El Gobierno de Milei y su política fiscal: Un análisis crítico
En los primeros cuatro meses del año 2024, las transferencias no automáticas del Estado nacional a los gobiernos provinciales y municipales sufrieron un drástico descenso del 89,5%, alcanzando un total de $108.997 millones.
Esta abrupta reducción contrasta con los $295.920 millones transferidos durante el mismo período del año anterior.
Veamos en detalle cómo esta política fiscal afecta a las distintas jurisdicciones.
- Buenos Aires: ¿Superávit o desfinanciamiento? Buenos Aires, la provincia más poblada del país, lidera la lista de asistencia recibida con $32.886 millones. Sin embargo, este monto representa una caída del 72% en comparación con los $116.208 millones del año previo. El Gobierno de Milei argumenta que esta medida busca lograr un superávit fiscal, pero la realidad es más compleja. La crisis económica sigue afectando las finanzas locales, y la recaudación de impuestos ha disminuido considerablemente.
- Chaco, Santa Fe, Córdoba y La Rioja: Recortes y desafíos Otras provincias también han experimentado reducciones significativas. Por ejemplo, Chaco pasó de recibir $19.250 millones en 2023 a apenas $4.717 millones en 2024. Santa Fe, Córdoba y La Rioja también vieron disminuciones en los recursos transferidos. Estos recortes afectan directamente la prestación de servicios públicos y la inversión en infraestructura.
- El plan de ordenamiento y sus consecuencias El Gobierno de Milei justifica estas medidas como parte de un plan de ordenamiento de las cuentas públicas nacionales. Sin embargo, la realidad es que las provincias enfrentan dificultades financieras. Aunque algunos aportes compartidos podrían compensar parte del impacto, la crisis económica persiste. Las administraciones locales deben lidiar con la falta de recursos para educación, salud, seguridad y obras públicas.
En conclusión, la política fiscal del Gobierno de Milei ha generado una fuerte caída en las transferencias a las provincias, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de las jurisdicciones locales. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre el ajuste fiscal y la necesidad de garantizar servicios básicos para la población.