La interna entre el gobierno de Javier Milei y los exfuncionarios de Mauricio Macri ha alcanzado niveles explosivos en torno al control de la AFIP.
En un movimiento fallido, la Casa Rosada intentó acusar a la AFIP de Macri de haber «protegido» a empresarios kirchneristas, pero la maniobra terminó revelando que, en realidad, se trató de una feroz persecución política a través del organismo recaudador.
Según revelaron ex titulares de la AFIP durante la gestión de Alberto Fernández, como Carlos Castagneto, el macrismo utilizó el aparato de la AFIP como una «usina de espionaje» para acosar a opositores políticos. Ingresaban clandestinamente al sistema, borraban registros y armaban causas judiciales infundadas contra dirigentes y empresarios cercanos al kirchnerismo y el peronismo.
Ante la acusación de los libertarios, los exfuncionarios macristas terminaron por confesar que no hubo «pacto de impunidad», sino todo lo contrario: se enorgullecen de haber perseguido a los peronistas a través de la AFIP. Es decir, admitieron abiertamente el uso irregular y partidista del organismo recaudador.
Ahora, la interna se traslada al propio seno de la AFIP, rebautizada como ARCA bajo el gobierno de Milei. Allí se libra una batalla entre los libertarios puros, liderados por el número dos Andrés Vázquez, y el titular Juan Pazo, más cercano a los remanentes del aparato macrista. Las acusaciones cruzadas por posibles bienes no declarados evidencian que la guerra por el control del organismo continúa.
En definitiva, este escándalo ha puesto al descubierto, una vez más, cómo los distintos gobiernos han utilizado los recursos del Estado de manera irregular y con fines políticos, persiguiendo a opositores y favoreciendo a sus allegados. Lejos de esclarecer el asunto judicialmente, el oficialismo optó por un «sumario interno», exhibiendo que se trata de una puja de poder que trasciende el mero interés público.