Los 16 diputados oficialistas impusieron su mayoría en la Comisión de Juicio Político. Avanzan las denuncias contra los jueces en Diputados
En en juicio político a la CORTE
Con 16 votos a favor y 15 en contra, el kirchnerismo se impuso en la Comisión de Juicio Político para declarar admisibles las acusaciones y abrir un sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard se reúne desde las 11 en la sala 1 del edificio Anexo para avanzar con esta instancia, tras dos encuentros previos que sirvieron para establecer el cronograma de trabajo y recibir los testimonios de los autores de los 14 expedientes que se tramitan.
La tercera reunión comenzó con un tenso cruce, debido a que el informe estuvo 48 minutos antes. Otro momento que generó rispidez fue cuando el oficialismo propuso a un diputado riojano para ocupar la vicepresidencia segunda y salieron a cuestionarlo.
“Más allá de las condiciones académicas o políticas del diputado del Frente de Todos, no puedo dejar pasar que el gobernador de La Rioja en diciembre, cuando la Corte Suprema sacó la cautelar en favor de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que él no iba a acatar ningún fallo, que había que desconocerlo”, expresó Juan Manuel López.
Germán Martínez salió a responderle y acusó al diputado de la Coalición Cívica ARI de concurrir a «picantear» la reunión. Finalmente, Gaillard pasó a votación la designación del diputado Herrera, que fue aprobada por el oficialismo por mayoría y sin los votos de la oposición.
Cómo se ve el juicio político a la Corte
El legislador de la CC-ARI durante su exposición acusó de «menemista» el procedimiento de juicio político y sostuvo que los dirigentes del Frente de Todos tienen preparado el relato respecto del juicio político de la Corte.
«Este juicio político constituye un alzamiento del Presidente [Alberto Fernández] y de un grupo de gobernadores. Se trata de un acto abiertamente destituyente porque intenta alterar el orden democrático. Ustedes, al restringir la deliberación de los magistrados, restringen su independencia», disparó Juan Manuel López.
En ese marco, afirmó que «los pedidos de juicio político socavan la independencia del Poder Judicial» y apuntó contra el oficialismo: «No dimensionan el daño que le están haciendo a la democracia».
«Por eso piden que los juzgue la historia para no rendir cuentas. Yo creo que esa frase de la líder de su espacio político es clara respecto de lo que piensan, quieren que los juzgue la historia y la historia los va a juzgar», sentenció.
La referencia es a la frase que pronunció Cristina Kirchner en 2019, durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), cuando manifestó: «Este tribunal seguro es del lawfare y seguro ya escribió la condena. No me importa, sepan, no me importa. A mí me absolvió y me absolverá la historia, y a ustedes los va a condenar la historia”.
En el mismo tono crítico continuó Mario Negri, quien cuestionó el «ensañamiento» de los legisladores contra los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
«Los jueces de la Corte Suprema no han incurrido en delito o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, las causales invocadas son artificiales, son dogmáticas y carecen de sustento real», expresó el legislador radical.
Un descargo…
El descargo del oficialismo corrió por cuenta del diputado Leopoldo Moreau, quien sostuvo que por sus sentencias y «manejos mafiosos» es «imprescindible» abrir la investigación sobre los miembros del máximo Tribunal.
«Negarse a abrir la investigación es cerrar los ojos frente a uno de los poderes más corruptos que lamentablemente tiene el sistema republicano», expresó el diputado oficialista.
Asimismo, aseguró que el máximo tribunal de Justicia «asume facultades que no le son propias y ese es el verdadero golpe de Estado».
Por su parte, el diputado del PRO Pablo Tonelli advirtió que la Comisión de Juicio Político «no puede ni debe ser una instancia de revisión de sentencias, a lo sumo una instancia de control», pero aclaró que la única excepción para que los jueces puedan ser juzgados por sus sentencias es el prevaricato..
«Estamos hablando de denuncias fundadas en el contenido de las sentencias. Lo que me interesa destacar es por qué no se puede someter a los jueces a enjuiciamiento por el contenido de sus sentencias. La razón es muy clara y poderosa: se acaba la independencia judicial», aseveró.
En esa línea, el diputado opositor continuó: «Los jueces ya no podrían tener la libertad de decidir las causas según su leal interpretación de la ley y la Constitución sino que estarían pensando o calculando cuál es el criterio del gobernante de turno para adecuarse a ese criterio y se acaba la independencia judicial».
«¿A quién beneficia la independencia judicial? Beneficia a los más débiles, a los desprotegidos, no a los poderosos que siempre han encontrado a lo largo de la historia de la humanidad el modo de defenderse», agregó.
A su turno, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, destacó que lo que se está definiendo «no es ni más ni menos que abrir un sumario» y aclaró que no saben cuánto va a durar el proceso.
«Estamos haciendo las cosas bien en esta comisión. No nos estamos adelantando a ninguno de los pasos que hay que dar para poder avanzar. Lo hicimos desde el primer minuto, inclusive cuando muchos dudaban de la aplicabilidad o no de la herramienta de juicio político en estas circunstancias», enfatizó Martínez.
Y completó: «Hoy acá además de los elementos políticos, que son centrales en la conformación de un juicio político, ha habido un esfuerzo de todos los bloques manifestado en los distintos expedientes que se ingresaron por fundamentar. A alguno le podrán gustar más o menos una fundamentación, pero nadie puede decir que no están fundados y que no están motivados. Si están fundados y están motivados, pueden ser admisibles y no corresponde ningún tipo de rechazo in limine de esos expedientes».
Qué se vota en la comisión
El informe de admisibilidad no es un dictamen, es una resolución que se somete a votación y se aprueba por mayoría simple. El Frente de Todos cuenta con 16 miembros propios sobre los 31 totales que integran la comisión. Les alcanza, con lo justo, para darle luz verde, pero no puede fallar nadie.
El oficialismo tiene previsto aceptar casi todos los 14 pedidos de juicio político vigentes. Pero mantenían dudas con dos de los presentados por particulares.
Tal como contó Clarín, Juntos por el Cambio tendrá postura dividida. Dado que la aprobación en el recinto es imposible, porque el oficialismo necesita dos tercios y no los tiene, desde un inicio la oposición calificó la maniobra contra la Corte como un mero «circo» para «presionar» a los jueces.
La Coalición Cívica acuerda con esa lectura pero en pos de mantener la coherencia decidieron sostener el pedido de juicio político que su líder, Elisa Carrió, inició contra Lorenzetti en 2017.
CLARÍN