Administración Ultra K de Santiago del Estero. Ahora los aprietes, torturas y muertes denunciarán a la policía ante la ONU
¿Terrorismo de Estado en Santiago del Estero?
La administración del Frente Cívico por Santiago, Gobernada por Gerardo Zamora, aliado del PJ con un partido provincial (escisión de la UCR). Tiene serios problemas con los DDHH.
De acuerdo al informe que presentarán referentes de la oposición ante Naciones Unidas, se trata de hechos que habrían ocurrido durante 2020 y 2021. Denuncian «amedrentamiento policial» y responsabilizan al Estado.
Con un documento ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, referentes de la oposición y organizaciones no gubernamentales de la provincia de Santiago del Estero denuncian presuntas «torturas y muertes producidas en dependencias policiales” así como también “amedrentamiento policial y detención arbitraria de manifestantes” y “amenazas a los familiares de las víctimas y apartamiento selectivo de jueces y fiscales».
Violaciones de derechos humanos ante la ONU
El documento, que publicó diario Clarín, comienza: «Por medio de la presente nos dirigimos a usted para poner en su conocimiento una serie de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en el territorio de la provincia argentina de Santiago del Estero».
Allí se habla de “violaciones a Derechos Humanos que han sido ocasionadas, por un lado, a través de un sistema operado desde el Estado provincial que incluye a los sectores policial, judicial y político».
Informe ante la ONU
De acuerdo al informe, que presentarán ante la ONU, se trata de hechos que habrían ocurrido «durante y después de los años 2020 y 2021» y que habrían sido compilados por el Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad Santiago del Estero, una organización creada por las madres y familiares de las víctimas «que han agotado las instancias políticas e institucionales a nivel provincial y nacional sin obtener respuestas a sus reclamos».
El objetivo de las acciones que exponen, señalaron, es «silenciar voces disidentes, proteger allegados al poder, amenazar víctimas y encubrir redes delictivas vinculadas a funcionarios públicos y sus familiares y, por el otro, a través de una serie de actos que configuran típicos casos de violencia institucional».
Favorecen al sector político de Santiago del Estero
El informe habla de una «fragilidad democrática” en la provincia, y sostiene además que “toda voz opositora se encuentra con la estructura oficialista de la persecución o la intervención, son los/as familiares de las víctimas y sus organizaciones quienes reclaman justicia».
Este accionar de las instituciones, dicen, «debilita la democracia y el Estado de derecho» a través del «avasallamiento a la justicia federal en Santiago del Estero» y argumenta que los jueces federales «fueron denunciados en reiteradas ocasiones por favorecer al poder político».