El gobierno de Axel Kicillof se encuentra en el centro de una polémica tras la revelación de una deuda de más de 9.000 millones de pesos en multas de tránsito.
En lugar de abordar este problema, la administración optó por restringir el acceso público a la información relacionada con estas infracciones, lo que ha generado críticas sobre la falta de transparencia.
Hasta hace poco, cualquier ciudadano podía consultar el sistema de multas de tránsito de la provincia de Buenos Aires y verificar las deudas acumuladas por los vehículos oficiales.
Sin embargo, tras la publicación de esta investigación, el gobierno decidió limitar el acceso, permitiendo que solo las personas directamente afectadas puedan consultar su propio historial a través de un sistema de claves.
Esta decisión ha sido interpretada como un intento de ocultar la magnitud del problema en lugar de corregir las irregularidades.
La investigación mostró que varios ministerios, incluyendo Salud y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, tienen miles de infracciones registradas, lo que pone de manifiesto una preocupante falta de control sobre el uso de vehículos oficiales.
La censura de esta información no solo afecta la transparencia del gobierno, sino que también sienta un peligroso precedente.
Mientras los ciudadanos son perseguidos por sus propias multas, parece que los vehículos del estado pueden eludir las consecuencias de sus infracciones.
Este doble estándar es evidente: las reglas de tránsito se aplican a todos menos a quienes ocupan cargos en el gobierno.
- La gestión de Kicillof ha decidido cerrar filas en lugar de rendir cuentas, lo que deja a los bonaerenses cuestionando la integridad de su administración.
En resumen, la situación actual plantea serias dudas sobre cómo se manejan las infracciones y el acceso a la información pública.
La comunidad merece transparencia y responsabilidad, y es fundamental que se tomen medidas que aseguren una gestión pública más abierta y responsable.