30 noviembre, 2022

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Efecto Perú: en el kirchnerismo advierten riesgos de estallido social

En el kirchnerismo se advierten riesgos de estallido social ante subas de precios y políticas de ajuste. Lo que deja las revueltas de Perú

En el kirchnerismo se advierten riesgos de estallido social ante subas de precios y políticas de ajuste. Lo que deja las revueltas de Perú

La conmoción y el estallido social

La conmoción política que vive Perú por estas horas es seguida muy de cerca por la clase política argentina, que reconoce un «aire de familia» en las protestas que tambalean al gobierno del presidente Pedro Castillo: la consigna más escuchada de estos días en la nación incaica es «Que se vayan todos».

Vista desde Argentina, la situación peruana puede inducir a confusión y dudas: ¿las manifestaciones que piden la destitución del presidente y elecciones anticipada son los sectores pobres que están afectados por medidas de ajuste? ¿O es una operación política de la derecha que rechaza el estilo de un gobierno populista?

El mix de Perú

En realidad, hay un mix de todo eso: Castillo había llegado con promesas de reparación de injusticias sociales que, rápidamente, quedó en claro que no estaría en condiciones de cumplir, por lo que perdió el apoyo de sus aliados de izquierda. Pero, además, la oposición impulsa su destitucion porque cree que su programa político de perfil estatista llevará a un empeoramiento de la situación económica.

A fin de cuentas, una situación no tan distinta a la que vive Alberto Fernández. Desde la Casa Rosada, vive una escalada de conflictividad por parte de los movimientos piqueteros -que reclaman un aumento en la asistencia estatal y dejan al desnudo la promesa incumplida de la «inclusión social»- pero simultáneamente es criticado desde la oposición por su política económica intervencionista y sufre protestas de los productores rurales, que preparan un «tractorazo» en Buenos Aires.

Inflación y estallido social

Y todos los días reciben advertencias sobre que -con una inflación de alimentos en una velocidad crucero de 6,6% mensual- lo peor todavía está por verse. Es por eso que los políticos argentinos miran con atención ese «deja vu» de Perú.

Lo que esta conmoción peruana está ratificando es lo que la clase política argentina sospechaba desde hacía tiempo: que los estallidos sociales no saben de ideologías ni color partidario, y que pueden comenzar por medidas aparentemente inocuas. Lo que hoy pasa en Perú tuvo antecedentes en países con otras orientaciones políticas, como el Chile de Sebastián Piñera y el Ecuador de Lenin Moreno en 2019 o el Brasil de Dilma Rousseff en 2013.

El espejo del estallido en Argentina

Y para muchos, la situación peruana que se ve en las pantallas de TV y redes sociales guarda el riesgo de convertirse en un «espejo que adelanta» para Argentina, dado que la convulsión se inició con protestas por aumentos de precios en los alimentos y los combustibles.

Con lo cual, quienes temen que la crisis económica local esté llegando a un límite peligroso están ratificando sus sospechas. Y cobran más relevancia las advertencias, directas e indirectas, que desde el kirchnerismo se le hacen a Alberto Fernández.

El muy comentado regalo de Cristina Kirchner -el libro «Diario de una temporada en el quinto piso», de Juan Carlos Torre- implica en sí mismo todo un diagnóstico del momento político: si Alberto Fernández insiste en comportarse como Raúl Alfonsín, corre el riesgo de terminar como él. Es decir, con hiperinflación, caos social y hasta salida anticipada del poder.

Y las señales, lejos de terminar en ese gesto de Cristina, continuaron en las últimas horas. Como la del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien dejó una frase lacónica: «Aquí en el conurbano no da más la situación social».

Las declaraciones de Kicillof tenían la forma de un apoyo al Gobierno, por las multas aplicadas a las empresas del sector del trigo y la harina por «cartelización», pero también conllevaban un mensaje de advertencia para el Presidente: recordó que la propia directora del FMI, Kristalina Georgieva, recomendaba a los gobernantes de todos los países a tomar medidas para compensar los aumentos de precios de alimentos, que se agravó por la guerra en Ucrania.

«No sé si los muchachos del FMI dominan el español, pero en la provincia no puede haber ajuste», dijo el gobernador, consciente de que falta poco tiempo para la llegada de la primera misión de auditoría del organismo.

También hubo, apenas pocas horas después de la reunión con las cúpulas empresaria y sindical -en la que se acordó adelantar la apertura de paritarias- manifestaciones de dirigentes sindicales que marcan una disidencia con la cúpula de la CGT. Por caso, Walter Correa, de la Federación del Cuero, y alineado con el camionero Pablo Moyano, dijo que «con la paritaria sola no alcanza». Recordó que en su gremio, a pesar de haber acordado un ajuste del 60%, los afiliados no pueden comprar una canasta alimentaria, y reclamó que se disponga bono salarial por decreto.

Voces de alerta

Mientras tanto, incluso desde los medios afines al Gobierno se escuchan voces de alerta sobre la estrategia peligrosa que eligió el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, al adoptar una postura de dureza frente a los piqueteros.

Zabaleta no solamente ha advertido que no dialogará bajo presión -es decir, con cortes de calles- sino que ratificó su negativa a considerar el pedido de organizaciones como Polo Obrero, que quieren un aumento en el monto de planes como el Potenciar Trabajo -paga medio salario mínimo- y que además se amplíe la nómina de beneficiarios, hoy «topeada» en 1,2 millón.

Reclamos para revisar las medidas ante posible estallido

¿Puede pasar en Argentina lo mismo que hoy se ve en Perú? Dos años atrás los medios internacionales le hicieron esa pregunta a Alberto Fernández, en referencia al riesgo de contagio por los disturbios que ocurrían en Chile y Ecuador, y su respuesta fue elocuente: no había riesgo, porque en Argentina hay algo que en el resto de la región no hay, el peronismo.

