El Banco Central pidió frenar un proyecto de senadores kirchneristas que, al llenar de excepciones el secreto bancario, podría provocar una fuerte salida de fondos y dañar el sistema.
El argumento, dijeron desde la entidad que encabeza el economista Miguel Pesce, fue que el actual sistema de intercambio de información entre organismos funciona bien. “Cualquier modificación –apuntaron- necesita un análisis más detallado para modificar aquellos aspectos que sea necesario modificar”.
El proyecto de ley, clasificado como S-0536, fue presentado el 28 de marzo por el senador formoseño José Mayans, y lleva la firma de otros cuatro senadores kirchneristas: Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Claudio Martín Doñate, recientemente elegido por la vicepresidente Cristina Kirchner para integrar el estratégico Consejo de la Magistratura.
El proyecto fue enviado junto al que propone crear un fondo con dinero repatriado de cuentas del exterior no declaradas, para destinar al pago de la deuda con el FMI. Este último tuvo dictamen el pasado miércoles y el Frente de Todos pretende llevarlo al recinto a principios de mayo.
En el caso del proyecto que atenta contra el secreto bancario, los autores habrían aceptado el pedido del Central de estudiar más exhaustivamente el tema. El texto original modifica artículos de las leyes de entidades financieras, del mercado de capitales y de procedimiento fiscal referidos al secreto bancario.
En concreto, modifica el artículo 39 de la ley 21.526, de entidades financieras, allanando el acceso a la información bancaria a una extensa lista de funcionarios, magistrados e instituciones, desde jueces y fiscales en causas judiciales, facilitando el acceso directo del Banco Central “a cualquiera de las operaciones que realicen las entidades financieras comprendidas en la presente ley, ya sea de los sujetos que operen en dichas entidades o sobre sus propias operaciones”, al igual que a “organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales”, bajo ciertas condiciones, a requerimiento de la DGI, al Jefe de Gabinete de Ministros, a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), al Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) y “a todos los entes u organismos oficiales que tengan injerencia en la autorización y determinación de precios regulados, siempre que las informaciones respectivas estén vinculadas con el análisis y estudio de las tarifas o precios”.
Formalmente, el texto señala que “los sujetos exceptuados mencionados deberán guardar absoluta reserva de la información que llegue a su conocimiento y serán responsables ante cualquier incumplimiento de dicha obligación”, pero a su vez mete presión sobre las entidades bancarias al precisar que “los informes requeridos deberán ser suministrados en un plazo no mayor a diez días desde su requerimiento no pudiendo oponer el secreto bancario ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad”.
El proyecto también modifica un artículo de la ley 26.831, de mercado de capitales y otro de la ley de procedimiento fiscal, con un parecido listado de funcionarios, organismos y magistrados a los cuales se les allana el acceso a información antes protegida. En todos los casos se recuerda la obligación de las personas y entes pertinentes de guardar el secreto sobre la información a la que accedan invocando la norma, pero al multiplicarse el número de personas y entidades con acceso a la información, el concepto de “secreto bancario” pierde gran parte de su significado y corre el riesgo de convertirse en una suerte de “secreto a voces”.