La automotriz japonesa frenó su actividad en la planta de Santa Isabel, disparando una alerta en el ejecutivo provincial ante los rumores de un posible cierre
La provincia de Córdoba, reconocida históricamente como el polo automotriz más importante del país, acaba de recibir una noticia que ha generado preocupación en los círculos políticos y empresariales. La empresa japonesa Nissan, que opera una planta en la localidad de Santa Isabel desde 2010, ha comunicado la suspensión temporal de sus actividades de producción.
Según la información publicada por Letra P, la suspensión de la producción se extenderá hasta el próximo viernes, en medio de rumores sobre un eventual cierre de la planta en Córdoba. Esta medida afecta a unos 600 empleados directos de Nissan, así como a otros puestos de trabajo indirectos en unas 30 empresas locales que forman parte de la cadena de proveedores.
El gobierno de Martín Llaryora, gobernador de la provincia, ha tomado cartas en el asunto y espera que «las autoridades nacionales tengan algo que decir» sobre esta situación. Desde el Panal (la central sindical cordobesa) se alertó sobre el impacto que tendría el cierre de la planta, no sólo en términos de pérdida de puestos de trabajo, sino también en el mensaje que enviaría de que «conviene más importar que producir» en el país.
La suspensión de actividades en Nissan se produce en un contexto de medidas económicas aplicadas por el gobierno nacional de Javier Milei, que según varios sectores, estarían afectando la competitividad de la industria nacional. La reducción de impuestos a la compra de vehículos importados, anunciada recientemente por el ministro Toto Caputo, es vista con preocupación por los defensores de la producción local.
Córdoba, que ha apostado fuertemente por el desarrollo de economías e industrias regionales, se enfrenta ahora a un duro golpe en su corazón industrial. El gobierno de Llaryora deberá trabajar arduamente para intentar revertir esta situación y evitar que la planta de Nissan termine cerrando sus puertas, con el enorme costo social y económico que ello implicaría para la provincia.