Si bien en los hechos el DNU 690/2020 –que declaró servicio público a las telecomunicaciones y determinó que los precios serían fijados por el Ente Nacional de Comunicaciones– no tiene prácticamente aplicación por la cantidad de empresas amparadas por medidas judiciales, el Gobierno insiste en fijar los valores del sector.
Según una resolución firmada por el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, que saldría publicada mañana en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso dos aumentos de tarifas para grandes, medianos y pequeños operadores. De acuerdo con el texto, las licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles, de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet, de Servicios de Telefonía Fija y de Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico y radioeléctrico podrán aplicar a partir del 1° de mayo de este año un incremento de hasta 9,5% en el valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes en las modalidades pospagas y mixtas, tomando como referencia los precios autorizados mediante las resoluciones 1466/2020, 203/2021 y 862/2021.
En tanto, a partir del 1° de julio de 2022, las prestadoras aludidas podrán aplicar un nuevo incremento de hasta un 9,5% sobre los mismos precios.
Se trata del primer incremento autorizado en el año para los grandes operadores y el segundo para medianos y pequeños que tuvieron un aumento del 9,8% a partir del 1° de enero de este año.
Según lo informado a clientes este año, Telecom ya aumentó los precios en enero (13%) y abril (12%), y Movistar en febrero (16%), y para mayo tiene previsto un nuevo ajuste de hasta un 12,6%.
El viernes pasado, Telecom informó a la Comisión Nacional de Valores que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°8 resolvió prorrogar nuevamente por seis meses la vigencia de la medida cautelar que le fue otorgada a la compañía.
En tanto, la cautelar de Movistar sigue vigente, al igual que lo estarían la de Telecentro/DirecTV (que tuvo un revés en diciembre del año pasado) y la de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), que nuclea a 500 operadores.
A fines del año pasado, autoridades del Enacom, de la vicejefatura de Gabinete y de las compañías Claro, Movistar y Telecom empezaron a reunirse con el objetivo de sentar las bases de una agenda a corto plazo para el sector. Según pudo saber este diario, hubo dos encuentros en diciembre y uno en marzo, pero no habrían vuelto a juntarse.
La intención del Gobierno era desjudicializar el DNU y avanzar en la licitación de espectro 5G, pero no tenía previsto derogar el decreto.
“Se señaló que el 690 de ninguna manera se va a derogar, que el Gobierno va a sostener el concepto fundamental de servicio público y que hay que buscar una forma de superar las diferencias. Las telcos tienen que hacer una propuesta en línea con la definición de una política precisa y aceptar el criterio de que debe existir el servicio público para el conjunto de la sociedad”, dijeron fuentes del Gobierno tras la última reunión.
Del lado de las compañías, en tanto, plantearon que la agenda del país tiene más que ver con la conectividad que con los precios.
“Las normas son herramientas. No te podés enamorar de ningún texto. Esa es la primera cuestión a desandar. No es cuestión de quién tiene razón, sino de la supervivencia del sector”, señalaron fuentes de la industria, y apuntaron que todo el ecosistema invierte unos US$1500 millones al año en el país. “En el caso de la quinta generación de telefonía móvil, a eso hay que sumarle una red nueva, que cuesta miles de millones de dólares. Faltan un montón de cosas para llegar al 5G, pero lo más importante es el marco. Esta industria tiene el desafío de la rentabilidad en todo el mundo. No hay gente haciendo cola en Ezeiza para venir a invertir”, agregaron.