Hay creciente preocupación dentro del gobierno argentino por recientes fallos judiciales adversos en el fuero laboral. Estos fallos han frenado iniciativas de despidos tanto en el sector público como en el privado, generando inquietud en las autoridades.
Los principales puntos a destacar son:
Dos medidas cautelares emitidas por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en apenas cinco días pusieron un freno a planes de despidos del gobierno en organismos públicos como el ARCA (ex AFIP) y en empresas privadas.
Estos fallos, con un «fuerte sesgo ideológico» según voces del sector, ponen en evidencia que la resistencia sindical se mantiene firme en los tribunales, dejando de estar solo en las calles y fábricas.
La preocupación gubernamental no radica tanto en el impacto puntual de estas medidas, sino en las «señales de incertidumbre» que genera para empleadores e inversores futuros. Hay un antecedente similar cuando la Corte Suprema intervino el año pasado para limitar los intereses en indemnizaciones laborales, acuerdo que nunca se alcanzó.
Se percibe una disputa de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, con jueces laborales «influenciados por un fuerte lobby sindical y empresarial» que actúan en contra de las reformas planteadas por el gobierno. Esto genera inquietud por la «institucionalidad» cuando las normas aprobadas por el Congreso son luego cuestionadas por los tribunales.
En este contexto, el gobierno mantiene una «suerte de tregua» con la CGT, blindando el cobro de cuotas sindicales y el flujo de recursos hacia las obras sociales. Pero los fallos adversos amenazan esta frágil estabilidad, complicando los planes de flexibilización laboral impulsados por la administración de Javier Milei.
En resumen, el artículo retrata una creciente tensión entre el gobierno y el fuero laboral, con fallos judiciales que obstaculizan las iniciativas de reestructuración del mercado de trabajo, generando inquietud en las autoridades sobre los efectos para la inversión y la institucionalidad.