Lo dispuso una Cámara de Apelaciones de La Plata. Argumenta que el procedimiento de detención fue ilegal y se podría derrumbar todo
Liberado el extractor del PJ en La Plata de dinero de tarjetas
Julio “Chocolate” Rigau (63), el puntero político del PJ que fue detenido cuando sacaba plata de un cajero con 48 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados bonaerenses. recuperará la libertad este jueves.
Según confirmaron a Clarín fuentes judiciales, un dictamen de la Cámara Penal de Apelaciones platense consideró que la policía no tenía orden de “requisa” para intervenir cuando el hombre extraía dinero en un bóxer del Banco Provincia ubicado en pleno centro de la capital provincial. Es un tecnicismo que beneficia al puntero que fue atrapado y pasó 12 días preso.
El dirigente –de extenso recorrido en todas las agrupaciones internas del PJ platense– será puesto en libertad esta tarde, según confirmó este diario. Y el proceso que intenta descifrar e identificar a los responsables de las maniobras de la denominada “caja negra” de la política se derrumbaría como un castillo de naipes.
De acuerdo con el principio legal conocido como “fruto del árbol venenoso”, todas las actuaciones que hizo la Justicia a partir del momento en que quedó preso Rigau –el sábado 9 de septiembre– serán anulados porque el acta 1 del expediente fue considerado nulo.
Fallo escandaloso
En un fallo con voto dividido, la Sala III de la Cámara de Apelaciones, hizo lugar a un habeas corpus que presentó el Alfredo Gascón Cotti, defensor del dirigente detenido. Con el voto de Juan Alberto Benavides y la adhesión de Alejandro Villordo, concluyeron que los policías que llegaron esa noche al cajero por la denuncia de un vigilador de plaza San Martín, no tenían atribuciones para revisar (hacer una “requisa”) a “Chocolate”.
Allí fue que constataron que en una bolsa de residuos guardaba casi 1,2 millón de pesos y que en otras 48 bolsitas tenía las tarjetas de débito a nombre de empleados de Diputados de las que extraía 30 mil pesos de cada una (el máximo permitido por el Banco).
Los camaristas consideraron que al no estar cometiendo “un delito aparente” que podría habilitar la intervención de la fuerza de seguridad, los agentes habrían “invadido la privacidad” de Rigau.
Esta decisión –que tuvo el voto en disidencia del juez Juan Cruz Mateo– podría ser apelada por la fiscal Betina Lacki, quien tuvo a su cargo la instrucción del proceso hasta ahora. La fiscalía obtuvo las filmaciones del Bapro de esa noche, un acta que inició la presidencia de la Cámara de Diputados para hacer una investigación interna y el aporte testimonial de casi la mitad de las personas que figuran como dueñas de los plásticos que poseía Rigau.
La imputación era por “estafa reiterada en al menos 177 casos contra 45 personas”. Es el número de tickets que tenía el puntero el día de la detención. Tres de las credenciales para sacar dinero eran de familiares suyos. En esos casos la Justicia supuso que no había estafa.
27,5 millones de pesos por mes
Los contratos que cobró (por lo menos en agosto y empezaba a retiar en septiembre) eran por 580 mil pesos cada uno. O sea: Chocolate recaudaba casi 27,5 millones de pesos por mes.
La gran incógnita que no se pudo determinar es si Rigau era un eslabón perdido o formaba parte de una estructura de corrupción. Cuando el juez de Garantías Guillermo Atencio aceptó la detención evaluó que si avanzaba la investigación podría llegar a detectarse “un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”.
Pero la determinación de la Cámara de Apelaciones obtura esa chance, al menos por ahora. “Es difícil de explicar, pero es una cuestión técnica. No se puede permitir una requisa sin orden judicial. Es muy grave”, justificó a Clarín un magistrado que intervino en la causa. Y anticipó que esta postura podría revisarse en el Tribunal de Casación.
Aunque algunas decisiones de ese cuerpo también han resultado controvertidas. Una sala de Casación fue la que autorizó la salida anticipada de presos durante la cuarentena por Covid, por motivos sanitarios. Y el presidente de otra sala –la número V– terminó destituido y en prisión. Se trata de Martín Ordoqui, preso desde septiembre del año pasado luego de ser condenado por liberar presos a cambio de dinero y de integrar una asociación ilícita.
“Esto de las tarjetas de ‘Chocolate’ impacta sobre el fuero penal como el escándalo de la detención del juez (Ricardo) Melazo”, comparó un magistrado de los Tribunales platenses. Melazo fue sometido a un juicio político y está condenado y con libertad asistida por formar parte de una supuesta banda de policía, ladrones, barras de clubes y funcionarios judiciales que se dedicaban a robar casas, estafar con autos y a facilitar la salida de presos.
Libreto repetido ante la fiscal
Esta semana, la fiscal Lacki citó a más de 20 dueños de las tarjetas que tenía Rigau. Como si tuvieran un libreto que debían repetir, explicaron que le habían cedido los plásticos para que les sacara dinero. Que trabajaban en la Cámara. Que cobraban una parte del monto total. Y alguno dijo que “no podía estacionar en el centro” y por eso le pedía a Chocolate que hiciera el trámite de extracción de dinero.
La fiscal quería auscultar más profundo. Saber quién había autorizado esas contrataciones y para quien o para quienes trabajaban en la Legislatura. La Cámara de Diputados la preside Federico Otermín, (FdT), un dirigente de estercho vínculo con Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de Axel Kicillof.
En el organismo legislativo trabajan poco más de 2.000 personas en planta permanente, pero cada legislador (son 92) puede designar entre 10 y 15 colaboradores a los que les paga con “módulos”. Esos contratos y otros que se acuerdan en los bloques los firman las autoridades del cuerpo. Además de Otermín, la conducción la integra Carlos “Cuto” Moreno (FdT); Rubén Eslaiman (Frente Renovador); Adrián Urrelli (PRO) y Fabián Perechodnick (PRO).
¿Quién o quiénes pidieron la contratación de los 48 agentes cuyos sueldos administraba Rigau? ¿Los llevaba a algún despacho o los usaba en la campaña? Las últimas apariciones públicas de “Chocolate” fueron en la presentación de las listas de concejales de UxP que encabeza el ministro de Justicia, Julio Alak. El funcionario de Kicillof en Provincia se postula para intendente.
Los interrogantes quedarán por ahora abiertos. El juez Benavides argumentó que no se presume delictiva la acción de “permanecer más de 20 minutos sacando plata de un cajero”. Y que ese comportamiento no habilita a la policía a llevar a una persona detenida, sacarle el celular y secuestrarle las tarjetas.
Sostuvo Benavides que no se informó de ese procedimiento a un juez o a un fiscal. Por lo tanto, se vulneraron derechos constitucionales y protegidos por tratados internacionales en perjuicio de Rigau. A este voto adhirió Villordo.
Para la Justicia, el sábado a la noche, en el cajero del Bapro ubicado en 7 y 54, a 50 metros del acceso a la Legislatura, a 100 de la Casa de Gobierno y a 20 pasos de la puerta principal de la sede del PJ provincial, no hubo situación ilegal. Allí, no pasó nada.
CLARÍN