En un contexto de creciente tensión, las Universidades Nacionales del Comahue (UNCo) y de Río Negro (UNRN) han tomado una postura activa en contra del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, impuesto por el gobierno de Javier Milei.
Este veto ha sido motivo de preocupación y movilización en la comunidad universitaria, que ve en esta medida una amenaza a la estabilidad y el desarrollo de la educación pública.
Actividades de Protesta
En respuesta al veto, ambas universidades han organizado una serie de actividades para visibilizar su rechazo y defender la importancia del financiamiento adecuado para las instituciones educativas. En la UNCo, estudiantes y docentes se han concentrado en la esquina de Leloir y Avenida Argentina en Neuquén, realizando clases públicas y volanteadas. En General Roca, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, seguida de una transmisión en vivo de la sesión del Congreso1.
Por su parte, en la UNRN, las actividades incluyeron un “banderazo” y un abrazo simbólico a la universidad en Bariloche, así como una asamblea interclaustro en Viedma2. Estas acciones buscan no solo manifestar el descontento con la medida gubernamental, sino también resaltar el rol crucial de las universidades públicas en el desarrollo regional y nacional.
La Voz de las Autoridades
Las autoridades de ambas universidades han sido claras en su postura. En una carta abierta, la rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, y su par de la UNRN, Anselmo Torres, expresaron que las universidades públicas no representan un costo, sino una inversión esencial para el desarrollo económico y social del país. Subrayaron que el veto pone en riesgo no solo los salarios de los trabajadores universitarios, sino también la calidad y continuidad de la educación superior.
Un Futuro en Juego
El debate sobre el financiamiento universitario continúa, y la comunidad educativa sigue firme en su lucha por una educación pública de calidad.
Las actividades de protesta y las declaraciones de las autoridades reflejan un compromiso profundo con la defensa de los derechos de los estudiantes y trabajadores universitarios, y con la visión de una universidad pública, accesible y bien financiada.