La reciente ratificación de la prisión preventiva a ocho expolicías en Posadas, Misiones, levanta serias sospechas de persecución política. Los efectivos fueron detenidos y acusados de «sedición» y «coacción agravada» por presuntamente planificar la toma de la Jefatura de Policía.
Sin embargo, los elementos presentados por la Fiscalía parecen endebles y cuestionables. Los mensajes de WhatsApp supuestamente incriminatorios no prueban de manera fehaciente la existencia de un plan concreto de levantamiento. Tampoco hay evidencias contundentes de que los acusados hayan realizado acciones coordinadas para concretar dicho plan.
Resulta sospechoso que estas detenciones se hayan producido pocos meses después de una importante protesta policial en Posadas, en la que los agentes reclamaban mejoras salariales y condiciones de trabajo. ¿Podría tratarse de una represalia encubierta contra los manifestantes?
La acusación de «sedición» también despierta dudas, ya que este delito implica el uso de la fuerza o la violencia para atentar contra el orden constitucional. Hasta el momento, no se han presentado pruebas que demuestren que los expolicías hayan recurrido a métodos violentos.
En este contexto, cabe preguntarse si detrás de estas detenciones no subyace más bien un intento de amedrentar y silenciar a los efectivos policiales que se atreven a reclamar por sus derechos laborales. Si eso fuera así, estaríamos ante un claro caso de abuso de poder y persecución política.
Las autoridades deberían garantizar que el proceso judicial se desarrolle de manera imparcial y transparente, sin dejarse llevar por intereses espurios. De lo contrario, esta causa podría convertirse en un peligroso precedente que socave las libertades y derechos de los trabajadores del Estado.