabamba.
UCAYALI
En la región Ucayali hay interrupción del tránsito vehicular en la carretera Federico Basadre en el kilómetro 15, a la altura del distrito de Campo Verde. Otras vías cerradas son:
- Kilómetro 60, en Neshuya, provincia de Padre Abad
- Kilómetro 112, distrito de Irazola; kilómetro 162, en puente Aguaytía, provincia de Padre Abad-Ucayali
- Kilómetro 179, en la zona El Boquerón, provincia de Padre Abad.
CUSCO
En Cusco no hay pase de ninguna unidad de transportes en la ruta Poroy-Chinchero, a la altura del kilómetro 18, sector de Cachimayo, provincia de Anta; en la Longitudinal de la Sierra Sur, en el kilómetro 1068, sector Combapata, provincia de Quispicanchi; y en la vía Cusco-Urubamba kilómetro 50, sector Ramaldearas, distrito de Maras, provincia de Calca.
Por qué el presidente Castillo impuso el toque de queda y cómo afecta a la economía
La escalada de protestas de transportistas y gremios agrarios movilizados la última semana en Perú, con bloqueos de rutas y disturbios que el lunes dejaron un muerto, llevaron al presidente Pedro Castillo a imponer hasta la medianoche de hoy el estado de emergencia y el toque de queda en Lima y Callao.
El gobierno explicó que había recibido indicios de supuestos saqueos en Lima Metropolitana y el Callao y decidió así imponer el toque de queda, también llamado inmovilización social obligatoria.
Castillo subrayó que durante este periodo de emergencia se suspenden los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Sucesos de la semana en Perú
Más de 2000 conductores de autobuses de la región de Cuzco se sumaron ayer lunes a un paro nacional de 48 horas convocado por la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú por los altos precios del combustible y la nueva normativa sobre transportes, explicó un portavoz del colectivo, Pedro Banda.
El domingo, el Ministerio de Economía suspendió temporalmente el impuesto al consumo de los principales combustibles para mitigar el alza del precio internacional del petróleo por la Guerra Rusia-Ucrania y con ello creyó que cedería el conflicto.
En los seis días previos, el alza del precio de los combustibles y de fertilizantes provocó protestas de transportistas y agricultores, hasta que el sábado bloquearon algunas carreteras. En marzo, el país registró una inflación de 1,48%, la tasa mensual más alta en 26 años.
Toque de queda que afecta la economía peruana
Según el diario Gestión, la pérdida que implica la aplicación del toque de queda de un solo día en Lima Metropolitana y Callao es de 1000 millones de soles (268 millones de dólares), frente a un día de paro de transporte que como máximo llega a 100 millones de soles (u$s 26,80 millones).
El economista Juan Carlos Odar explicó que el paro afecta a la economía peruana entre u$s 25 y 30 millones al día, por el «impacto que tiene en los sectores de servicios, agro y transporte que se ha dado en algunos puntos del país. Es una aproximación, pero nos brinda una idea del impacto que se pierde en la economía peruana, en el PBI», expresó a Gestión.
Sin embargo, el paro de transportes que solo afectaba algunos puntos de la capital se agudizó en el país, debido a la medida de inmovilización por un día cuyo impacto resulta ser 10 veces más grande.
Jorge Carrillo Acosta, experto en Finanzas y Profesor de Pacífico Business School, sostiene que un día de paralización afecta el PBI en 1500 millones de soles a nivel nacional, y para Lima y Callao podría significar un impacto de casi 1000 millones de soles.
La medida está causando serios perjuicios a los ciudadanos porque Castillo la comunicó públicamente a última hora del lunes, y mucha gente no se enteró hasta que hoy salió de sus casas para trabajar, sin lograrlo, reportan medios locales.
De hecho, la Defensoría del Pueblo exigió el cese inmediato del toque de queda, que consideró «inconstitucional» y desproporcionado porque no contempla la movilidad de los trabajadores informales, directamente perjudicados por la medida, y presentó un recurso de «habeas corpus» para que la Justicia la derogue.
El decreto fue aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros y el presidente dijo que es a causa por los actos de violencia y bloqueo de carreteras del paro de transportistas en todo el país.
Medida del toque de queda
La medida comenzó este martes a las 2 de la madrugada hora local (4 hora de Argentina) sin que se hayan reportado detenciones o incumplimientos.
