Los productores rurales argentinos se encuentran en una situación sumamente complicada. Por un lado, la falta de lluvias está afectando severamente los cultivos, especialmente de soja y maíz, justo cuando se acercan los meses clave para definir los rendimientos de la campaña. Por otro lado, los reclamos por la eliminación de las retenciones siguen sin ser escuchados por el Gobierno, pese a que este impuesto está minando la competitividad y la rentabilidad del sector.
Las entidades agropecuarias advierten que las retenciones significan una transferencia inaceptable de recursos desde el interior hacia el Estado, perjudicando gravemente a las economías regionales. Organismos como la Confederación de Asociaciones Rurales de Argentina (CRA) han emitido duros comunicados criticando esta política fiscal que, sumada a la crisis climática, los está dejando prácticamente sin margen de maniobra.
Expertos del sector señalan que los próximos 90 días serán clave para definir el futuro del agro. Si no hay una quita sustancial de retenciones, es probable que el propio campo reclame enérgicamente por una devaluación que les permita mejorar la ecuación. Mientras tanto, la heterogeneidad de los rendimientos a causa de la sequía complica aún más el panorama, generando gran incertidumbre sobre la producción futura.
En un contexto de precios internacionales bajos, alta presión impositiva y tensión en la cadena de pagos, los productores se ven acorralados. Requieren con urgencia que el Gobierno tome medidas concretas, ya sea reduciendo las retenciones o aliviando «el costo argentino» que los está asfixiando. De lo contrario, el futuro del sector agropecuario, pilar fundamental de la economía nacional, peligra seriamente.