El presidente Javier Milei ha implementado una medida radical que modifica sustancialmente el cobro de derechos de autor en Argentina. Mediante el decreto 765/2024, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno ha redefinido los conceptos de «representación» y «ejecución pública» de obras artísticas, eximiendo de pago a aquellas reproducciones que se realicen en ámbitos privados.
Esta nueva normativa establece que la «representación o ejecución pública» solo se considerará como tal cuando ocurra en un «espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas». Consecuentemente, cualquier reproducción en un ámbito privado, ya sea de ocupación permanente o temporal, queda excluida de esta definición y, por ende, del pago de derechos.
El impacto de esta medida se extiende a diversos sectores, particularmente al turismo y la hotelería. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, esta modificación permitirá reducir costos significativamente, ya que anteriormente el pago por derechos de autor podía alcanzar hasta el 10% del costo del servicio hotelero.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, resaltó que la medida aclara una controversia existente sobre si la reproducción en habitaciones de hotel constituía una difusión pública o privada. Ahora, al considerarse un ámbito de reproducción privada, se elimina el cobro por la mera existencia de televisores en las habitaciones, lo que se espera que abarate los servicios turísticos.
El decreto también contempla el impacto de los medios tecnológicos en el régimen de propiedad intelectual. Define como ejecución pública aquella que se realiza por medios mecánicos, electrónicos o digitales, incluyendo Internet, lo que implica que la reproducción de piezas digitales a través de estos medios seguirá siendo susceptible de cobro.
La medida ha generado reacciones diversas. Mientras el gobierno la presenta como un avance importante para reducir costos y eliminar lo que consideran un «curro», entidades como SADAIC, que representan a los artistas musicales, se ven directamente afectadas. Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Presidencia, criticó abiertamente la práctica anterior de cobrar por reproducir música en fiestas privadas, calificándola como un «impuesto» innecesario.
Esta desregulación representa un cambio significativo en la gestión de los derechos de autor en Argentina, alineándose con la política de liberalización económica del gobierno de Milei. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre cómo afectará a los creadores y a las industrias culturales a largo plazo.
El decreto, firmado por Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, marca un hito en la política cultural y económica del país, generando un debate sobre el equilibrio entre la protección de los derechos de los autores y la reducción de costos para los consumidores y empresas.