La ministro de Capital Humano debe explicar a la justicia penal sobre el destino de recursos a comedores comunitarios
La ministro de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha sido intimada por la justicia para que explique las acciones concretas adoptadas por su cartera durante los meses de diciembre de 2023 a marzo de este año en relación con la distribución de alimentos en comedores y merenderos. Esta medida surge en el marco de una investigación iniciada por una denuncia penal contra el gobierno por la supuesta interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios.
La justicia le ha otorgado un plazo de 10 días a la ministra Pettovello para que brinde las explicaciones correspondientes y detalle los recursos destinados a garantizar el proceso de distribución de alimentos en estos espacios de asistencia alimentaria. La investigación busca esclarecer si hubo alguna irregularidad en la gestión de la cartera de Capital Humano en relación con este tema.
Paralelamente, en el fuero Contencioso Administrativo se encuentra en trámite un planteo presentado por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En este caso, se solicita que se dicte una medida de «prohibición de innovar» para evitar que el Ministerio de Capital Humano interrumpa o suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y merenderos. El objetivo de esta medida es garantizar que se cumpla con lo establecido en la Ley 25.724, la cual crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación y establece el deber del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía.
Además, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que agrupa a varias organizaciones, así como el referente social Juan Grabois y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han solicitado una medida cautelar para que el Ministerio de Capital Humano garantice el derecho a la alimentación. Estas organizaciones consideran que es fundamental asegurar el acceso a alimentos para los sectores más vulnerables de la sociedad y han presentado esta solicitud como una medida urgente para proteger a los comedores comunitarios y merenderos.
La situación planteada en relación con la distribución de alimentos en comedores y merenderos ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedaddebido a la importancia de garantizar el acceso a una alimentación adecuada para aquellos que más lo necesitan. La intervención de la justicia y las demandas presentadas por distintas organizaciones reflejan la necesidad de asegurar que se cumplan los compromisos establecidos por ley en materia de asistencia alimentaria.
Es importante destacar que el Gobierno Nacional ha implementado el Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, en el marco del cual se establecieron diversos programas y estrategias para abordar la problemática de la malnutrición y garantizar el acceso a alimentos para todos los ciudadanos. En este contexto, resulta relevante que se aclare si el Programa de Abordaje Comunitario, en colaboración con la Organización de Naciones Unidas (ONU), se mantiene vigente y está funcionando adecuadamente.
La resolución de estas demandas y la respuesta por parte del Ministerio de Capital Humano serán determinantes para definir el curso de acción a seguir en relación con la distribución de alimentos en comedores comunitarios y merenderos. La justicia, en su rol de garante de los derechos de los ciudadanos, deberá evaluar las pruebas presentadas y tomar una decisión basada en el marco legal vigente y en el derecho a la alimentación de la población.
Mientras tanto, es fundamental que se establezcan mecanismos de diálogo entre todas las partes involucradas, incluyendo al Gobierno Nacional, las organizaciones sociales y los actores del sistema judicial, con el objetivo de encontrar soluciones efectivas y sostenibles que permitan garantizar el acceso a la alimentación de aquellos que más lo necesitan.
La distribución de alimentos en comedores y merenderos es una cuestión de vital importancia para asegurar el bienestar de las comunidades más vulnerables. Es responsabilidad del Estado y de las autoridades competentes asegurar que se destinen los recursos necesarios y se implementen las políticas adecuadas para garantizar el derecho a la alimentación de todos los ciudadanos. La resolución de estas demandas y el seguimiento de las medidas cautelares solicitadas será fundamental para asegurar que se cumplan con estos objetivos y se protejan los derechos de aquellos que dependen de la asistencia alimentaria en estos espacios comunitarios.