Ahora que se hará el juicio por lavado con las firmas de los Kirchner, crecen los indicios de que existió una asociación ilícita.
Nuevo juicio oral desde el lunes
Según lo estableció la Cámara Federal de Casación penal este lunes, Cristina Kirchner deberá afrontar un nuevo juicio oral por hechos de corrupción. En el caso unificado Hotesur-Los Sauces, está bajo la lupa el entramado del alquiler de hoteles por parte de su ex socio comercial, Lázaro Báez, quien al mismo tiempo se convertía en el principal contratista de obra pública vial en el sur. La noticia tiene otro lado caliente: cuando ambos fueron condenados en el caso Vialidad, en diciembre pasado, el Tribunal tendió un puente entre los delitos que juzgaba y las maniobras de lavado que serán materia de un nuevo debate oral.
El TOF 2, que encontró responsable a la vicepresidenta del delito de administración fraudulenta, sostuvo en los fundamentos de la condena que ella se benefició con Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez. Los beneficios que recibió de la compañía posibilitaron “el incremento de su patrimonio” gracias los contratos celebrados entre el dueño del Grupo Austral y las empresas de los Kirchner: la inmobiliaria Los Sauces y a la hotelera Hotesur.
Todo el dinero volcado a lo que la justicia calificó como “contratos simulados” tuvo como único origen las irregularidades en las obras viales. Así quedaron conectadas las maniobras que se corroboraron en el caso Vialidad, y el «retorno» a los Kirchner de una porción de esos fondos en una segunda etapa, a través de operaciones comerciales «simuladas».
Lazos promiscuos con el erario público
Los jueces que firmaron la primera sentencia por corrupción contra Cristina y Báez indicaron que la relación entre ellos tuvo como caja principal al erario público: hablaron de “lazos promiscuos”, que no distinguían el interés de lo público con lo privado. El daño ocasionado al Estado se estimó en 85.000 millones de pesos.
¿Cómo se conecta esto con la causa Hotesur-Los Sauces que ahora fue reabierta? El circuito corroborado funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio.
Ese dinero, explicó la justicia, se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”.
Según la argumentación judicial, Cristina Kirchner proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez, que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales”. “O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.
El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta». La referencia es hacia Hotesur -la firma dueña del hotel Alto Calafate- y Los Sauces, la inmobiliaria.
La ventana de tiempo: un dato clave
Cuando durante el juicio de Vialidad se analizó el período de la maniobra defraudatoria con la obra pública, se especificó que era coincidente con los negocios hoteleros e inmobiliarios que tuvo como protagonista al Grupo Báez y a la familia Kirchner.
En otras palabras, detallaron los jueces, “fue un vínculo comercial tan estable que abarcó prácticamente tres mandatos presidenciales”.
La asociación ilícita
El Ministerio Público Fiscal representado en Vialidad por Diego Luciani, insistió ante la Casación sobre el delito mayor atribuido a Cristina Kirchner durante la investigación, pero que no formó parte de la condena: la asociación ilícita en carácter de jefa.
Ese uno de los puntos que analizará la Cámara de Casación cuando en los próximos meses revise esa sentencia por corrupción.
Vialidad
Respecto a este delito, la fiscalía comprende que hay otro puente entre el caso Vialidad y Hotesur-Los Sauces. En estos últimos expedientes que deberán debatirse en un juicio oral -como indicaron los jueces de la Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña- se la acusa a la vicepresidenta de haber sido jefa de una asociación ilícita, las maniobras de blanqueo y haber recibido dádivas.
El fiscal ante la Casación Federal, Mario Villar, trazó una línea directa entre ambos expedientes: Vialidad y los negocios hoteleros e inmobiliarios.
“Si estaban en una asociación ilícita para lavar el dinero de obra pública, por qué no habría asociación ilícita para conseguir el dinero de obra pública”, señaló una fuente judicial a Clarín al analizar la situación.
Villar había remarcado en su apelación que en Hotesur-Los Sauces quienes firmaron el sobreseimiento -ahora revocado- no tuvieron en cuenta que en el caso de la obra pública vial se detectaron irregularidades que fueron citadas como delito precedente: «sobreprecios, prórrogas reiteradas sin justificación válida, canal de pago preferencial a diferencia de otros contratistas, concurrencia múltiple de empresas del mismo grupo a una misma licitación, simulación de competencia, procedimientos en tiempo récord, falta de sanciones por incumplimiento y de controles, adelantos de obras que no habían comenzado, entre otras, en su asignación principalmente al Grupo Báez».
Desde el Ministerio Público Fiscal entienden que «todo termina como mecanismos de lavado en Hotesur y Los Sauces. Es decir: me hago de dinero por obra pública (Báez), me hago de dinero a través de los planes de pago de deuda fiscal con Oil Combustibles (de Cristóbal López) y eso se lava por intermedio de los hoteles y las propiedades. Así la asociación ilícita se apodera y crea la forma de retorno”.
Los negocios con Los Sauces
La compraventas de inmuebles, fideicomisos para construcciones, permutas, préstamos dinerarios, son parte de los acuerdos celebrados entre los Kirchner y Báez, que se analizaron en el caso Vialidad.
Por ejemplo: hubo operaciones realizadas con otras constructoras del grupo Báez, como terreno cedido por Cristina a su inmobiliaria familiar Los Sauces, en el que firma Loscalzo y Del Curto construyó un edificio de cuatro departamentos que, posteriormente se entregó en locación a Kank y Costilla SA. Todas esas eran empresas de Lázaro Báez.
Los sauces
“Recordemos que en virtud de ese concepto, la sociedad familiar -Los Sauces- le facturó a Kank y Costilla 1.652.422,46 pesos sin IVA por el período que va desde enero de 2009 hasta octubre de 2015. Una relación de larga data y por demás fructífera para la sociedad conyugal de los ex Presidentes”, se explicó.
Además, se firmó un fideicomiso para la construcción de unos departamentos que se inscribieron a nombre de Los Sauces para después ser alquilado por dos empresas de Báez.
Otro complejo de departamentos de la inmobiliaria, construidos por Austral Construcciones, fue alquilado a la firma.
Mientras Austral Construcciones se imponía en cuanta licitación se presentaba, la firma de Báez pagó a los ex presidentes, sólo en concepto de alquileres, 40 millones de pesos. Además, permutó un terreno tasado en 14,7 millones de pesos con la vicepresidenta y compró diez propiedades por dos millones de dólares.
Los hoteles también
Entre 2008 y 2009, Néstor Kirchner y sus empresas Hotesur y Los Sauces encomendaron el gerenciamiento de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez. En su alegato durante el juicio Vialidad, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, había simplificado todo: “unos alquilaban y otros pagaban”. Pero los jueces desecharon esa inocente explicación.
Esos alquileres se “acordaron en sumas realmente significativas, superiores en conjunto a los cien mil dólares mensuales y por montos finales millonarios en pesos”. Esto, añadieron, “no sólo les permitió a sus dueños neutralizar todo riesgo inherente al rubro (turismo) sino que, principalmente, les aseguró el sostenimiento de un emolumento constante sin contingencias posibles”.
Por ejemplo, en diciembre de 2007 Austral le prestó a los ex presidentes 8.329.596,60 pesos. Esos fondos permitieron concretar la adquisición de Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate, en febrero de 2008. Hacia mayo del mismo año, firmaron un contrato de locación con Valle Mitre, propiedad de Báez.
Pero la vicepresidenta señaló que es «falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones recíprocas».
CLARÍN