Se trata de Maximiliano Alberto Ceballos, del Fuero Contencioso Bonaerense. Aseguró que con la retirada del Estado planteada por Milei
No tiene otra opción que aceptar el aumento o darse de baja, por el DNU de Milei
Los fuertes aumentos en la cuota de la medicina prepaga que se produjeron tras la liberalización económica impulada por Javier Milei no parecen discriminar profesión. Muestra de ello, en los últimos días un juez en lo Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires presentó una demanda contra la empresa Swiss Medical y pidió a la Justicia una medida cautelar que suspensa los efectos de dos artículos del DNU 70/2023 firmado por el presidente.
Se trata del juez Maximiliano Alberto Ceballos, a cargo de un juzgado de primera instancia, dependiente del Poder Judicial de Buenos Aires. Según manifestó, recibió un correo electrónico de la firma en el que le informaron que la próxima factura llegará con un ajuste del 40% sobre la cuota de diciembre.
Por medio de un escrito, inició una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la empresa de medicina prepaga y pidió que se cite como tercero interesado al Ministerio de Salud de la Nación para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU firmado por Milei, que modificaron y derogaron ejes centrales del Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga.
«El suscripto es afiliado a la empresa Swiss Medical S.A. (…) A su vez, de dicho contrato también participan como adherentes mis hijas menores de edad (…) Todos estamos adheridos al Plan SMG 30 Premium», contó el juez.
Y seguidamente, tras mencionar las derogaciones y modificaciones a la regulación de los servicios de medicina prepaga, expresó: «Ambas reformas, como se expondrá seguidamente, tienen serios vicios de inconstitucionalidad, no solo en cuanto a la forma (DNU), sino también en cuanto al fondo (violación de los derechos de los consumidores con jerarquía constitucional, principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos -y el consumo lo es-)».
Detalles de la presentación del juez
Las modificaciones impulsadas por el presidente en acuerdo de ministros, para el juez, no solo incumplen los procedimientos establecidos en la Constitución, sino que también «vulnera la protección de la salud y los intereses económicos del suscripto, con más el principio de no regresividad en materia de derechos humanos».
En la presentación que el juez hizo ante la Justicia, explicó que «la lesión inminente se produce por la aplicación indiscriminada de aumentos arancelarios del servicio de medicina prepaga, sin control estatal alguno, el cual resulta obligatorio por mandato de (…) la Constitución Nacional, en tanto establece que ‘las autoridades proveerán a la protección de esos derechos'».
A su vez, el juez señaló que «los intereses económicos de los usuarios de dicho servicio que, ahora, sin tutela estatal, se encuentran en un contrato más desigual en donde carezco de capacidad alguna de negociación sobre precios y tampoco tengo noción sobre la estructura de costos en el servicio para determinar si los precios son o no razonables».
El autor de la presentación a la que accedió PERFIL, esos mecanismos estaban en manos del Estado hasta antes del DNU. Ahora, el Estado «se retira y deja librado al juego de la oferta y la demanda, entre expertos (empresarios) y profanos (consumidores) que no tienen herramienta alguna para participar de una negociación y tomar decisiones con debida información».
Más adelante, el magistrado sintetizó los efectos de las modificaciones: «O se aceptan las condiciones o no contratan. Como se puede apreciar, los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 fortalecen en extremo la posición de las empresas de medicina prepaga, barriendo con los intereses económicos del suscripto, que no tiene más alternativa que aceptar las condiciones o rescindir el contrato.
El juez habilitó la feria y espera el dictamen fiscal
La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Lomas de Zamora N°3, a cargo de Juan Pablo Augé, con intervención del fiscal federal Sergio Mola.
Según pudo constatar este medio, en una primera actuación el juez le giró la presentación al fiscal para que dictamine si el juzgado es competente, si es procedente la acción y sobre la posible acumulación del presente proceso a la acción de amparo colectiva que tramita en el Fuero Contencioso de la ciudad de Buenos Aires.
Con el inicio de la feria judicial, el autor de la presentación pidió que se habilite la instancia para tratar el caso. El juez decidió hacer lugar «atento a las razones de urgencia invocadas y encontrándose las mismas dentro del las causales previstas en el Reglamento para la Justicia Nacional».