La magistrada (Ana Figueroa) está «atrincherada» en Casación. No firma expedientes, pero sigue cobrando su sueldo.
Debate sobre la Jueza Figueroa en foro de abogados
El debate en torno a la situación de la jueza federal Ana María Figueroa se trasladó al Colegio de Abogados de la Capital Federal. Este lunes analizarán el caso después de una presentación de la consejera y representante por los letrados, Jimena de la Torre. Desde la entidad señalaron que la magistrada “debe irse y su cargo debe concursarse para ser cubierto”. Sostienen que la letra de la Constitución Nacional es clara sobre la edad límite para continuar ejerciendo.
Después de conocerse que el Consejo de la Magistratura finalmente liquidó el salario de la jueza Figueroa correspondiente al mes de agosto, pese a que ella decidió no ejercer las funciones inherentes a su cargo, la tensión en ciertos sectores del Poder Judicial se profundizó. Hay un pedido concreto en varios despachos de Comodoro Py para que la Corte Suprema “como máxima autoridad ordene la inédita situación”.
La integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal, está a la espera de que el Senado logre aprobar su pliego, que le prorrogue durante cinco años más su permanencia en la Justicia. El 9 de agosto Figueroa cumplió 75 años, la edad tope que estipula la Constitución Nacional para continuar en funciones dentro de la justicia. Sin embargo, tras pedir una prórroga que concedió el presidente Alberto Fernández, resta el trámite en el Senado.
Una situación inédita e incómoda
Fuentes judiciales son categóricas al interpretar la letra de la ley y sostener que “como el trámite no concluyó antes de la fecha de cumpleaños, no hay otra lectura posible y debe jubilarse”. El trámite, entienden, concluye con la aprobación del Senado -hay que recordar que Cristina Kirchner fracasó en dos intentos por no tener las manos suficientes-, y con la publicación por parte del Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial.
El pliego de la jueza de Casación quedó congelado luego de su aprobación en la Comisión de Acuerdo junto a una extensa lista de 73 jueces y juezas de diversos fueros. Nunca llegó al recinto para su tratamiento y aprobación. Pero la magistrada sostiene que hay voluntad política para avanzar en el trámite parlamentario y bajo esa argumentación resolvió no firmar resoluciones, no participar de las audiencias ni ejercer la presidencia del tribunal, que había asumido en enero. Sigue en el cargo sin cumplir con sus funciones.
Con este escenario, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires analizará el caso este lunes. Hay un pedido concreto por parte de Jimena de la Torre, consejera en representación de los abogados, de que se proceda a una denuncia ante el fuero contencioso administrativo.
Ante la consulta de Clarín el presidente del Colegio de Abogados porteño, Alberto Garay, señaló: “La Constitución es clara y toda duda que pudiera existir se disipó en el fallo ‘Schiffrin’. El nombramiento expira a los 75 años a menos que antes de cumplir esa edad el presidente haya propuesto extenderle la designación por 5 años más y el Senado haya prestado su acuerdo. Si no existió acuerdo dentro de ese plazo debe retirarse”.
Respecto a la situación que Clarín dio a conocer la semana pasada sobre la liquidación del salario de la jueza, Garay sostuvo que Figueroa “se aferra a un cargo que ya no tiene y se ha apropiado de una remuneración que no le corresponde. Su concurrencia al tribunal es manifiestamente irregular, ocupando ilegítimamente oficina, consumiendo recursos del Poder Judicial, generando una situación de gravedad extrema que mancilla el ya vapuleado prestigio del Poder Judicial Federal”.
Sospechas sobre el viceministro Mena
En una línea argumentativa similar, en su nota la integrante del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados sostuvo que la jueza federal “cabría estimar la posibilidad de promover desde este honorable Colegio una acción declarativa de certeza en orden a que la justicia contencioso administrativa federal se expida sobre esta situación en particular que ocasiona un perjuicio al servicio de justicia, a los operadores de la justicia penal e inclusive a los otros magistrados que integran el mismo tribunal en este momento”.
El 14 de agosto, después de la derrota electoral del Gobierno en las PASO, el viceministro de justicia, Juan Martín Mena presentó una nota ante el Consejo de la Magistratura pidiendo que no se avance con los trámites jubilatorios de la jueza Figueroa.
Hay un dato que no pasa inadvertido en Comodoro Py: Mena, además de ser un hombre que responde a Cristina Kirchner, es uno de los imputados de la causa conocida como Pacto con Irán, acusado al igual que la vicepresidenta de encubrimiento agravado del atentado de la AMIA.
El cargo de la jueza Figueroa debe concursarse
La jueza Figueroa junto a sus pares Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, debe resolver si los acusados irán a juicio oral o si dejarán firme el sobreseimiento que dictó un Tribunal Oral.
El Colegio de Abogados de la Ciudad sostiene que el cargo de Ana María Figueroa debe concursarse, una decisión que debe adoptar el Consejo de la Magistratura. El paso previo sería remitir a la jueza una notificación informándole que cesó en sus funciones. Nada de esto aún ocurrió.
Sí bien un grupo de consejeros ya lo plantearon en más de una reunión, el kirchnerismo también ahí cerró filas en defensa de la magistrada pidiendo que se espere a que el Senado apruebe el pliego.
CLARÍN