El gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires se ha visto obligado a postergar una multimillonaria licitación de más de 4.000 millones de pesos para la compra de mobiliario escolar, luego de que una empresa denunciara presuntas irregularidades en el proceso.
La investigación periodística realizada por el medio REALPOLITIK reveló que las especificaciones técnicas de los pliegos licitatorios habrían sido manipuladas para favorecer a un proveedor determinado, en lo que se sospecha es un esquema sistemático de corrupción administrativa.
La empresa denunciante envió una carta documento al gobernador Kicillof, al fiscal de estado y a otros funcionarios, exigiendo su intervención en el expediente. Ante esta acusación, el gobierno provincial se vio obligado a retrasar la apertura de ofertas, programada inicialmente para las próximas horas, hasta el 20 de febrero.
Este escándalo pone en jaque la transparencia de las licitaciones en la provincia de Buenos Aires y refuerza la necesidad de una reforma en la normativa vigente para garantizar procesos más justos y equitativos. La exigencia de una mayor fiscalización y la eliminación de barreras que limitan la libre competencia en las contrataciones públicas se vuelven ahora demandas impostergables.
El caso evidencia las denuncias de corrupción que rodean a la gestión de Kicillof y resalta la importancia de contar con mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos, especialmente en áreas sensibles como la educación.