Fue adoptada por el Consejo de Ministros en respuesta al paro de transportistas que cumplió una semana este lunes, una jornada durante la que se vivieron cortes puntuales y temporales en algunas de las carreteras del país.
«El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inmovilidad ciudadana (toque de queda) desde las 2 de la mañana hasta las 11.59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales», dijo el presidente Castillo en una alocución minutos antes de la medianoche.
Rechazo del congreso peruano al toque de queda
La medida generó de inmediato un mayoritario rechazo, entre ellos de la presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, quien afirmó en Twitter que Castillo «no puede impedir el funcionamiento del Congreso» de acuerdo a la Constitución.
Anunció que, por ese motivo, el Legislativo «continuará con su agenda prevista para hoy martes 5 de abril».
«Él quiere cerrar el Congreso, los mensajes del ejecutivo siempre han sido esos. Quiere hacer una (convención) constituyente para cambiar por completo», sostuvo Alva en la mañana del martes en una entrevista con Eduardo Feinmann, en Radio Mitre.
«Ese ha sido el mensaje incluso de los (diputados) oficialistas del Congreso, no respetan la institución que representan. Nos tildan de obsesionistas cuando hemos dado voto de confianza a los tres gabinetes que tiene para garantizar la gobernabilidad, cuando sabemos que no son idóneos. Él tiene la culpa», agregó Alva.
Incluso la congresista Sigrid Bazán, de la coalición Juntos por el Perú, habitual aliada del Gobierno, se dirigió al presidente para señalar que «siendo prácticamente la medianoche, no hace sentido una medida inacatable, que no responde solución alguna y que más bien va a afectar a todos los trabajadores que en breve madrugarán para sus actividades diarias».
La decisión del Ejecutivo se tomó en medio de una ola de rumores en redes sociales sobre posibles manifestaciones y saqueos en Lima durante este martes, tras la paralización que cumplen desde hace una semana los transportistas por el incremento de precios de los combustibles.
Otros gremios de Perú sumados
Durante la protesta de los transportistas, y a la cual se han sumado otros gremios de trabajadores, murieron cuatro personas, por circunstancias derivadas de los bloqueos, mientras que otras veinte personas fueron detenidas.
Aunque el Ejecutivo peruano decidió exonerar a las gasolinas y diésel del impuesto selectivo al consumo hasta junio próximo, Castillo justificó el toque de queda debido a los «hechos de violencia que algunos grupos han querido crear» con el bloqueo del libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao.
El gobernante hizo «un llamado a la calma, a la serenidad» y aclaró que la protesta social es un derecho constitucional, pero que debe hacerse «dentro del marco de la ley, respetando la integridad de las personas , así como la propiedad pública y privada».
Incompetencia total permanente (nota de editorial del Comercio)
La medida anunciada por el Gobierno es un atropello al Estado de derecho y a las libertades individuales, y se trata de un claro intento por obstaculizar el derecho a la protesta que asiste a todo ciudadano.
A minutos de la medianoche, mientras los ciudadanos que se verían afectados por la medida que sería anunciada dormían, el presidente Pedro Castillo ofreció un mensaje a la Nación en el que luego de mucho (y muy mediocre) relleno retórico anunció la inmovilización social obligatoria para Lima y el Callao. En corto: un toque de queda que empezó a regir a las dos de la madrugada de hoy y que durará hasta las 11:59 de la noche. Ello, a partir del estado de emergencia que su gestión ya había anunciado y como consecuencia de “los actos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo del libre tránsito en los accesos de las provincias de Lima y Callao creando inseguridad y zozobra en los trabajadores”.
Protestas de estas características no son una situación nueva en nuestro país. De hecho, en el 2017, durante las manifestaciones que el ahora jefe del Estado lideró como docente contra el Ministerio de Educación, y como informó este Diario el 1 de setiembre del 2017, se intentó bloquear la avenida Javier Prado y los disturbios generaron la reacción de la policía. De igual manera, la congregación pacífica de ciudadanos en distintos puntos del país en las protestas de noviembre del 2020 dificultó el tránsito en algunos lugares y el entonces gobierno de Manuel Merino respondió con la violencia que terminó con su mandato. Sin embargo, desde la reanudación plena de la democracia a principios de este siglo, no se recuerda una medida de esta envergadura, en especial para lidiar con un tipo manifestaciones que, en honor a la verdad, han sido casi el pan de cada día para los gobiernos de turno.
