En medio de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, el Gobierno nacional ha oficializado la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Este organismo será reemplazado por la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en un esfuerzo por optimizar la recaudación y el control aduanero en Argentina.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 953/2024, que establece: “Disuélvese la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad autárquica actuante en la órbita del Ministerio de Economía, con los efectos y alcances establecidos en el presente decreto”.
Esta decisión busca garantizar una mayor eficiencia en la gestión de los ingresos públicos y abordar las limitaciones que ha enfrentado la AFIP en los últimos años.
El Ejecutivo también creó formalmente la ARCA, que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo.
Según la normativa, esta nueva entidad “es la continuadora jurídica y mantendrá las responsabilidades, competencias y funciones asignadas por el marco legal vigente a la AFIP hasta la fecha de publicación de las normas y la Estructura Orgánica y Funcional”.
La ARCA se presenta como un organismo con una estructura más simple, eficiente y menos costosa.
La reforma implica una drástica reducción del personal, especialmente en los cargos jerárquicos y sus salarios.
Se espera que esta medida genere un ahorro presupuestario de $6.400 millones anuales.
Además, la ARCA contará con un director ejecutivo y dos directores generales encargados de la gestión impositiva y aduanera.
Florencia Misrahi ha sido designada como la directora de la ARCA, liderando este proceso junto a Andrés Edgardo Vázquez, quien asumirá la Dirección General Impositiva (DGI), y José Andrés Velis, responsable de la Aduana.
Esta nueva estructura busca mejorar la calidad y celeridad de los servicios prestados a la ciudadanía, optimizando la operatividad y garantizando una mayor especialización y eficiencia en la ejecución de sus funciones.
Con esta reestructuración, el Gobierno espera mejorar la calidad de atención al contribuyente, aumentar la eficiencia en la recaudación de impuestos y en el control aduanero, y fortalecer la capacidad de respuesta ante las demandas sociales y regulatorias.
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