El monto total de la deuda, señaló el jefe de gobierno porteño, ya asciende a $148 mil millones.
El jefe del Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta realizó un nuevo pedido de embargo de las cuentas del Banco Nación a la Corte Suprema a fin de que se cumpla la cautelar, dictada el pasado 21 de diciembre sobre la quita de fondos coparticipables.
Pero esta vez, también reclamó, una «intimación al Banco de la Nación Argentina», que es la entidad que reparte los impuestos federales, y la «imposición de multas» a esa entidad bancaria.
En ese fallo el máximo tribunal ordenó al Gobierno nacional restituir fondos de la coparticipación federal de impuestos en favor del distrito porteño a un nivel promedio entre el reclamado y el porcentaje al que el gobierno del Frente de Todos lo redujo.
Es decir, el 2,95 de la coparticipación primaria que recauda el gobierno nacional y no el 1,40 como dispuso hacerlo el presidente Alberto Fernández en setiembre de 2020 para pasarle ese dinero al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La Corte aún no se expidió sobre el pedido de fondo del jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta: que se declare inconstitucional el decreto del presidente que la quitó esos fondos.
El nuevo pedido de embargo -en marzo había hecho el primero- se conoció tres días después de que la ex secretaria de Provincias y actual presidenta del Banco Nación declarara ante la comisión de Juicio Político contra la Corte que maneja el kirchnerismo.
La nueva solicitud le pone tensión a la Corte que, en general, no decide sobre cuestiones políticas en medio de una campaña. Además, el viernes empezó la feria judicial que dura dos semanas. Y el gobierno de la Ciudad no pidió la apertura de feria. Así el pedido se resolverá cuando se reanuden las actividades de tribunales.
Batakis afirmó el martes, bajo juramento, que recibió instrucciones del ministro de Economía, Sergio Massa, y del jefe de Gabinete para pagar los 148 mil millones de pesos de deuda en bonos y no en efectivo como señala la cautelar de la Corte. No se sabe si se refirió a Juan Manzur o su reemplazante Agustín Rossi.
En la transcripción de la sesión del martes pasado de la comisión de Juicio Político Batakis se puede leer que dijo: “el Ministerio de Economía de la Nación y la jefatura de Gabinete de la Nación, que son los que representan al Poder Ejecutivo en esta materia de coparticipación federal de impuestos, no nos notifican sino que nos instruyen respecto de las acciones que deberíamos tomar”.
“Nosotros recibimos una instrucción que tiene que ver con hacer el pago de la coparticipación -una decisión, por supuesto, del Poder Ejecutivo- a través de títulos públicos. Para eso el Banco Nación, cuando recibe esa instrucción, le solicita al gobierno de la Ciudad que abra una cuenta comitente porque, como ustedes saben, los títulos públicos no pueden ser depositados en las cuentas comunes del régimen de coparticipación”, agregó.
El pedido lo hizo en nombre de Larreta, el procurador porteño, Gabriel Astarloa, quien se negó a recibir bonos y reclamó que se pague día a día en efectivo el porcentaje del 2,95 por ciento.
Se basó en la cautelar de diciembre pasado de la Corte que dispone “ordenar que durante la tramitación del proceso el Estado Nacional entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548” de coparticipación.
Además, la Corte dispuso que “las transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.
En forma paralela a este recurso presentado en la Corte, el procurador porteño denunció ante la justicia federal por desobediencia de un fallo al presidente Alberto Fernández y a quienes se niegan a acatar la cautelar. La causa la tiene el juez federal Daniel Rafecas quien delegó la investigación en el fiscal Ramiro Gonzalez y Batakis podría ser llamada a declarar como testigo.
La presentación del viernes pasado precisa que el monto total adeudado al distrito porteño asciende a poco más de $148.000 millones, calculado al pasado 13 de julio, fecha en que se emitió la cautelar.
Astarloa es el jefe de los abogados del gobierno porteño, es decir, ocular el mismo cargo que el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini.
En su escrito, el procurador porteño precisó: «conforme se expresara en nuestras anteriores presentaciones, se mantiene el incumplimiento a la medida cautelar dispuesta por V.E mediante sentencia de fecha 21 de diciembre de 2022″.
«Las transferencias efectuadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) han continuado siendo por un monto en pesos equivalente al 1,40% de la masa de fondos definida en el artículo 2 de la ley 23.548. y no el 2,95% dispuesto en la sentencia», indicó Astarloa en el escrito.
En el texto, el procurador general de la Ciudad puntualizó: «Subsiste la deuda proporcional correspondiente al periodo comprendido entre los días 1° a 21 de diciembre de 2022, incumpliendo de esta manera con el pago dispuesto por imperio de la Ley N° 27.606 en su artículo 3º».
«El monto total adeudado por el Estado Nacional por dicho periodo asciende a la suma de pesos cuatro mil doscientos veintiséis millones ochocientos setenta mil novecientos sesenta y siete con noventa y siete centavos ($4.226.870.967,97)», agregó.
«En virtud de lo expuesto, vengo a reiterar mi solicitud de que se ordene la medida ejecutoria solicitada, es decir trabar embargo diariamente de la suma correspondiente al 1,55% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23548″, resaltó.
Ese cifra «debe ser detraída de la suma que le corresponde a la Nación en la distribución primaria y ordenar al Banco de la Nación Argentina que en forma diaria y automática se transfieran a la Ciudad de Buenos Aires, junto con el 1,40% que se recibe hasta el presente», enfatizó el procurador en el comunicado.
Ante el incumplimiento del fallo cautelar por parte del Gobierno nacional, cuya deuda total asciende a $4226.0000 millones, motivo por el cual Astarloa reiteró «la solicitud de intimación al Banco Nación Argentina a que cumpla con las transferencias en el porcentaje, forma y tiempo en el que fueron ordenados»