El entonces presidente electo explicaba que lo que paradójicamente había salvado a Mauricio Macri de un estallido social había sido su derrota electoral: como la población tenía la expectativa de un cambio de políticas con la llegada del peronismo, eso abría una ilusión y un optimismo que diluía la posibilidad de violencia.

Dos años y medio después, y tras haber recibido una dura derrota electoral en las legislativas, es probable que Alberto no se anime a repetir la misma respuesta. Y los politólogos ya empiezan a poner en duda la continuidad de la vieja premisa según la cual el peronismo es el único garante de la paz social.

Por lo pronto, en el kirchnerismo sospechan que sí hay riesgo de que Argentina se «peruanice». Y por eso hay una presión cada vez más explícita para adoptar medidas de emergencia y revisar objetivos comprometidos con el FMI, como el ajuste de las tarifas.

Para buena parte del 38% de la sociedad que está bajo la línea de pobreza, el primer incremento tarifario significará una suba de 23%, lo cual es un golpe para un sector que trabaja en la economía informal y, por lo tanto, no tiene la protección de la paritaria.

Es cierto que hoy -cuando se toma el salario promedio- las facturas de electricidad y gas apenas representan un 3% del ingreso, la mitad de lo que se paga en Uruguay -según estimaciones de la consultora PxQ-. Pero también es cierto que, para un país donde un hogar que perciba dos salarios mínimos todavía está un 9% debajo de la canasta familiar básica, la suba tarifaria puede significar un impacto grande. Y desatar más protestas.

El kirchnerismo viene advirtiendo -por ejemplo, en un informe de la economista Fernanda Vallejos– sobre el impacto del tarifazo, no solamente en términos de ingresos sino en su capacidad de actuar como un acelerador del proceso inflacionario.

En paralelo, se reclaman medidas urgentes que prevengan un estallido social. Los diagnósticos oficiales según los cuales los salarios y las jubilaciones les ganaron a la inflación son puestos en duda desde el propio peronismo.

Y el reclamo de un bono salarial por decreto no solamente se limita a los piqueteros «duros» sino que ya es una demanda oficial del kirchnerismo, como blanqueó el diputado Leopoldo Moreau. E incluso de parte de economistas considerados «ministeriables», como Emmanuel Álvarez Agis.

¿A Perú no le sirvió de nada tener un bajo riesgo país?

Lo más paradójico que deja la crisis de Perú es que parece reforzar el argumento de los kirchneristas que decían que una ruptura con el FMI -y, por lo tanto, un default- no necesariamente implicarían una crisis social en el país.

Después de todo, Perú cae en este caos social siendo el país de América Latina con el menor índice de riesgo país: apenas 128 puntos contra los 1.739 de Argentina, y un amplio acceso al mercado de crédito. Su economía creció el año pasado un 12,8% y para este año se prevé otro salto de 2,7%.

Lo cual habilitaría a cuestionar que el solo hecho de hacer «buena letra» desde el plano financiero y recibir la calificación de «investment grade» por parte de las agencias de riesgo crediticio sea suficiente como para mantener la paz social. Al menos, así los interpretan quienes plantean que el Estado debe fijarse como objetivo prioritario la redistribución de renta, un punto que el kirchnerismo señala cada vez con más intensidad.

«¿Quién se está quedando con lo que cobraba un trabajador en 2015?», se preguntó Máximo Kirchner en un acto junto a dirigentes sindicales en Merlo, al comentar que el salario promedio de los trabajadores metalúrgicos es hoy de u$s900, mientras en 2015 ascendía a u$s2.000.

El diputado no aclaró si había hecho el cálculo tomando la conversión al tipo de cambio oficial o al blue, pero es un detalle que a nadie le importó, porque el fondo de su mensaje estaba claro: el problema de Argentina hoy es de distribución de renta, y es ahí a donde debe apuntar la política.

Cristina en Dilma, con posibles efectos peruanos

Y si hay alguien que ha demostrado cuidado con el riesgo de los estallidos sociales ha sido Cristina Kirchner: durante su mandato, varias veces dio marcha atrás después de haber anunciado medidas como aumentos de tarifas.

Y en sus decisiones no tenía un peso menor la observación de lo que ocurría en los países vecinos. Particularmente, Cristina quedó impactada por los disturbios que sufrió la brasileña Dilma Rousseff en 2013: lo que había comenzado como la protesta por la suba en el boleto de subte de San Pablo derivó en una crisis política nacional, y dejó en duda la solidez del crecimiento de la clase media, que era el orgullo del gobierno del PT.

Fue así que, lo que inicialmente Cristina presentó como un programa para actualizar las tarifas y sacarle los subsidios a casi toda la población, quedó limitado a una medida de aumento para Puerto Madero y los barrios cerrados del conurbano.

Casi una década después, la conmoción política en Perú vuelve a actuar como recordatorio de lo frágil que puede ser la cohesión social en un país con altos niveles de pobreza e indigencia, y lo fácil que puede ser encender la chispa de una crisis.

Pocos lo expresaron de forma tan cruda como Juan Grabois, quien el año pasado, en el acto por el día de San Cayetano advirtió: «La relativa estabilidad que se mantuvo durante el tiempo de la pandemia, lograda por algunas medidas del Gobierno y la formidable red de cohesión comunitaria que por décadas tejimos movimientos sociales e iglesias, no podrá evitar por mucho más tiempo el estallido del pueblo pobre que quiere algo más que el plato de comida que nuestras ollas populares ofrecen cotidianamente».

Iprofesional

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