3 febrero, 2023

FM Cosmos

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Gobierno denunció a jueces, funcionarios y empresarios por un viaje al Sur

La denuncia la presentó el ministro de Justicia, Soria, tras pedido de Fernández. Ayer Cristina habló del viaje y criticó a jueces y medios

La denuncia la presentó el ministro de Justicia, Soria, tras pedido de Fernández. Ayer Cristina habló del viaje y criticó a jueces y medios

Denuncia de Gobierno a JUECES tras reunión patagónica

El Gobierno Nacional denunció este miércoles a jueces, fiscales, funcionarios y empresarios por un viaje que realizaron al Sur en octubre pasado en el que se alojaron en la Estancia Lago Escondido, propiedad de Joe Lewis.

La denuncia la presentó el ministro de Justicia, Martín Soria, luego del pedido que había hecho el presidente Alberto Fernández el lunes pasado, unas horas antes de que se conociera las sentencia contra Cristina Kirchner. En una cadena nacional le ordenó a Soria que presente la denuncia que formalizó este miércoles.

La denuncia se presentó en la Fiscalía de Bariloche donde habrían ocurrido los hechos. El delito que aparece en la denuncia impulsada por el Gobierno es por el presunto delito de dádivas.

En la denuncia parecen los nombres de los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials

También el actual Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

Además, fueron denunciados los directivos del Grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey; el asesor de comunicación Tomás Reinke; y el ex director de jurídicos de la SIDE, Leonardo Bergroth.

El viaje al Sur del país había sido contado semanas atrás por el diario oficialista Página/12. Este fin de semana, el tema cobró mayor difusión a partir de la filtración de supuestos chats de la aplicación Telegram que habrían sido obtenidos mediante un hackeo entre los involucrados.

La mirada del GOBIERNO PORTEÑO

El ministro de Seguridad porteño, D’Alessandro hace unas semanas denunció en la Justicia que había sido víctima de un hackeo y sostuvo que los presuntos chats que lo involucran fueron «creados».

«Son capaces de meterse, según ellos, al teléfono del ministro de la Ciudad de Buenos Aires, reconstruir un chat y dejar plasmado cómo se articula todo el poder y el lawfare pero no pueden abrir el teléfono de cuatro personas que intentaron asesinar a la vicepresidente», afirmó el funcionario del PRO.

«Son chats que se crearon», remarcó el ministro porteño, y agregó: «De forma falsa, ilegal, se realiza un posteo de un supuesto grupo, con supuestas charlas, cosas editadas, cosas armadas, algo muy peligroso que daña las instituciones».

El martes, tras la condena de 6 años por corrupción en el caso de Vialidad, Cristina Kirchner hizo referencia al viaje al sur y a los presuntos chats que fueron obtenidos de manera ilegal por un hackeo.

En ese discurso apuntó contra el Poder Judicial y contra los medios de comunicación, y sostuvo que en 2023 no será candidata «a nada».

Medidas judiciales

En la denuncia de Soria, el Gobierno pide una serie de medidas que incluye la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos.

“En caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, afirma la presentación de Soria.

Denuncia a través de comunicado de Gobierno

La denuncia, dada a conocer a través de un comunicado oficial de Presidencia, afirma que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

El Poder Ejecutivo sostuvo que su presentación “responde al objetivo constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial” y, en cuanto a ello, agrega que “se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse».

«Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política”, agrega la denuncia, en la que el Estado Nacional pide ser parte querellante.

La imputación en Bariloche: Viaje de los jueces

En paralelo a la denuncia del Gobierno, la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare investiga, por otra denuncia, el mismo viaje al Sur. Este miércoles imputó a los involucrados -los mismo que figuran en la denuncia del Gobierno- por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas.

En ese escrito, la fiscal pidió que la empresa aérea Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A entregue los datos del viaje y además le pidió a las Policía de Seguridad Aeroportuaria que entregue las imágenes del aeropuerto de Bariloche a donde llegó el vuelo.

La funcionaria judicial tomó una seria de medidas en la investigación debido al caracter genérico de la denuncia, basada en una nota periodística cuyas fuentes eran «los meros dichos de dos concejalas locales».

Tras analizar la documentación e imágenes de cámara de seguridad del aeropuerto de Bariloche, entrecruzar datos de la Dirección Nacional de Migraciones y la PSA, la fiscal descartó, según explica en su imputación, la presenta de Mauricio Macri y el empresario inglés Joe Lewis en el viaje, algo que decía la denuncia original presentada ante la justicia de Bariloche.

Clarín

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