Este miércoles por la tarde, miles de personas se congregaron en una masiva marcha en defensa de la educación pública. Sin embargo, el presidente Javier Milei decidió vetar la ley de Financiamiento Universitario, una medida que ha generado gran controversia y debate en todo el país. El Decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial este jueves, formaliza esta decisión.
El decreto establece el veto al Proyecto de Ley Nº 27.757, sancionado por el Congreso de la Nación el 12 de septiembre de 2024. En su artículo 1, se indica: “Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.757”, mientras que el artículo 2 remarca: “Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”.
En los considerandos del decreto, se detallan las razones del veto, destacando las modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las Universidades Nacionales, especialmente en lo referente a los gastos de funcionamiento y salarios para el personal docente y no docente del Sistema Universitario Nacional.
El gobierno nacional justificó el veto argumentando que la ley es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. Además, se citó el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento.
Asimismo, se recordó que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada”.
La decisión de Milei ha sido recibida con críticas y apoyo en igual medida. Mientras algunos sectores aplauden la medida por considerar que protege el equilibrio fiscal, otros la ven como un ataque directo a la educación pública y a los derechos de los estudiantes y trabajadores universitarios.