El juez Mariano Borinsky se ha convertido en un personaje clave en la revisión de la condena de seis años de cárcel impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la «Causa Vialidad».
En una decisión tomada junto a su colega Diego Barroetaveña, han ratificado los argumentos y la pena, acercando a CFK a la imposibilidad de ocupar un cargo público de por vida.
El tercer juez, Gustavo Hornos, planteó la posibilidad de sumar la figura de asociación ilícita, lo que hubiera duplicado la condena. Si bien quedó en minoría, dejó en claro su intención de endurecer aún más el fallo.
El tribunal confirmó por unanimidad las condenas de Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros, pero también las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala, Héctor Garro y Carlos Kirchner. Sorprendentemente, el fallo no hace mención alguna sobre la responsabilidad de los jefes de Gabinete, quienes según la Constitución son los encargados de administrar el presupuesto.
El voto de Borinsky prácticamente desconoce esta responsabilidad, argumentando que las pruebas demuestran la «concreta intervención» de Cristina Fernández de Kirchner en la «maniobra defraudatoria». Sin embargo, esto se contradice con lo establecido en la Carta Magna sobre la administración del Estado.
Además, el fallo se basa en denuncias periodísticas y mensajes de WhatsApp que no involucran directamente a la expresidenta, pero que son utilizados para justificar su condena. La inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos también fue confirmada, aunque aún no está firme.
En pocos términos, este fallo de la Cámara Federal de Casación busca sacar a Cristina Fernández de Kirchner de la disputa política, aseguran todos en el universo político del peronismo y el kirchnerismo como parte de la expresión, limitando sus posibilidades de participar en futuros procesos electorales. Un paso más en lo que muchos han denominado como «lawfare» en su contra.