Ninguno de ellos, en efecto, consideró como una solución violar tan flagrantemente los derechos de millones de ciudadanos frente a la violencia de unos pocos; una medida que múltiples expertos ya han descrito como inconstitucional por ser abiertamente desproporcional. Y toda la situación ha hecho evidente una serie de realidades.
En primer lugar, la salida elegida confirma la incompetencia de una administración que desde el primer día de las manifestaciones no supo cómo lidiar con ellas. Más aun, uno de los obstáculos para el diálogo y un factor que exacerbó la violencia en lugares como Huancayo fue el mismo presidente Castillo, que afirmó que “se está anunciando paros malintencionados y pagados por algunos dirigentes”. Un discurso que sostiene hasta hoy, como confirmó su mensaje nocturno, sin haber presentado prueba alguna de quiénes serían estos supuestos “dirigentes”. Ahora, además, el mandatario ha demostrado que cuando se queda sin ideas (esto, por supuesto, si es que alguna vez las tuvo) elige patear el tablero.
En segundo lugar, lo ocurrido anoche ha hecho evidente la desconexión de la realidad y la desvergonzada improvisación de algunos funcionarios del Ejecutivo. En la madrugada de hoy, en RPP, el ministro de Justicia Félix Chero buscó justificar la inmovilización y minimizar sus consecuencias. Por ejemplo, consultado sobre cómo los ciudadanos que viven de su trabajo del día a día podrían alimentarse hoy, respondió con un comentario que, en otro tiempo y en otro lugar, hubiese echado leña a la Revolución Francesa: “No creo que se queden sin comer, porque es un día”. El ministro Chero, además, aseveró en dicha entrevista que los ciudadanos que necesitasen movilizarse hoy debido a alguna de las situaciones excepcionales contempladas en el decreto no necesitarían tramitar sus pases laborales para circular… a pesar de que el propio decreto (que aparece con su firma) así lo estipula.
Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo ya ha demandado el cese de la inmovilización. Lo mismo ha hecho la Asociación Civil Transparencia. Y a estos reclamos se han sumado los de padres de familia que quedan preocupados porque, una vez más, se prohíbe la asistencia de sus hijos a clase y las de comerciantes que, otra vez, ven sus actividades interrumpidas. Ello, asimismo, por no mencionar que, muy temprano por la mañana el Ministerio de Salud –que, para empeorar las cosas, sigue sin titular desde hace cinco días– anunció que todos los centros de vacunación en la capital dejarán de atender hoy, en momentos en los que el ritmo de vacunación ha caído notablemente y cuando ya se está exigiendo la tercera dosis a todos los mayores de 18 años para ingresar a establecimientos públicos y privados.
Pero este manojo de despropósitos no puede distraernos de lo más importante: la medida anunciada por el Gobierno es un atropello al estado de derecho y a las libertades individuales, y se trata de un claro intento por obstaculizar el derecho a la protesta que asiste a todo ciudadano. El presidente no está resguardando la “propiedad privada y pública”, que poco le importó en el pasado; está tratando de tapar el sol con su autoritarismo ante la patente incapacidad de su gestión por ponerle fin a las movilizaciones ciudadanas. El Ejecutivo, so pretexto de frenar la violencia, ha perpetrado un acto aún más violento y eso es inaceptable.
Así las cosas, toca al Congreso de la República reaccionar a los hechos. La censura del Gabinete, que aprobó vergonzosamente esta medida, es una medida que debería analizarse a la brevedad.
Cacerolazo en contra de la inmovilización social impuesta por Castillo
Ciudadanos de Jesús María, Lince, Surquillo, Miraflores, Magdalena, San Miguel y otros distritos de la capital, realizaron un cacerolazo masivo en contra del toque de queda impuesto por el presidente Pedro Castillo para este martes 5 de abril.
Se registró gran cantidad de videos donde vecinos salieron con ollas y cucharones a protestar por los recientes anuncios presentados por el jefe de Estado y sus ministros.
Todo en medio del paro de transportistas en ocho regiones del país. De acuerdo a lo expresado por el mandatario en su mensaje a la nación, la medida de inmovilización social se adoptó para resguardar la vida y la integridad de la ciudadanía frente a los hechos violentos ocurridos el lunes 4 en diferentes puntos de la capital en el marco del paro de transportistas.
*Con información de EFE/INFOBAE/Cronista Comercial/El Comercio